¿Modernización del Estado o reducción del empleo público?

A comienzos de agosto de este año, el ministro de Hacienda anunció la convocatoria de una comisión “transversal dirigida por un economista independiente, que se encargue del tema del estatuto administrativo del gobierno”.

Como fundamento de la convocatoria, el ministro explicó que la instancia tendrá como foco específico el estatuto administrativo y planteó que su revisión resulta necesaria para consolidar los reordenamientos fiscales que impulsa el Ejecutivo.

Posteriormente, el Presidente de la República presentó la Comisión Asesora Ministerial para la Modernización del Empleo Público, dirigida por un economista de Dipres e integrada por expertos.

Un elemento clave del proceso, entonces, es que para el actual gobierno el foco de la reforma tiene relación con su esfuerzo de “consolidación fiscal”; es decir, la reducción del déficit fiscal y de la deuda pública.

El origen de la iniciativa, por tanto, no es la modernización del Estado ni la mejora de procesos. Es entregar mayor flexibilidad a la autoridad para disminuir la cantidad de personal que, por distintas vías, cuenta con financiamiento fiscal para su desempeño (más de un millón de personas en Chile). Probablemente Hacienda ya cuenta con cálculos sobre el óptimo de funcionarios a financiar y lo que habría que sacar del Estado.

Resulta obvio pensar que impulsar una reforma que apunte única y directamente a la reducción del empleo público generaría problemas directos con trabajadores, trabajadoras y sus organizaciones. Por tanto, el gobierno optó por la convocatoria a una comisión de expertos que revise la situación estatutaria del empleo público, manteniendo su objetivo central: flexibilizar las normas para poder reducir el empleo público.

No es dable esperar, entonces, una reforma que resuelva los problemas centrales del empleo público como producto del proceso que ha comenzado el gobierno. De hecho, ya resulta metodológicamente cuestionable que no se esté mirando lo que ocurre con el Estado en su conjunto y la evidente necesidad de impulsar un nuevo proceso de modernización.

El impulso modernizador generado en la década de los 90, con la perspectiva de la Nueva Gestión Pública, permitió introducir planificación estratégica en los servicios y, sobre todo, presupuesto orientado a objetivos estratégicos, lo que se acompañó de mayor desarrollo tecnológico y de accountability.

Sin embargo, perdió fuerza e incluso ha experimentado retrocesos. Lo anterior requería que buena parte del sector público central comenzara a levantar sus procedimientos y estandarizarlos, para permitir entender adecuadamente lo que cada interviniente en los procesos hacía, cuáles eran sus responsabilidades, cómo eran los flujos, sus requisitos, etc.

Hoy, buena parte de eso se ha perdido y, sin duda, se hace imprescindible un nuevo impulso modernizador, ahora mediado decisivamente por la inteligencia artificial.

Por lo mismo, no se entiende la desidia del sistema político —mediado por este gobierno o los anteriores— para enfrentar la situación, ya que sus discursos apuntan a conducir a Chile hacia un estadio de desarrollo mucho mejor, sin embargo esto no pasa de ser un discurso.

Tal vez en la misma mediocridad de nuestro actual sistema político, lleno de fraccionamientos, negocios particulares o populismo, encontremos la explicación de nuestro marasmo político-cultural, que nos hace pensar más en la ganancia de corto plazo que en cimentar condiciones para que nuestra comunidad alcance mayores niveles de desarrollo.

Sin duda, plantear la conversación sobre modernización requiere hoy iluminarla con referencias valóricas más específicas, sobre todo cuando el mundo cambia aceleradamente hacia lugares más oscuros.

Hablar hoy de modernización no puede despegarse de la conversación sobre soberanía. Para ello es importante mirar hacia otros lugares, como Francia, por ejemplo, donde, bajo una decisión de la Dirección Interministerial de lo Digital, se elimina progresivamente a Microsoft de los equipos y redes de la administración pública, migrando a Linux y a sistemas de código abierto.

Ello significa eliminar Windows y Teams, reemplazándolos por otras alternativas. La decisión se basa, entre otras cosas, en la soberanía de datos, debido al acceso del gobierno norteamericano a los datos de Microsoft.

Resumiendo, Chile sí requiere con urgencia modernizar el Estado, y el empleo público puede ser un colaborador de esa modernización, reformulándose de acuerdo con los requerimientos de un nuevo impulso.

Pero disfrazar procesos de reducción del empleo público (o despidos masivos) con el halo de la modernización del Estado es un despropósito más en la larga cadena de desaciertos provenientes del sistema político, y que nos tienen donde nos tienen.