Abrir la mochila no protege a la autoridad pedagógica

El lunes 12 de agosto se publicó la Ley 21.827 “Escuelas Protegidas”, que en palabras del Ministerio de Educación (2026), busca dotar a los establecimientos educacionales de “nuevas herramientas para prevenir y enfrentar hechos de violencia, reforzar la seguridad y fortalecer la autoridad pedagógica”. Antes, ya se había señalado que se buscaba “fortalecer la seguridad escolar y recuperar la autoridad docente dentro del aula” (MINEDUC, 2026b). 

Pero ¿Qué es la autoridad pedagógica? ¿Se puede recuperar? en palabras sencillas, es un elemento central del proceso educativo y la formación integral, es aquello que permite al docente coordinar las dinámicas del aula, llevar a cabo los procesos de enseñanza y favorecer la adquisición de aprendizajes. Suele confundirse con autoritarismo, que es una de las formas en que se puede desarrollar, pero que implica imposición, control y sanción directa. 

Se habla de una crisis en la autoridad pedagógica y se busca resolver por decreto, pero esta crisis no refleja solamente un problema de comportamiento en el aula o de erosión de las jerarquías e instituciones, sino que es el síntoma de una transformación mucho más profunda. Es la pérdida de la articulación social que antes le daba sentido y legitimidad, es el debilitamiento del mundo compartido que permitía tener una continuidad entre pasado, presente y futuro, es la pérdida de la alianza entre los adultos para guiar a los más jóvenes y el debilitamiento de los vínculos sociales que nos permiten confiar en los otros. 

En este sentido, esta crisis no se explica simplemente por una falta de orden, por la pérdida de disciplina o por la rebeldía juvenil. Sino que por la transformación de las condiciones históricas que hacían posible su existencia. Desde los años 90 se ha favorecido el diálogo, la búsqueda de la autonomía progresiva del estudiantado y la participación de los apoderados, abogando por la creación de comunidades educativas. Pero en paralelo, por un lado se ha desarrollado una mirada de la educación como producto, lo que genera una relación de servicio-consumidor que altera las dinámicas de los espacios formativos y por otro, se ha construido una estructura rígida de rendición de cuentas, poniendo el foco en los resultados. Todo esto ha convertido a las comunidades educativas en una utopía. 

Entonces, pensar que más sanciones o más herramientas de control van a reconstruir las bases del respeto y del reconocimiento del otro en el espacio escolar, es a lo menos ingenuo. Se requiere un trabajo mucho más profundo para entender dónde hemos fallado como sociedad. Porque sí, todos y todas somos responsables de lo que ahí ocurre. Hemos fallado al abandonar a quienes requieren apoyo por parte del mundo adulto y del Estado. Hoy nuevamente se deja solos a los docentes y asistentes de la educación como únicos responsables de sostener una responsabilidad colectiva. Poco se analiza cómo la sociedad ha fallado en el proceso de inducción, de acompañamiento y de enseñanza de herramientas que nos permitan convivir en armonía. 

Estas políticas orientadas a fortalecer la autoridad pedagógica a la larga cumplen con entregar instrumentos para proteger el funcionamiento de la clase y a los funcionarios en ciertos contextos más problemáticos. Sin embargo, no se les puede atribuir la capacidad de reconstruir por sí sola la autoridad pedagógica. Y aquí no se debe confundir tampoco autoridad con poder. El poder se refleja en la capacidad de aplicar la normativa, sancionar y controlar la conducta, en este caso: abrir la mochila. Esta estrategia puede contribuir a restablecer el orden institucional, pero no necesariamente a reconstruir la legitimidad que hace posible que la autoridad sea reconocida. 

Generar un cambio de perspectiva, pasando a asumir la responsabilidad social en vez de sancionar comportamientos, puede llevar a que el foco se ponga en la prevención, en la inversión en políticas públicas de cuidado, generando mejores condiciones de vida desde la infancia. Y a la vez en la implementación de estrategias para generar las condiciones sociales, culturales y educativas necesarias para que las nuevas generaciones reconozcan en el mundo adulto interlocutores válidos, coherentes y legítimos para que los guíen en el ingreso al mundo común.