La fantasía del regimiento uniformado

Un proyecto de ley que su propio sector no pone en tabla, que una encuesta rechaza por 66% y que otra apoya por 21%, no está diseñado para convertirse en ley. Nadie que quiera legislar diseña así. 

Lo que un proyecto de esas características sí produce, y lo hace muy bien, es una lista: quiénes se uniformaron con él y quiénes no. Esa es la función real de proyectos como el cruel “Escucha su corazón” del diputado Urruticoechea, y el que pretende castigar con cárcel la venta, distribución y facilitación de medicamentos que pudieran provocar aborto, del diputado Romero.

Hay que decirlo sin eufemismos porque explica un fenómeno bastante más grande que el aborto: hay en la derecha chilena un sector que se arrogó la facultad de fijar los márgenes de qué es ser de derecha. El criterio ya no es lo que uno logra, sino lo que uno está dispuesto a firmar.

La realidad es otra: la derecha no tiene registro de accionistas ni examen de admisión. No es una orden religiosa, ni un convento ni menos un regimiento. Nadie es dueño de la palabra ni tiene título para extender certificados de pertenencia. Cuando un sector se autoproclama certificador de la ortodoxia del sector, no lo está ampliando; lo está achicando, porque todo criterio de pureza funciona excluyendo. Y quien excluye necesita volver a excluir, porque la pureza, a diferencia de los votos, no se acumula.

Esa lógica de regimiento es vieja, y el historial no favorece a quien la impone. El caso más limpio es Uruguay. Cabildo Abierto, el partido del general (r) Guido Manini Ríos, irrumpió en 2019 con 11,5% de los votos, tres senadores y once diputados, y entró a la coalición de Lacalle Pou. El Partido Nacional nunca le disputó el terreno discursivo: conservó la conducción programática y lo dejó gobernar. En 2024, Cabildo Abierto obtuvo 2,5%, perdió la totalidad de su bancada de senadores y cuatro quintos de sus diputados.

Ahí está la lección: contra intuitivamente, la métrica de la pureza terminó devorando a quien la había instalado. Las derechas radicales viven de no gobernar. Cuando deben hacerlo, o se moderan o se destruyen. No hace falta ayudarlo. España repite el patrón: VOX cayó de 52 a 33 escaños en julio de 2023, después de entrar a los gobiernos autonómicos.

En Chile, la primera condición ya se está cumpliendo sola. Republicanos gobierna, con restricción fiscal, aritmética parlamentaria -con pirquineo de votos- y la obligación diaria de transar. No hay que hacer nada para que eso ocurra. Basta con no impedirlo.

De ahí se sigue la lección más importante para quienes somos parte de la centroderecha: copiar la agenda del flanco radical para acreditar credenciales no ha funcionado en ninguna parte. David Cameron pasó de ridiculizar a UKIP a concederle el referéndum que terminó destruyendo su gobierno. Los Republicanos franceses persiguieron la agenda de Le Pen hasta la irrelevancia y la escisión. El PRO se corrió hacia Milei hasta quedar absorbido. La regla empírica es tan sólida como incómoda: entre el original y la copia, el votante prefiere el original.

El error simétrico tampoco sirve. El cortafuegos de la CDU alemana —la exclusión declarativa, sin oferta propia— no impidió que la AfD se convirtiera en segunda fuerza. Excomulgar sin proponer le regala al radical el monopolio del enojo.

Lo único documentado que funcionó fue otra cosa. Isabel Díaz Ayuso redujo a VOX a la irrelevancia en Madrid, y no lo hizo moderándose: lo hizo confrontando con marca propia, dándole al votante enojado la épica que buscaba, pero con credenciales de gestión y apuntando a la izquierda y no a su propio bloque. A ella nadie pudo cuestionarle credenciales, porque peleaba más fuerte que Abascal. Solo que contra el adversario correcto.

Eso es exactamente lo que en Chile la centroderecha no debe hacer: no tenemos por qué rendir un examen que alguien montó sin título para tomarlo, mientras la agenda que sí nos pertenece -territorio, alcaldes, resultados de gestión, capacidad de convertir acuerdos en obras y en leyes- se queda sin quien la defienda.

Hay, además, un dato aritmético que debería bastar. Para cambiar una ley se necesitan 78 votos en la Cámara. Quien crea que la Ley 21.030 de aborto en tres causales debe modificarse tiene pleno derecho a intentarlo, y este Congreso pareciera eventualmente ser el más favorable a esa causa en décadas. Pero el método elegido -convertir cada votación en una prueba de lealtad doctrinaria- garantiza que esos 78 votos no se reúnan jamás. No es una estrategia legislativa. Es una estrategia de identidad con costo político y legislativo, y la cuenta la paga el sector completo, no solo quien la diseñó.

La pregunta que deberíamos estar haciendo no es si nos ponemos uniforme para entrar al regimiento. Es quién dijo que eso era una buena idea, y quién le dio ese derecho.