No confundamos rentabilidad con lucro

Durante años, el debate económico chileno ha usado rentabilidad y lucro como si fueran sinónimos. No lo son.

La rentabilidad describe el retorno obtenido o esperado respecto de los recursos comprometidos en una actividad.

El lucro, en cambio, tiene significados jurídicos que dependen del ámbito en que se emplee y, en la discusión pública, suele asociarse a determinadas formas de apropiación privada del excedente. Confundir ambos planos dificulta más de lo que ayuda.

La confusión opera en ambas direcciones. Permite presentar cualquier crítica a una ganancia abusiva como una ofensiva contra la empresa y, al mismo tiempo, considerar sospechosa cualquier actividad que genere excedentes.

En términos económicos, la rentabilidad cumple una función precisa: permite comparar proyectos, compensa el tiempo durante el cual los recursos permanecen comprometidos y remunera el riesgo asumido.

Una empresa que persistentemente no cubre sus costos termina consumiendo su patrimonio. Incluso las organizaciones sin fines de lucro necesitan generar excedentes para mantener infraestructura, innovar y enfrentar contingencias. No distribuir utilidades no equivale a operar sin excedentes.

Hasta ahí existe poco espacio para la controversia: sin una expectativa razonable de retorno, difícilmente habrá inversión privada sostenida. El problema comienza cuando se supone que toda ganancia posee el mismo origen o produce los mismos efectos.

Una empresa puede aumentar su rentabilidad porque innova, organiza mejor la producción, incorpora tecnología o satisface una necesidad desatendida. Pero también existen ganancias asociadas a barreras de entrada, asimetrías de información, posiciones de mercado o costos que no recaen íntegramente sobre quien desarrolla la actividad. La cifra contable puede ser semejante; el proceso económico que la produjo no lo es.

Por eso, una utilidad no certifica por sí sola cuánto valor se creó. En la producción intervienen capital, trabajo, conocimiento acumulado, proveedores, instituciones e infraestructura pública. El mercado distribuye ingresos entre quienes participan de ese proceso, pero el resultado financiero no constituye por sí mismo una medida de la contribución de cada uno.

A esa diferencia se agrega otra: rentabilidad privada y rentabilidad social tampoco coinciden necesariamente. Una actividad puede resultar atractiva para quien la desarrolla y producir costos que recaigan sobre terceros. También puede ocurrir lo inverso: inversiones socialmente valiosas ofrecen retornos privados insuficientes porque parte de sus beneficios se difunde hacia el conjunto de la sociedad.

El desafío no consiste, entonces, en maximizar indiscriminadamente la rentabilidad privada, sino en acercar los incentivos privados a los costos y beneficios sociales. En términos simples: hacer más atractivo crear valor que capturarlo.

Pero existe una dificultad adicional que suele pasar inadvertida: beneficios y riesgos no siempre aparecen al mismo tiempo.

Una inversión puede realizar su retorno en el presente mientras algunos de sus riesgos permanecen latentes durante años o décadas. Cuando finalmente se materializan, quienes recibieron el retorno original pueden ya no ser quienes deban enfrentarlos. Los propietarios cambian, las empresas terminan su participación, las condiciones ambientales evolucionan y nuevas generaciones heredan infraestructuras y territorios cuyas decisiones fueron tomadas mucho antes.

Ese desfase plantea un problema de asignación intertemporal del riesgo. Si una decisión produce beneficios presentes, pero contiene costos contingentes de largo plazo, medir su rentabilidad únicamente durante el período en que se realiza la inversión puede entregar una imagen incompleta. La probabilidad de pérdidas futuras también forma parte de su evaluación económica, aunque esas pérdidas nunca lleguen a materializarse.

Los desarrollos inmobiliarios emplazados en territorios sensibles permiten observar el problema. Un proyecto puede obtener las autorizaciones exigidas, construirse y comercializarse sin que ello permita presumir irregularidad alguna. Pero la existencia de un permiso tampoco hace desaparecer los riesgos futuros asociados al territorio o a la infraestructura que lo sostiene.

Los socavones ocurridos en el sector de Concón y Reñaca volvieron visibles esa dimensión. Las emergencias obligaron a evacuar edificios y requirieron la intervención de organismos públicos y obras de emergencia. El punto no es atribuir a proyectos determinados la causa de esos eventos, cuestionar retrospectivamente sus permisos ni establecer responsabilidades que corresponde determinar a las autoridades y tribunales. El caso permite formular una pregunta económica más general: ¿Cómo se distribuyen los riesgos cuando los retornos de una inversión se realizan hoy, pero algunas de sus contingencias pueden aparecer muchos años después?

