Frei se desmarca de Bachelet y Boric y respalda a Kast por el Escudo de las Américas

La adhesión de Chile al Escudo de las Américas abrió una grieta en el mundo de la exConcertación. Mientras los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric pidieron públicamente a José Antonio Kast reconsiderar la permanencia de Chile en la iniciativa impulsada por Donald Trump, el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle salió este sábado a defenderla sin matices: “Chile no puede quedarse al margen”.

La diferencia no es menor. Frei no solo fue Presidente entre 1994 y 2000 y uno de los principales impulsores de la apertura comercial chilena hacia Asia y otros mercados. Desde mayo de este año, además, ocupa un cargo que le fue entregado por el propio Kast: embajador de Chile en Misión Especial, ad honorem.

La Cancillería justificó su designación por su experiencia internacional y “visión de Estado”. En septiembre, Frei se reunió con el canciller Francisco Pérez Mackenna para abordar la política exterior y, según la propia Cancillería, ambos coincidieron en la necesidad de una estrategia que proyectara a Chile como un país “predecible, serio y coherente”.

El respaldo de Frei llegó precisamente cuando buena parte de quienes representan la tradición de política exterior de la exConcertación sostiene la posición contraria. Si bien Gabriel Boric no es un heredero neto de la Concertación, en su calidad de expresidente firmó junto a Michelle Bachelet una inédita declaración conjunta, en la que pidieron a José Antonio Kast reconsiderar la adhesión porque la cooperación internacional, dijeron, debe preservar “plenamente la autonomía de las decisiones de Chile” y no subordinar la política exterior, de seguridad o defensa a las prioridades de una potencia extranjera. Ambos ofrecieron, al mismo tiempo, colaborar en una estrategia de Estado contra el crimen organizado.

La posición de los dos exmandatarios no surgió de un rechazo a la cooperación contra el narcotráfico. El punto de fondo es qué significa incorporarse a esta iniciativa y hasta dónde pueden llegar sus consecuencias. El Gobierno insiste en que no se trata de un tratado y que Chile adhirió a una coordinación voluntaria centrada en intercambio de información y combate al crimen organizado. Pero la propia documentación estadounidense presenta un marco más amplio: el Comando Sur define al Escudo como una alianza de seguridad y política, orientada también a limitar interferencias geopolíticas extranjeras en el hemisferio.

Y algunos de los acontecimientos posteriores han alimentado precisamente esa inquietud. En agosto, durante una reunión de la coalición en Panamá, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, instó a sus miembros a abandonar la Corte Penal Internacional. En el mismo contexto, Estados Unidos planteó incluso la posibilidad de operaciones militares conjuntas con Colombia contra grupos armados. Nada de ello significa que Chile haya asumido esos compromisos, pero sí explica por qué los críticos sostienen que el alcance futuro de la alianza no puede ser evaluado únicamente a partir de la explicación chilena sobre cooperación policial.

Ahí aparece uno de los principales puntos de fricción con la tradición diplomática de la exConcertación. El excanciller Ignacio Walker ha cuestionado que el mecanismo sea realmente idóneo para combatir el crimen organizado y ha advertido sobre un eventual escalamiento hacia ámbitos de cooperación militar. El también excanciller Mariano Fernández sostuvo que Pérez Mackenna les habría reconocido, en una reunión reservada con exministros, que había sido “muy difícil” para Chile no adherir debido a presiones de Estados Unidos. La versión fue respaldada por Walker y por la exsubsecretaria Ximena Fuentes. El Gobierno, en cambio, ha negado que existieran presiones.

El exsenador y excanciller José Miguel Insulza introdujo un matiz relevante: sostuvo que el Escudo no es un tratado y que no ve cómo el TIAR pueda utilizarse para enfrentar actividades delictuales. Pero precisamente esa discusión jurídica es parte del problema: si el objetivo es combatir el crimen organizado, ¿por qué una iniciativa contra los carteles comienza a vincularse con instrumentos de defensa hemisférica, posiciones frente a la CPI y una disputa geopolítica con China?

Frei contra el resto de su mundo político

La carta de Frei publicada este sábado en El Mercurio evita esa discusión geopolítica y concentra su argumento en la seguridad. Asegura que la adhesión permitirá compartir información, mejorar el análisis de datos, capacitar a Carabineros y la PDI, profundizar la coordinación fronteriza y perseguir las rutas financieras del crimen organizado. “El Escudo de las Américas es una herramienta concreta para enfrentar, en forma unida y sostenida, una amenaza compartida”, escribió.

La reacción dentro de su propio partido fue inmediata. El jefe de bancada de los diputados DC, Jorge Díaz, aclaró que la posición de Frei “dista absolutamente” de la de los parlamentarios democratacristianos. El diputado puso el acento en el riesgo económico de una política hemisférica que pueda tensionar la relación con China, principal socio comercial de Chile, en momentos en que Estados Unidos mantiene además un arancel de 12% sobre productos chilenos, según sus declaraciones recogidas por Emol.

Desde el PS, Nelson Venegas, quien interpeló al canciller por la adhesión, llevó la discusión todavía más lejos. A su juicio, el Frei de los años noventa habría defendido precisamente una apertura económica sin discriminaciones y cuestionó que el Escudo pueda transformarse en un mecanismo de hegemonía económica estadounidense. También rechazó la idea de que sus alcances sean exclusivamente de seguridad, aludiendo a sus dimensiones económicas y militares.

La paradoja es que Frei está defendiendo hoy una decisión del gobierno de Kast que buena parte de la antigua Concertación observa con cautela, mientras el oficialismo utiliza su respaldo como argumento de autoridad. El canciller Francisco Pérez Mackenna le agradeció públicamente; el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, dijo que Frei “tiene razón”; y desde la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Stephan Schubert lo presentó como un ejemplo de “visión de Estado”.

Hay, además, un antecedente político que no es menor. En marzo, antes de asumir el nuevo gobierno, Frei había dicho que su respaldo a Kast había sido “una decisión republicana y una decisión por el bien de Chile” y que esperaba que al Presidente le fuera bien. En mayo, Kast lo designó embajador en misión especial. Desde entonces, Frei ha mantenido una presencia activa en asuntos de política exterior y relaciones económicas internacionales.

La diferencia con Bachelet y Boric es, por eso, más que una discrepancia puntual sobre una iniciativa contra el crimen organizado. Es una diferencia sobre cómo leer el nuevo escenario internacional y cuánto margen de autonomía debe conservar Chile frente a Washington, particularmente cuando Estados Unidos está impulsando una política hemisférica que combina seguridad, presión geopolítica y una disputa cada vez más abierta por la influencia de China en América Latina.

Frei cree que Chile debe entrar y aprovechar las capacidades que ofrece el Escudo. Bachelet, Boric y varios de sus antiguos compañeros de gobierno creen que Chile debe cooperar contra el crimen, pero sin aceptar compromisos cuyo alcance futuro todavía resulta difícil de dimensionar. Entre ambas posiciones queda instalada una pregunta que probablemente acompañará la discusión en el Senado: si el Escudo es solamente una herramienta contra el crimen organizado, como sostiene La Moneda, o si constituye el comienzo de una nueva arquitectura política y estratégica para el hemisferio, como temen sus críticos.