Audiencia ante la CIDH: cuatro meses en que Chile retrocedió décadas en materia de Derechos Humanos

Este 5 de agosto, en Washington DC, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos escuchará algo que en Chile se ha intentado presentar como un tecnicismo administrativo: la decisión del actual gobierno de congelar la expropiación de parte de la ex Colonia Dignidad. No es un detalle presupuestario, no hay nada de neutro en esa decisión: es un acto político regresivo, deliberado, la pieza más visible de un patrón mucho más amplio, y ese patrón es lo que las organizaciones de derechos humanos denunciaremos ante el organismo interamericano.

Lo hemos dicho sin eufemismos: en la ex Colonia Dignidad se secuestró, se torturó, se asesinó, se hizo desaparecer y se experimentó con seres humanos, en un enclave operado por colonos alemanes en coordinación con la DINA. Más de 100 personas detenidas desaparecidas podrían haber pasado por ese lugar. Hoy, bajo el nombre de “Villa Baviera”, ese territorio sigue en manos de sociedades que dirigen los herederos de los jerarcas que cometieron crímenes de lesa humanidad, quienes lo explotan comercial y turísticamente mientras impiden el acceso pleno de la justicia, del Plan Nacional de Búsqueda y de las propias víctimas. La reversión de la expropiación anunciada pocas semanas después del cambio de gobierno no detiene un trámite: perpetúa el control privado sobre un sitio donde cada metro cuadrado es, todavía, escena de un crimen sin esclarecer.

Pero reducir la discusión a Colonia Dignidad sería un error, y también sería exactamente lo que conviene a quienes buscan minimizar el retroceso. Lo que ocurre allí se repite, con distintos matices, en otros sitios de memoria del país. Londres 38 y otros espacios recuperados gracias a la lucha de sobrevivientes y familiares enfrentan hoy la eliminación de recursos que ya habían sido comprometidos, retrasos en transferencias de fondos, cambios en las bases de fondos concursables, así como la desaparición o devaluación de orgánicas de la institucionalidad pública que han jugado un importante papel en los procesos de recuperación y gestión de sitios de memoria. A eso se suma una desprotección que no es abstracta: la vandalización de sitios de memoria se ha vuelto frecuente en los últimos meses, sin que el Estado ofrezca resguardo.

Los sitios de memoria no son placas ni gestos simbólicos. Son la recuperación material de los lugares donde se cometieron los crímenes, la denuncia activa de esos hechos, la educación en derechos humanos y el homenaje a quienes ya no están. Son, en sí mismos, una garantía de no repetición. Debilitarlos —por la vía presupuestaria, por el abandono administrativo o por el simple silencio— no es un ajuste de gestión: es desmantelar a propósito, pieza por pieza, una de las herramientas con las que la sociedad chilena cuenta para que el horror no vuelva a ser posible.

Y ese desmantelamiento no se detiene en los sitios de memoria. En paralelo, se ha debilitado a los equipos especializados en derechos humanos del Estado y se ha descabezado el Plan Nacional de Búsqueda. Se han recortado más de 1.800 millones de pesos en decretos de ajuste presupuestario que afectan también a programas de reparación y salud y se han modificado criterios de representación judicial en causas por violaciones a los derechos humanos, instalando una práctica que hay que llamar por su nombre: los “indultos pasivos”, esa fórmula cínica con la cual el Estado deja de oponerse a beneficios penitenciarios para condenados por crímenes de lesa humanidad, sin necesidad de conceder nada directamente. Es un patrón coherente de debilitamiento institucional, no una serie de decisiones aisladas, ni mucho menos cambios para “mejorar la eficiencia”, como se insiste en señalar.

Por eso la audiencia del 5 de agosto en Washington importa tanto. No se trata de una gestión más ante un organismo internacional, sino de la primera instancia pública internacional en que se examinará cómo las decisiones administrativas y políticas de este gobierno afectan, en los hechos, los derechos humanos en Chile. Es la primera vez que un organismo internacional evaluará, con antecedentes concretos, lo que este gobierno está haciendo—y ha dejado de hacer— en apenas unos meses de mandato. Chile suscribió tratados internacionales en materia de Derechos Humanos y con ello asumió obligaciones concretas: investigar, sancionar de verdad, reparar, garantizar la no repetición. Cuando el Estado recorta, posterga, cambia de criterio o simplemente deja de actuar, no está tomando decisiones internas sin costo: está incumpliendo compromisos que asumió ante la comunidad internacional.

Denunciar esto ante la CIDH no es un gesto retórico. Es poner en conocimiento del organismo interamericano encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente un patrón que, de no visibilizarse ahora, seguirá avanzando bajo la cobertura de la normalidad administrativa.

Las organizaciones que asistiremos a la audiencia en Washington no estamos pidiendo un pronunciamiento simbólico: esperamos recomendaciones concretas al Estado de Chile y la suspensión inmediata de las medidas que hoy están destruyendo lo que costó décadas construir y perjudican la protección de los derechos fundamentales.