Los datos no hablan solos

A quienes hacemos ciencia se nos exige rigor. No basta con presentar datos: debemos explicar qué significan, demostrar que nuestras conclusiones se desprenden de ellos, considerar explicaciones alternativas y responder a las objeciones de nuestros pares.

Es razonable esperar exactamente el mismo estándar del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Las nuevas bases de Fondecyt de Postdoctorado 2027 restringen la postulación de personas extranjeras a quienes cuenten con residencia permanente en Chile y permiten orientar hasta un 70% de las adjudicaciones hacia diez áreas prioritarias.

El Ministerio ha presentado distintas cifras para fundamentar estas decisiones. Y vale la pena detenerse precisamente ahí: el problema no está solamente en los números, sino en qué podemos legítimamente concluir a partir de ellos.

La ministra ha mencionado una tasa de desempleo nacional de 9,4% y una ocupación informal de 27%, agregando que las dificultades de inserción también alcanzan a personas con doctorado. Luego señala que Chile gradúa cerca de 1.300 doctores al año, frente a aproximadamente 260 cupos de Fondecyt Postdoctorado.

Pero esas cifras no miden lo mismo. Si el argumento para modificar un instrumento dirigido específicamente a personas con doctorado es su dificultad de inserción laboral, necesitamos conocer precisamente esa realidad: ¿Cuál es su tasa de desempleo?, ¿Cuánto tardan en insertarse?, ¿En qué sectores?, ¿Cómo varía entre disciplinas?

Lo mismo ocurre con los 1.300 nuevos doctores. Si el propio Ministerio sostiene que Chile necesita fortalecer determinadas áreas, el dato relevante no es solo cuántos doctores graduamos, sino cuántos estamos formando precisamente en esas áreas. ¿Cómo se distribuyen esos 1.300 doctores entre las distintas disciplinas y, en particular, cuántos corresponden a las áreas que el Ministerio acaba de declarar prioritarias? Sin ese cruce, no sabemos si contamos con capital humano nacional suficiente para desarrollar las capacidades que se pretende fortalecer.

Un doctor no es intercambiable con otro simplemente porque ambos tengan un PhD. Puede ocurrir que Chile forme muchos doctores en términos agregados y, al mismo tiempo, muy pocos especialistas en algunas de las áreas que ahora considera estratégicas. En ese escenario, restringir la llegada de investigadores extranjeros altamente especializados podría actuar precisamente en dirección contraria al objetivo declarado.

También conviene no confundir instrumentos ni objetivos. Fondecyt Postdoctorado puede contribuir a la trayectoria y posterior inserción de investigadores jóvenes, pero un postdoctorado cumple además una función científica fundamental: permite que grupos de investigación nacionales incorporen investigadores altamente especializados, desarrollen nuevas líneas y experimentos, adquieran técnicas y conocimientos, generen publicaciones y colaboraciones y formen nuevos investigadores. Todo eso ocurre en Chile y fortalece capacidades en Chile.

Para abordar específicamente la inserción de capital humano avanzado, Chile ha contado además con instrumentos destinados precisamente a incorporar personas con doctorado en la academia y en el sector productivo. Es allí donde corresponde discutir con especial profundidad cómo Chile genera empleos estables para el capital humano que ha formado.

Si tenemos un problema estructural de inserción de doctores en universidades, centros de investigación, industria, Estado y otros sectores, debemos enfrentarlo. Pero restringir el acceso a Fondecyt Postdoctorado no resuelve ese problema y un proyecto de tres años, por sí mismo, tampoco: a lo sumo, lo desplaza tres años. Al terminar, esa persona seguirá necesitando una oportunidad laboral sostenible.

Otro argumento presentado se refiere a los proyectos adjudicados a extranjeros que finalmente no comenzaron. Es un antecedente relevante, pero nuevamente requiere contexto: ¿Por qué no comenzaron?, ¿Cuánto incidieron los tiempos migratorios o del propio concurso?, ¿Cuántos cupos pudieron reasignarse?

