Residuos de catástrofe: el costo de no planificar lo previsible

Cada vez que un temporal, un aluvión o un terremoto golpea a Chile, ocurre lo mismo: además de la emergencia humana e institucional que acapara la atención, aparece otra crisis, silenciosa y previsible, que nadie planificó.

Escombros de demolición, restos de construcción, arrastre fluvial, residuos voluminosos que se acumulan de golpe en cantidades que ninguna comuna está preparada para procesar. No es un fenómeno nuevo ni excepcional. Es lo que sucede cuando un país no ha conseguido reconocer la necesidad de hacerse cargo de la gestión de residuos extraordinarios. 

Pero el problema de fondo es todavía más profundo que la ausencia de un protocolo para catástrofes. En Chile ni siquiera existe una planificación robusta para el residuo municipal ordinario: la mayoría de los planes comunales de gestión de residuos son documentos referenciales, desactualizados o simplemente inexistentes, sin capacidad real de proyectar generación, sin financiamiento asociado ni fiscalización efectiva. Si el flujo cotidiano y predecible de residuos domiciliarios o comerciales carece de una planificación seria, no debería sorprender que los residuos extraordinarios ni siquiera figuren en el radar.

No es que la política pública haya priorizado lo ordinario por sobre lo extraordinario: es que no ha planificado ninguno de los dos con la seriedad que ambos requieren.

El problema no es menor si se observa la magnitud que este tipo de residuos alcanza en otros países. En Estados Unidos, el huracán Katrina en 2005 generó más de 30 millones de toneladas. En el caso del terremoto y tsunami de Tōhoku en 2011, Japón debió gestionar entre 20 y 25 millones de toneladas de escombros solo en la costa noreste del país, un volumen que tomó más de dos años en procesarse. El 2017, tras los huracanes Irma y María en Puerto Rico, se estimó en 2,5 millones de toneladas de residuos generados: el equivalente a entre dos y tres años de recepción normal en rellenos sanitarios, concentrados en apenas semanas.

La dimensión económica es igual de elocuente. Investigaciones en los últimos años han documentado que, tras las inundaciones de 2007 en la región del Var, en Francia, el costo de gestionar los residuos generados alcanzó a más de una cuarta parte del costo total de reconstrucción del territorio afectado. En Haití, tras el terremoto de 2010, Naciones Unidas estimó volúmenes de escombros de varias decenas de millones de metros cúbicos; menos del 5% había sido retirado un año después, precisamente por la ausencia de una logística de disposición planificada con anticipación.

Chile ya vivió su propia versión de este problema. Una evaluación ambiental elaborada por WWF Chile y el Ministerio del Medio Ambiente tras el terremoto y tsunami de 2010 constató que el manejo de escombros fue deficiente: gran parte terminó en humedales, playas y otros ecosistemas frágiles, movilizada después por el viento, las marejadas y las crecidas hacia zonas donde volvió a dañar la pesca y el turismo.

En el desglose oficial de daños de ese desastre, el propio Ministerio de Hacienda contabilizó más de mil cien millones de dólares bajo el ítem “otros gastos”, que agrupaba —sin desagregar— alimentación y escombros: ni el Estado supo, en su momento, cuánto costó específicamente retirar la basura que dejó la catástrofe

Estas cifras no son anécdotas lejanas: son la evidencia de que la gestión de residuos post-catástrofe puede llegar a representar una fracción sustancial del costo total de cualquier reconstrucción, y de que ese costo se dispara cuando no existe planificación previa. Es exactamente el punto ciego que Chile arrastra hoy.

Países con alta exposición a desastres, como los comentados antes, ya resolvieron parte de este problema, no por sofisticación técnica sino por necesidad. Japón exige a cada municipio contar con un plan de gestión de residuos de desastre, con sitios de acopio temporal y rutas de segregación definidas de antemano. Estados Unidos condiciona el acceso a fondos federales de reconstrucción a la existencia de un plan local previo: sin plan de residuos extraordinarios, no hay financiamiento. Ninguno de estos mecanismos existe en Chile de forma sistemática ni obligatoria.

La respuesta chilena actual se apoya en mecanismos de compra pública de emergencia —rápidos, flexibles, pero sin bases técnicas ni visión de mediano plazo—, diseñados para adquirir bienes simples como agua embotellada o combustible, no para gestionar millones de toneladas de escombros contaminados con sedimentos, barro o aguas servidas.

La pregunta no es si Chile volverá a enfrentar un evento extremo de esta naturaleza, porque volverá a ocurrir. La pregunta es si seguiremos dejando que la gestión de residuos, ordinaria y extraordinaria por igual, dependa de la improvisación de cada municipio en el momento en que ya es demasiado tarde para planificar.

No se trata solo de agregar un capítulo sobre escombros y voluminosos a una planificación que cuando existe, funciona poco y mal: se trata de construir, de una vez, una planificación de residuos con la solidez que el país necesita.

Esto no es un gesto ambiental adicional: es infraestructura crítica de respuesta a desastres, tan indispensable como la reposición de un puente o la reconexión del agua potable.

La evidencia internacional es clara sobre su costo cuando se posterga. Seguir sin planificarla no es prudencia: es simplemente heredarle la próxima catástrofe, más cara, al país que venga después.