Geopolítica de la IA (XV): Europa comienza a recalibrar su regulación

“A fin de posibilitar la innovación en materia de IA en los sectores público y privado, es importante que la Comisión y las autoridades competentes de los Estados miembros garanticen que la supervisión, la garantía del cumplimiento y el seguimiento de las legislaciones sectoriales y nacionales no creen solapamientos, interpretaciones incoherentes o una garantía del cumplimiento divergente”.

La frase pertenece a la parte considerativa del Reglamento (UE) 2026/1744, del 8 de julio de 2026, conocido como “Ómnibus digital sobre IA”. Leída aisladamente, podría parecer una simple declaración destinada a mejorar la coordinación administrativa dentro de la Unión Europea. Pero es mucho más que eso. Es la punta del iceberg de un problema considerablemente mayor: la pérdida de capacidad competitiva y, con ello, de poder geopolítico de Europa en la carrera mundial por la inteligencia artificial.

El problema comienza a ser enfrentado por la Unión. El Reglamento admite que los retrasos en la elaboración de las normas técnicas necesarias para aplicar el Reglamento de IA de 2024 y en el establecimiento de los mecanismos nacionales de gobernanza y evaluación de conformidad han generado una “carga normativa mayor de la esperada”.

El Ómnibus busca precisamente reducir esa fricción: simplifica obligaciones, evita duplicaciones, facilita el cumplimiento para pymes y empresas emergentes y amplía los espacios controlados de pruebas y las posibilidades de experimentar con sistemas de IA en condiciones reales.

El cambio puede parecer técnico, pero su significado es político. Europa está comenzando a descubrir que la regulación también tiene un costo geopolítico.

Durante años, la Unión Europea confió en que el tamaño de su mercado le permitiría convertir capacidad regulatoria en influencia mundial: el conocido Brussels effect. La inteligencia artificial está poniendo a prueba los límites de esa estrategia. Porque existe una diferencia fundamental entre regular una tecnología y poseer la capacidad de producirla.

Las cifras permiten comprender la magnitud del problema. Según el AI Index 2026, de Stanford, la inversión privada estadounidense en IA alcanzó US$285.900 millones durante 2025, frente a US$12.400 millones en China y US$ 20.410 en Europa. Solo en IA generativa, Estados Unidos recibió US$163.600 millones, mientras China y Europa combinadas apenas US$4.700 millones, indica ese informe.

Pero la comparación con China exige una importante salvedad. Estamos hablando exclusivamente de inversión privada. El propio AI Index 2026 advierte que esas cifras probablemente subestiman considerablemente el capital que China dirige hacia la IA. Stanford estima que los llamados government guidance funds —fondos iniciados por el Estado que combinan objetivos financieros con prioridades estratégicas gubernamentales— desplegaron alrededor de US$184.000 millones en empresas relacionadas con IA entre 2000 y 2023.

A ello debe agregarse que China creó en 2025 un Fondo Nacional de Inversión para la Industria de la Inteligencia Artificial, dotado con 60.000 millones de yuanes (aproximadamente US$8.400 millones), según información oficial del gobierno chino.

Por consiguiente, sería equivocado concluir, a partir exclusivamente de las cifras de inversión privada, que China invierte veintitrés veces menos que Estados Unidos en IA.

Lo verdaderamente significativo es que China está obteniendo resultados tecnológicos extraordinarios. El AI Index 2026 concluye que la brecha de rendimiento entre los mejores modelos estadounidenses y chinos prácticamente se estaría cerrando. China, además, lidera mundialmente en volumen de publicaciones científicas sobre IA, citaciones y patentes concedidas. La experiencia china demuestra algo fundamental: en esta competencia no importa solamente cuánto capital se invierte, sino la capacidad de convertir recursos financieros, infraestructura, talento, investigación y política industrial en poder tecnológico efectivo.

Aquí aparece el verdadero dilema europeo. Existe algo paradójico en pretender gobernar mediante el Derecho una tecnología que otros producen. Regular la IA desarrollada principalmente en Estados Unidos y China puede otorgar influencia normativa periférica, pero no necesariamente poder tecnológico. Si los modelos de frontera, los chips que permiten entrenarlos, los centros de datos,  la infraestructura computacional y buena parte del capital necesario para desarrollarlos se concentran fuera de Europa, la Unión corre el riesgo de ejercer una formidable soberanía jurídica sobre una tecnología respecto de la cual posee una soberanía material considerablemente menor.

Peor aún, una regulación excesivamente costosa puede terminar fortaleciendo precisamente a quienes pretende regular. Las grandes corporaciones tecnológicas poseen recursos jurídicos, financieros y técnicos para absorber elevados costos de cumplimiento. Una startup europea debe obtener esos mismos recursos de aquellos que podría destinar a investigación, contratación de talento o desarrollo de nuevos modelos. La regulación puede así transformarse involuntariamente en una barrera de entrada que consolide a los grandes actores extranjeros.

Europa parece haber comenzado a comprenderlo. InvestAI pretende movilizar €200.000 millones para IA, mientras la estrategia europea contempla fábricas y gigafactorías destinadas a aumentar sustancialmente su capacidad computacional.

El Ómnibus debe entenderse dentro de ese movimiento. No estamos todavía frente al abandono del modelo regulatorio europeo. Estamos frente a algo probablemente más importante: su adaptación a la realidad geopolítica.

Durante la primera etapa de la revolución de la IA, Europa creyó que regular podía constituir por sí mismo una forma de poder. La próxima década demostrará si aquello era suficiente.

Y probablemente no lo sea, porque en la geopolítica de la inteligencia artificial las reglas importan. Pero también importa —y quizás mucho más— quién posee los modelos, los chips, los centros de datos, el capital y la capacidad industrial para construir el futuro.

Hay aquí una vieja lección de la teoría del Derecho: el poder normativo nunca está disociado del poder político real existente en una sociedad. El Derecho puede limitarlo, organizarlo e incluso transformarlo en algún sentido (por ejemplo, constitucionalizarlo), pero difícilmente puede prescindir de él, porque el Derecho es la forma en que se expresa el poder político en una sociedad (por muy simple o compleja que sea).

Europa puede seguir escribiendo las reglas de la inteligencia artificial. Sin embargo, la pregunta es cuánto poder conservarán esas reglas si la capacidad material para construir el futuro tecnológico pertenece crecientemente a otros.

Desde esta perspectiva, la flexibilización de la regulación europea de la IA debe ser entendida como un giro estratégico de extraordinaria importancia. No supone renunciar a las banderas que Europa levantó con el Reglamento de Inteligencia Artificial —una IA centrada en el ser humano y en la protección de los derechos fundamentales—, sino reconocer que esos principios solo podrán proyectarse globalmente si Europa conserva también la capacidad tecnológica, industrial y económica necesaria para sostenerlos.

El Ómnibus representa, en este sentido, una dosis de realismo geopolítico: preservar el modelo europeo, pero haciéndolo compatible con las exigencias de una competencia tecnológica internacional cada vez más intensa. Porque, en definitiva, para influir en las reglas del futuro no basta con tener buenos principios ni con escribir buenas leyes: también es necesario conservar el poder material para hacerlos relevantes.

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