La respuesta no consiste en trasladar todo riesgo futuro al inversionista original. Hacerlo encarecería decisiones presentes sobre la base de contingencias inciertas o dependientes de múltiples causas. Pero tampoco resulta razonable ignorarlas porque pertenecen al futuro. Entre ambos extremos aparece el verdadero problema institucional: identificar los riesgos previsibles y asignarlos a quienes estén en mejores condiciones de prevenirlos, mitigarlos, asegurarlos o absorberlos.

Seguros, garantías, provisiones, estándares técnicos y obligaciones de información cumplen precisamente esa función. No eliminan la incertidumbre. Intentan evitar que el paso del tiempo separe completamente a quien toma una decisión de los costos previsibles que esa decisión puede dejar detrás.

Vista así, la regulación exige una discusión menos mecánica. Que una norma reduzca el margen privado de un proyecto no demuestra que destruya valor. Algunas regulaciones agregan costos sin beneficios equivalentes; otras incorporan riesgos que el precio privado podría dejar fuera. Una exigencia puede parecer costosa hoy y evitar pérdidas mayores mañana; también puede imponer un costo desproporcionado frente a un riesgo remoto. Regular bien consiste precisamente en distinguir una situación de la otra.

Tampoco rentabilidad e inversión mantienen una relación automática. Una empresa puede obtener utilidades elevadas y distribuirlas, adquirir activos existentes o invertir fuera del país. La inversión depende del retorno esperado, pero también de la demanda, el financiamiento, la tecnología, la competencia y las oportunidades disponibles. Mayor rentabilidad no garantiza, por sí sola, más inversión, innovación o empleo.

Algo semejante ocurre con la competencia. En mercados con fuertes barreras de entrada, retornos persistentes pueden expresar eficiencia e innovación, pero también poder de mercado. La magnitud de una utilidad, aislada de las condiciones que la producen, dice menos de lo que solemos suponer.

Una política favorable al desarrollo debería, por ello, distinguir las rentabilidades según su origen. Lo relevante es favorecer la rentabilidad productiva: aquella asociada a innovar, elevar productividad, desarrollar capacidades y competir sin depender permanentemente de posiciones protegidas o de costos desplazados hacia terceros o hacia el futuro.

Esta distinción permite abandonar dos simplificaciones que han condicionado el debate chileno. Una sospecha de toda ganancia como si constituyera una apropiación indebida. La otra presume que toda utilidad empresarial demuestra creación de valor. Ambas confunden el resultado financiero con el proceso económico que lo hizo posible.

Precisamente porque la rentabilidad cumple una función indispensable en una economía de mercado —orienta recursos, remunera riesgos y permite reinvertir— importa examinar las condiciones bajo las cuales se obtiene. Defenderla no obliga a legitimar cualquier mecanismo para producirla.

Crecer requiere recompensar la innovación, el riesgo y la capacidad de organizar recursos. Pero requiere también instituciones capaces de conectar las decisiones presentes con sus consecuencias futuras. Si una economía remunera hoy una inversión sin disponer de mecanismos para asignar los riesgos previsibles que permanecerán mañana, está contabilizando solo una parte de su resultado.

La discusión relevante, por tanto, no consiste en declararse a favor o en contra de las ganancias. La pregunta es otra: ¿Qué formas de obtener rentabilidad queremos hacer más atractivas y qué riesgos estamos dejando detrás de ellas?

Formulada así, la cuestión deja de ser una disputa moral sobre la ganancia y se convierte en un problema de diseño institucional. Una economía funciona mejor cuando innovar resulta más rentable que capturar, competir que bloquear competidores, desarrollar capacidades que extraer rentas y administrar los riesgos que desplazarlos hacia otros o hacia el futuro.

Ahí reside la diferencia decisiva. La rentabilidad es necesaria para sostener la creación de valor. Pero su legitimidad económica no depende solamente de cuánto se gana. Depende también de cómo se obtiene ese retorno, cuándo aparecen sus costos y quién soporta los riesgos cuando se materializan.

No es una diferencia semántica. Es la diferencia entre hacer rentable crear valor asumiendo sus riesgos y hacer rentable capturar el retorno dejando el riesgo para después.