Flexibilidad sin contrapesos: lo que la agenda laboral de Kast copia (y omite) de Europa

En sus primeros meses de gestión, el gobierno de José A. Kast ya tiene definida su agenda laboral. Esta agenda, que parece ser una de las más ambiciosas impulsadas por un gobierno de derecha desde el retorno a la democracia, quedó materializada en el informe final de la Mesa de Reactivación Laboral. Este informe propone varias medidas que suponen cambios profundos, especialmente en lo relativo a flexibilización contractual y horaria, y que se justifican en la experiencia de países como Alemania, Holanda y Suecia.

En un contexto en que el mercado del trabajo está resintiendo los efectos de una posible recesión, es imperativo analizar, desde una perspectiva comparada, los fundamentos técnicos y políticos de este tipo de propuestas.

Respecto a la flexibilización contractual, la propuesta central del informe es la eliminación de la indemnización por años de servicio y su reemplazo por un sistema de indemnización a “todo evento” financiada con cotización adicional del trabajador al seguro de cesantía. Esta propuesta presenta una serie de problemas que han sido analizados jurídicamente en columnas como esta.

Solo basta agregar que, contrario a lo que sostiene el informe, no existe evidencia que permita sostener fehacientemente que la eliminación de la indemnización por años de servicios genere más empleos. De hecho, una revisión de la literatura internacional citada en el mismo informe de la Mesa de Reactivación alerta que, debido a limitaciones metodológicas de los estudios existentes, es muy difícil establecer que la indemnización por años de servicio “cause” desempleo (ver capítulo 3 de este libro).   

En lo relativo a flexibilización horaria, el informe propone ampliar el periodo de referencia para calcular la jornada laboral semanal de 4 a 15 o incluso 52 semanas, manteniendo el techo de 52 horas semanales de trabajo. Esto tendría implicancias directas para la jornada de los trabajadores. Por ejemplo, en el comercio, esto supondría que, al extender el periodo de cálculo de la distribución de esas horas, habría personas que tendrían que trabajar hasta 52 horas semanales sin pago de horas extras en periodos intensivos de ventas (como diciembre), a cambio de trabajar menos horas en periodos donde las ventas decaen. 

En este caso, la justificación central es, otra vez, la generación de empleo, especialmente en grupos tradicionalmente afectados por el desempleo o subempleo, como mujeres y jóvenes. Nuevamente, sin embargo, no existe evidencia internacional clara ni convergente que permita sostener que medidas como extender el periodo de referencia para el cálculo de la jornada laboral promueva la generación de empleo. De hecho, en el propio informe de la Mesa de Reactivación no se citan estudios que respalden esta idea. Los estudios citados en él (ver pp. 26 – 27) discuten en qué medida la “reducción” de la jornada —no la manera en que se calcula su distribución—afecta el patrón de empleo.

La mayoría de los estudios citados muestran que la reducción de la jornada no tiene mayores efectos sobre la generación de empleo. En algunos de esos estudios se discute además cómo en algunos países la reducción de la jornada se ha acompañado de medidas de flexibilidad horaria. Sin embargo, ninguno de estos estudios muestra “con nitidez”, como sostiene el informe (p. 26), que la flexibilidad de la jornada genere “por sí misma” beneficios como el aumento de empleo.

Lo que sí muestran con nitidez investigaciones internacionales recientes es que la flexibilidad de la jornada afecta negativamente la calidad del trabajo y la seguridad económica de los trabajadores, particularmente cuando dicha flexibilización es, como lo propone el informe, impuesta “unilateralmente” por los empleadores. Esto ocurre porque, a medida que aumenta la flexibilizad impuesta “desde arriba” por las empresas, disminuye la capacidad de los trabajadores para controlar su jornada laboral y, en el caso de lo propuesto en el informe, la posibilidad de recibir pagos por horas extras. Esto tiene además otras consecuencias. Por ejemplo, al subordinar la extensión de la jornada a los vaivenes del mercado, estas medidas de flexibilidad afectan directamente la posibilidad de conciliar el trabajo con las responsabilidades familiares. 

Estos efectos perjudiciales se acrecientan mucho más cuando proliferan los contratos por horas, tal como los propuestos en un reciente proyecto de ley del gobierno. Este proyecto establece la posibilidad de generar contratos de máximo 30 horas semanales, en los que el trabajador podrá ser notificado de si tendrá que trabajar con solo 24 horas de antelación. Más aún, el proyecto establece que, a diferencia de la jornada parcial ya existente, el salario será variable según la cantidad de horas trabajadas. Como mes de suponer, la evidencia internacional sobre este tipo de contratos muestra que ellos no solo hacen más impredecible la jornada y el tiempo de trabajo, sino que también aumentan la inestabilidad salarial. 

Un análisis político de esta agenda laboral explica por qué, a pesar de este tipo de evidencia, el poder ejecutivo parece estar tan decidido a implementarla. La propuesta de flexibilizar el contrato y la jornada de trabajo recoge una demanda histórica de los gremios empresariales agrupados en la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), visible con claridad ya desde la reforma laboral de 2000-2001. El fundamento central de esta demanda no es técnico, sino que económico y político. Es económico porque busca facilitar la ganancia de las empresas traspasando los costos laborales al trabajador. Y es político porque su efecto práctico es profundizar la desigualdad de poder entre trabajo y capital, que es inherente a toda relación laboral.

Esto último queda de manifiesto al leer en detalle el informe de la Mesa de Reactivación Laboral. Al comparar los modelos de flexibilidad de Chile con los de países como Alemania, Holanda y Suecia (ver p. 26), el informe señala correctamente que, a diferencia de Chile, esos países cuentan con alta cobertura de negociación colectiva y alta afiliación sindical. Lo que omite el informe —y esto es lo políticamente decisivo— es que en esos países los acuerdos de flexibilidad se negocian en presencia de sindicatos poderosos y de sistemas de negociación colectiva por rama de actividad económica. Sin ese contrapeso, de convertirse en ley, la agenda del gobierno de Kast podría agravar aún más una asimetría de poder entre empleadores y trabajadores ya ampliamente documentada en Chile.

En efecto, ante la ausencia de organizaciones sindicales con real capacidad negociadora, muchos trabajadores se verían forzados a trabajar más horas en periodos de mayor demanda, sin recibir pago de horas extras. En el caso de los contratos por horas, quedarían además sujetos a una relación contractual en la que no hay certeza de algo tan básico como saber cuántas horas semanales trabajarán ni cuál será su salario a fin de mes.

En suma, examinar la agenda laboral de Kast desde una perspectiva comparada muestra que esta es problemática porque no logra resolver los problemas que ella misma se propone abordar. A ello se suma una inconsistencia que evidencia su orientación político-ideológica: si se quisiera ser fiel a los países usados como modelo en el propio informe de la Mesa (Alemania, Holanda, Suecia, etc.), correspondería impulsar también un proyecto que fortalezca a los sindicatos y la negociación colectiva. Pero eso no está en discusión. De hecho, fue el mismo gobierno el que retiró del Congreso la propuesta para establecer un sistema de negociación colectiva multinivel, similar al que existe en esos mismos países citados como referente.

Este ejemplo, simple pero claro, revela el verdadero eje del debate laboral que recién comienza. Se invoca la experiencia comparada para justificar la flexibilización, pero se descarta esa misma experiencia cuando se trata de fortalecer los contrapesos —sindicatos poderosos— que la hacen posible.

A mi juicio, esa selectividad es evidencia de una decisión política sobre a quién se pretende beneficiar con las políticas de flexibilización laboral.