Sobreideología y política exterior

Hace pocos días Estados Unidos confirmó un arancel de 12,5% sobre las exportaciones chilenas y conviene ser precisos, porque el gobierno ya procura ampararse en la imprecisión ajena.

La medida alcanza a unas 60 economías, se funda en la Sección 301 y no afirma que Chile exporte bienes producidos con trabajo forzoso. Nada de ello está en discusión. Lo que sí corresponde examinar es que la mayoría de los países afectados quedó comprendida en el tramo de 10% (Canadá, México, Argentina, el Reino Unido); gobiernos de todo signo, con actitudes hacia Washington que van desde la confrontación declarada hasta la afinidad más entusiasta, mientras Chile quedó situado en el tramo superior.

Nadie razonable habría exigido a este gobierno impedir una política comercial norteamericana de alcance global. Sí cabe exigirle cuentas de algo considerablemente más simple. Durante meses se nos explicó que la proximidad con la actual administración estadounidense constituía un activo nacional, que existía sintonía y confianza, que se trataba de un vínculo de naturaleza distinta.

Sometido a su primera prueba, ese vínculo no produjo resultado alguno. Ni siquiera nos situó donde quedaron quienes optaron por la confrontación.

La sobreideologización de nuestra relación con China tiene un precio, y ese precio se satisface en obras detenidas, en arbitrajes y en inversión que emigra hacia otros países de la región. La objeción previsible es que yo quiera defender a un socio comercial por afinidad. Nada más lejano a la realidad.

La política exterior comercial no se conduce por doctrina, sino conforme al interés nacional. Lo ocurrido estos días lo demuestra desde el extremo opuesto: la sobreideología carece de dirección preferente. Consiste en aplicar criterios de doctrina allí donde corresponde aplicar criterios de Estado, y resulta indiferente que el resultado sea hostilizar a quien nos compra o entregarnos a quien suponemos afín. La operación intelectual es idéntica y su costo recae siempre sobre los mismos.

Hay en la resolución norteamericana un detalle que vuelve todo esto casi didáctico. El cobre quedó exento. El salmón y la madera, no. Aquello que nuestro aliado requiere para su propia industria permaneció intacto. Fueron gravados, en cambio, los bienes que compiten con la suya o que le resultan prescindibles.

Se protege lo necesario y se grava lo demás. No hay allí gesto alguno dirigido contra Chile ni consideración respecto de quién nos gobierna: hay interés, ejercido con esa frialdad de Estado que reclamé hace unas semanas y que seguimos sin practicar. Y ese mismo cobre exceptuado es el que sostiene buena parte del vínculo que este gobierno resolvió tensionar por razones ideológicas. El mineral que un socio no grava es el que el otro adquiere. En una cláusula accesoria de la resolución quedan retratadas ambas equivocaciones.

Al publicar en Santiago sus Principios de derecho de gentes, Andrés Bello identificó el único instrumento con que una nación pequeña puede enfrentar a una grande: la norma. Quien carece de fuerza requiere reglas, y quien las abandona para acogerse al favor de un poderoso no obtiene un protector, sino un tutor. Sobre esa intuición Chile edificó una política comercial que le permitió vender simultáneamente en mercados que se detestan entre sí. No era neutralidad ingenua: era el realismo de quien conoce su propio peso.

El costo de estas decisiones no lo asume el Ejecutivo. Lo asumen el salmón y la madera, que en el mapa de Chile se llaman Maule, Ñuble, Biobío, Los Lagos y Aysén. Faenas, contratos de temporada, comunas enteras que dependen de una sola planta, las mismas regiones que esta coalición invocó en cada acto de campaña.

Chile requiere con urgencia un mecanismo institucional, técnico y permanente de evaluación de decisiones sensibles, dotado de reglas conocidas y aplicable a todos los capitales por igual. Comparto esa propuesta con la precisión que el arancel torna ineludible: por igual comprende también a Washington. Y corresponde al Congreso ejercer sus atribuciones. El Canciller debe concurrir este mes a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y responder, sin adjetivos, qué se negoció durante estos meses, qué se obtuvo a cambio y qué plan de mitigación existe para los sectores salmonero y forestal, con plazos y con recursos comprometidos.

No es una exigencia de oposición. Es lo mínimo que se debe a quienes fueron comprometidos en una decisión en la que no tuvieron parte.

El costo de la sobreideología terminaremos pagándolo todos, sin distinción. Acá se trata de sectores productivos, productos y regiones con nombre propio que sufrirán con desactivación y desempleo una mala política exterior del Gobierno de Chile.

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