Ciudad humedal: Desarrollo desde la sostenibilidad

La reciente columna de la alcaldesa de Valdivia en El Mostrador pone nuevamente sobre la mesa una discusión necesaria.

Nadie podría desconocer el enorme valor ambiental de los humedales ni el rol fundamental que cumplen frente al cambio climático, la regulación hídrica o la conservación de la biodiversidad. Esa evidencia existe y está respaldada por un amplio consenso científico.

Lo que merece mayor discusión es la forma en que ese valor ambiental ha ido transformándose, progresivamente, en un modelo de desarrollo territorial que muchas veces parece admitir una mirada única, sin ningún matiz o consideración particular.

Valdivia ha construido una identidad valorada y reconocible como Ciudad Humedal. Esa imagen ha fortalecido el turismo, la conservación y una parte importante de su posicionamiento nacional e internacional. Sin embargo, toda estrategia territorial genera incentivos y también costos. Cuando solo se observan los beneficios ambientales, se invisibilizan los efectos que esa misma estrategia puede producir sobre la inversión, el empleo y la diversificación productiva.

Las decisiones sobre uso del suelo, restricciones regulatorias o nuevas declaratorias ambientales no son neutras desde el punto de vista económico. Influyen directamente en la localización de inversiones, en el costo de desarrollar proyectos y en la percepción de riesgo que tienen quienes deciden dónde instalar una empresa, una industria o un proyecto inmobiliario.

La experiencia internacional muestra que los territorios más competitivos no son aquellos con menor regulación ambiental, sino aquellos que entregan reglas claras, estabilidad institucional y estándares previsibles.

Precisamente esa es la lógica que inspira los IFC Performance Standards, hoy utilizados por bancos multilaterales, fondos de inversión y organismos financieros para evaluar proyectos de infraestructura, energía, minería, industria e inmobiliario. Este estándar no propone impedir el desarrollo; exige identificar impactos, dialogar con las comunidades, gestionar riesgos y demostrar que el proyecto puede coexistir de manera armoniosa con el entorno ambiental y social.

La diferencia es profunda. Un estándar internacional busca hacer viable una inversión responsable. Un enfoque excesivamente restrictivo puede terminar desplazando la inversión hacia otros territorios sin generar un beneficio ambiental equivalente.

En su columna, la alcaldesa menciona el turismo de intereses especiales, la gastronomía y la industria cervecera como ejemplos del modelo económico que Valdivia desea consolidar. Son actividades valiosas y coherentes con la identidad de la ciudad. El problema aparece cuando ese listado comienza a convertirse, implícitamente, en el límite de las actividades consideradas aceptables.

¿Existe espacio para una construcción sustentable? ¿Para desarrollos inmobiliarios con infraestructura verde? ¿Para centros logísticos de bajo impacto? ¿Para industrias tecnológicas, centros de datos, innovación forestal o proyectos energéticos diseñados bajo estándares internacionales? Todas ellas pueden cumplir exigencias ambientales rigurosas y  también aportar empleo, innovación y recaudación fiscal.

Reducir la discusión a un conjunto limitado de sectores económicos supone asumir que la protección ambiental y la inversión pertenecen a mundos opuestos. La experiencia de países como Canadá, Australia o Finlandia demuestra exactamente lo contrario: altos estándares ambientales y fuerte atracción de inversiones pueden avanzar simultáneamente cuando existe certeza regulatoria, evaluación técnica y una institucionalidad que genera confianza.

También resulta necesario reconocer que las declaratorias ambientales cumplen una función pública legítima, pero en ocasiones terminan incorporándose al debate político como herramientas de presión o de oposición permanente frente a determinados proyectos, incluso antes de que exista una evaluación técnica completa. Cuando esa dinámica se instala, el resultado suele ser una creciente incertidumbre para la inversión y un deterioro de la competitividad territorial.

La sostenibilidad no consiste únicamente en conservar ecosistemas. También implica crear condiciones para que las personas encuentren oportunidades laborales que les ofrezca un futuro sin obligarlos a emigrar, que las empresas inviertan con responsabilidad y que las ciudades puedan financiar infraestructura, innovación y políticas públicas de calidad.

Proteger los humedales es indispensable, pero transformar esa protección en el único eje del desarrollo puede provocar efectos negativos que luego es muy difícil revertir: menos inversión, menor crecimiento y menos oportunidades para las nuevas generaciones.

La verdadera sostenibilidad exige equilibrio. No entre crecimiento y medio ambiente, sino entre conservación, desarrollo económico y bienestar social. Ese equilibrio es precisamente el que hoy representan los principales estándares internacionales y el que debiera orientar la discusión sobre el futuro de Valdivia.