La salud que Chile necesita no cabe en un quirófano

Una familia no evalúa el sistema de salud leyendo organigramas, presupuestos ni discursos. Lo evalúa cuando espera meses por una consulta, cuando viaja cientos de kilómetros por un examen o cuando sale de la farmacia calculando qué medicamento podrá comprar y cuál deberá postergar. Esa experiencia cotidiana fue el centro de la discusión en el Seminario ¿Hacia dónde va la salud en Chile? convocado por la Comisión de Salud del Senado sobre el futuro de la salud en Chile. También debiera ser el centro de toda reforma futura.

La discusión dejó una certeza incómoda: las listas de espera no son un problema aislado. Son el síntoma de un sistema que llega tarde, deriva demasiado, previene poco y distribuye mal sus capacidades y recursos. Por eso, reducirlas no puede significar solo financiar operativos quirúrgicos o sumar prestaciones al final de la cadena. Hay que preguntarse cuántas derivaciones eran evitables, por qué la atención primaria sigue alimentando a la red hospitalaria más de lo que resuelve y por qué los territorios rurales o extremos siguen pagando con tiempo, distancia y deterioro de salud las desigualdades del sistema.

La atención primaria debe dejar de ser la antesala administrativa del hospital. Necesita capacidad diagnóstica, acceso oportuno a especialidades, equipos ampliados, herramientas digitales e integración efectiva con la red. No se trata de trasladar responsabilidades sin recursos; se trata de llevar la capacidad de resolver al lugar donde viven las personas. Prevenir una complicación, diagnosticar precozmente un cáncer o controlar adecuadamente una enfermedad crónica no es solo buena medicina: es la forma más humana y sostenible de evitar una espera futura.

También hubo una coincidencia relevante sobre el uso de recursos: el país no puede confundir eficiencia con recorte. La eficiencia que importa es aquella que reduce hospitalizaciones evitables, mejora la continuidad de cuidados, aprovecha mejor las horas de especialistas y evita que una persona deba pagar de su bolsillo porque la respuesta pública llegó tarde. Medir productividad exclusivamente como prestaciones por funcionario es una simplificación riesgosa. Invisibiliza prevención, coordinación, cuidados, rehabilitación y trabajo comunitario; justamente aquello que permite que el sistema no termine atendiendo la enfermedad cuando ya es más cara y difícil de tratar.

Los gremios fueron claros en un punto que la política no debiera eludir: mayor eficiencia no puede ser menos derechos. Modernizar exige discutir jornadas, incentivos, carrera, formación y atribuciones del equipo de salud, pero no sobre la base de precarizar el empleo ni de exigir voluntarismo permanente. Enfermeras, matronas, kinesiólogos, tecnólogos, químicos farmacéuticos y otros profesionales requieren competencias efectivas, condiciones seguras y participación en decisiones que determinan cómo se organiza su trabajo. Un sistema que agota a quienes cuidan difícilmente podrá cuidar mejor.

Otra urgencia es la protección financiera. El gasto en medicamentos no es un asunto menor de consumo, sino una fuente silenciosa de desigualdad y empobrecimiento. Es necesario regular los precios, fortalecer la compra pública, garantizar el abastecimiento, promover genéricos y biosimilares confiables, mejorar la trazabilidad y evaluar las tecnologías con criterios transparentes. Sin embargo, la discusión debe ir más allá: cuando una familia debe recurrir a la justicia o endeudarse para tratar una enfermedad, no solo falla el mercado farmacéutico, sino también la protección social.

Chile necesita colaboración público-privada, pero no como sustituto de la responsabilidad estatal. La capacidad privada puede complementar, derivar y prestar servicios; la rectoría, la regulación, la planificación territorial y la garantía de derechos son responsabilidades inherentes e ineludibles de lo público. La meta no es defender una estructura por nostalgia ni administrar eternamente una crisis. Es construir un sistema que llegue antes, trate mejor y deje de castigar a las personas por enfermarse.

La discusión sanitaria suele reducirse a quién paga más o quién produce más. El desafío es otro: decidir si se modernizarán las planillas o la vida de las personas. La salud que Chile necesita no cabe en un quirófano. Se construye en la posta rural, en el CESFAM, en el domicilio de una persona mayor, en una farmacia que entrega a tiempo y en equipos de salud que pueden cuidar sin abandonar sus propios derechos.