Queda en familia: proyecto ligado al hermano de Quiroz fue destrabado pese a alerta de remociones

Las intensas lluvias volvieron a poner la mirada sobre las construcciones emplazadas en el entorno de las dunas de Concón y Viña del Mar, una zona que quedó marcada por los socavones que en 2023 obligaron a desalojar los edificios Kandinsky y Miramar Reñaca. Desde entonces, el Ministerio de Obras Públicas invirtió $37 mil millones en un nuevo colector para evitar nuevos desprendimientos.

En ese contexto, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (FA), reabrió la discusión sobre nuevos proyectos en el sector y apuntó directamente a quienes todavía buscan construir allí. Desde el municipio, según indicó El Mostrador, precisaron que Ripamonti hacía referencia al proyecto Alto Santorini, de Inmobiliaria Lote 21 SpA, que contempla un edificio residencial de 15 pisos y 177 departamentos a un metro del Santuario de la Naturaleza Campo Dunar de la Punta de Concón. Su diseño fue desarrollado por Quiroz y Puelma Arquitectos, oficina encabezada por Víctor Quiroz, hermano del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Pero el vínculo de Víctor Quiroz con la iniciativa va más allá de su diseño. Según una investigación de CIPER, el arquitecto también tiene participación indirecta en su propiedad: junto a su esposa e hijos controla una sociedad que, a través de otra empresa, participa en Alto Santorini. De esta forma, su familia aparece como propietaria del 12% del proyecto.

La controversia adquiere otra dimensión por el proceso que permitió avanzar en su evaluación ambiental. Desde Hacienda, cartera encabezada por Jorge Quiroz, se puso en marcha un sistema destinado a monitorear y acelerar la tramitación de proyectos de inversión en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

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La estrategia incluye un Comité de Proyectos en el SEIA, con participación de las subsecretarías de Economía, Interior, Medio Ambiente y Hacienda. Esta última lidera la instancia y define los asuntos que se abordan y las autoridades sectoriales invitadas. Según CIPER, no existen actas públicas de las reuniones del comité.

Alto Santorini estuvo entre los proyectos beneficiados por este mecanismo. Su tramitación había sido suspendida en 2023 después del socavón ocurrido en el sector de dunas de Reñaca y fue retomada en julio de 2024. Once organismos formularon observaciones a su Estudio de Impacto Ambiental y, tras dos ampliaciones solicitadas durante el gobierno de Gabriel Boric, el plazo para responderlas terminó el 31 de marzo de 2026, cuando Jorge Quiroz ya había asumido como ministro de Hacienda.

Durante ese proceso, Víctor Quiroz realizó gestiones de lobby ante distintas autoridades. En los meses previos a la resolución favorable del SEA de Valparaíso registró diez audiencias con autoridades regionales, entre ellas una reunión con el delegado presidencial Manuel Millones, quien preside la Comisión de Evaluación que aprobó el proyecto.

Uno de los principales reparos vino del Servicio Nacional de Geología y Minería. Sernageomin había advertido en 2024 que el terreno presentaba “un peligro de remociones en masa del tipo deslizamientos, derrumbes y desprendimientos” y solicitó un estudio específico.

Después de analizar los nuevos antecedentes aportados por la inmobiliaria, el organismo mantuvo sus reparos. En abril de este año sostuvo que no era posible descartar adecuadamente impactos significativos ni riesgos para la seguridad de la población asociados a procesos de remoción en masa.

Pese a ello, el SEA decidió no incorporar ese pronunciamiento en su evaluación, argumentando que “la geomorfología no es un objeto de protección en el SEIA”. Finalmente, el 8 de julio declaró ambientalmente favorable el Estudio de Impacto Ambiental de Alto Santorini. La observación de Sernageomin quedó incorporada como condición para la operación mediante un “Plan de Prevención de Contingencias y Emergencias por remoción en masa”.

El proyecto, además, arrastra una disputa judicial desde 2019 por su permiso de edificación. Tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema determinaron que las obras no podían ejecutarse sin ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, mientras el caso continúa pendiente de resolución en la Corte Suprema.

Así, las lluvias y el recuerdo de los socavones vuelven a poner bajo escrutinio un proyecto que no solo pretende levantarse junto al campo dunar, sino que cruza los reparos técnicos por riesgos de remoción en masa con el mecanismo de aceleración de inversiones impulsado por el ministerio que encabeza el hermano de uno de sus propietarios.