Una persona puede postular genuinamente a Chile y, mientras espera durante meses, recibir una oferta que comienza antes en otro lugar. Aceptarla no demuestra que nunca haya tenido intención de venir. Y si una parte del problema es migratoria o documental, corresponde preguntarse si la mejor solución es impedir la postulación o mejorar los mecanismos para que investigadores seleccionados competitivamente puedan incorporarse oportunamente al país.

Hay además una dimensión particularmente ausente: los investigadores extranjeros aparecen contabilizados principalmente como receptores de recursos públicos, pero ¿Dónde medimos lo que aportan?

Quienes realizan un postdoctorado en una institución chilena hacen ciencia desde Chile: publican con afiliaciones nacionales, incorporan técnicas y conocimientos, fortalecen grupos, ayudan a la formación de estudiantes y generan redes internacionales. Si queremos evaluar su impacto, debemos medir también esas contribuciones. En cualquier referato serio, extraer conclusiones omitiendo variables de esa importancia exigiría, como mínimo, completar el análisis antes de sostenerlas.

La definición de las áreas prioritarias abre preguntas igualmente importantes. El Ministerio ha explicado que analizó las adjudicaciones de los últimos diez años y las contrastó con capacidades que considera necesarias para Chile y con desafíos productivos, sociales y tecnológicos. Pero todavía necesitamos conocer el análisis que conecta ese diagnóstico con las diez áreas seleccionadas: ¿Qué indicadores definieron una brecha?, ¿Quiénes participaron?, ¿Qué instancias de asesoría científica se utilizaron?

Las propias bases agregan una ambigüedad: presentan grandes áreas y luego enumeran subáreas específicas, sin quedar claro si estas delimitan la prioridad o son ejemplos. Si esa clasificación puede influir en la adjudicación, debería ser inequívoca.

Y algunas elecciones obligan a preguntarnos algo todavía más profundo: ¿Qué entendemos por conocimiento estratégico?

Matemática no aparece como una de las diez áreas prioritarias, aunque sí se priorizan inteligencia artificial, aprendizaje automático y ciencia de datos, cuyo desarrollo depende profundamente de ella. Humanidades y Artes tampoco figuran como áreas prioritarias, mientras las Ciencias Sociales aparecen principalmente vinculadas a determinados problemas específicos.

Como ha planteado recientemente la rectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, los grandes desafíos contemporáneos no respetan fronteras disciplinares. La inteligencia artificial no es solamente un problema tecnológico: transforma el trabajo, la educación, las instituciones, la cultura y la democracia. Comprender esas transformaciones requiere también Ciencias Sociales y Humanidades.

El Estado puede legítimamente definir prioridades. Pero mientras mayor sea su efecto sobre la distribución de recursos y el desarrollo futuro del sistema científico, mayor debe ser la transparencia sobre cómo fueron construidas y mayor la necesidad de contrastarlas con la comunidad científica.

Universidades, sociedades científicas, grupos de estudio e investigadores poseen conocimiento especializado sobre cómo funciona el sistema. Sus cuestionamientos no demuestran automáticamente que el Ministerio esté equivocado ni les otorgan poder de veto. Pero sí deberían producir una reacción elemental: escuchar, responder y, si los antecedentes lo justifican, reconsiderar.

Eso es, después de todo, lo que hacemos en cualquier proceso serio de evaluación científica cuando las conclusiones no se desprenden suficientemente de los datos o existen objeciones sustantivas que no han sido resueltas.

El problema no es que los datos presentados sean incorrectos. Es que algunos resultan confusos, otros requieren mayor desagregación y todavía falta demostrar que permiten sostener las conclusiones y decisiones construidas a partir de ellos.

Los datos no hablan solos. Requieren contexto, metodología y análisis.

Ese es el estándar que el propio Estado exige a quienes hacemos ciencia. Es razonable esperar exactamente el mismo estándar del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.