Seguridad en “el corazón del Gobierno”

A más de un año de la entrada en funcionamiento del Ministerio de Seguridad Pública, el Gobierno evalúa trasladar sus dependencias a La Moneda. La decisión, según se ha explicado, responde a razones prácticas y de seguridad. Pero la idea ha sido acompañada también de una expresión bastante más interesante: devolver la seguridad al “corazón del Gobierno”.

Puede parecer una discusión sobre oficinas. No lo es.

Hace menos de tres años, mientras se discutía la creación del Ministerio de Seguridad, esa misma expresión servía para defender precisamente lo contrario.

En noviembre de 2023, la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, explicaba que la presencia de la seguridad en el “corazón político del Gobierno”, junto a las funciones de Interior y tan cerca del centro del gobierno, tendía a cargar políticamente sus debates e impedir una mayor dedicación especializada. La nueva institucionalidad buscaba, entre otras cosas, separar esas funciones y entregar a la seguridad una estructura sectorial y profesional.

La paradoja merece atención.

Chile tardó casi dos décadas en separar la seguridad pública del Ministerio del Interior. El debate atravesó distintos gobiernos y sectores políticos hasta alcanzar un acuerdo transversal bastante excepcional: separar las funciones propias de la conducción política general del Gobierno de una institucionalidad dedicada específicamente a conducir la seguridad pública.

La Ley 21.730, que creó el Ministerio de Seguridad Pública, fue finalmente publicada en febrero de 2025. No se trató simplemente de dividir un ministerio demasiado grande. Detrás de esta decisión existía un diagnóstico institucional: quien ejerza la conducción política del Gobierno, administra sus relaciones con el Congreso, las regiones y los distintos actores políticos, no necesariamente debe ser, al mismo tiempo, quien conduce y evalúa la política pública en materia de seguridad.

Por eso, la pregunta relevante no es si el ministro de Seguridad tendrá su oficina en Teatinos o en La Moneda. Un cambio de edificio no modifica las competencias que la ley ya le entrega al Ministerio ni supone, por sí mismo, deshacer la reforma institucional.

La pregunta es qué entendemos hoy por devolver la seguridad al “corazón del Gobierno”.

Porque existen, al menos, dos dimensiones de seguridad pública.

Una es inevitablemente contingente. Un homicidio especialmente violento, una nueva modalidad criminal, una crisis penitenciaria o un aumento en la percepción de inseguridad exigen respuestas inmediatas. El Gobierno debe reaccionar, comunicar y hacerse políticamente responsable. Nada de eso desaparecerá porque exista un ministerio especializado.

Pero hay otra dimensión menos visible y probablemente más determinante para sus resultados: construir capacidades estatales que sobrevivan a la contingencia.

Eso supone coordinar policías, producir y analizar información, fortalecer inteligencia, seguir el dinero de las organizaciones criminales, prevenir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, controlar las cárceles e invertir en tecnología.

Para eso se necesita conducción política, pero también especialización, continuidad y evaluación.

Chile ha realizado durante los últimos años un esfuerzo institucional y legislativo considerable precisamente en esa dirección. Durante la administración anterior se promulgaron más de 70 leyes vinculadas a seguridad. Se crearon y modificaron herramientas para enfrentar el crimen organizado, se fortaleció la persecución patrimonial, se reformaron instituciones y finalmente se creó un ministerio dedicado exclusivamente a esta materia.

El desafío de esta etapa debiera ser demostrar que esa arquitectura puede producir resultados.

La discusión actual sobre nuevas reformas en seguridad muestra bien esta tensión. Frente a problemas reales y urgentes, el debate vuelve rápidamente a concentrarse en nuevas facultades, nuevos estatutos y nuevas herramientas jurídicas. Algunas podrán ser necesarias. Pero después de años de intensa producción legislativa, debería existir una pregunta previa: ¿Qué capacidad concreta le falta hoy al Estado y por qué las herramientas existentes no permiten desarrollarla?

La diferencia no es menor. Una nueva norma puede aprobarse en meses. Construir capacidad estatal toma años.

El Ministerio de Seguridad se creó precisamente para abordar esa tarea. No solo para impulsar legislación o responder a la crisis de la semana, sino para contar con una institucionalidad capaz de coordinar, planificar, implementar y evaluar políticas de seguridad más allá del ciclo de la noticia. 

Nada de eso supone despolitizar la seguridad en un sentido ingenuo. La seguridad es y seguirá siendo política. El presidente define prioridades, el Congreso legisla, los ministros responden políticamente y los ciudadanos tienen derecho a exigir resultados.

La cuestión es otra: centralidad política y especialización institucional no son lo mismo.

Un Ministerio de Seguridad fuerte no debiera ser el que más cerca está del despacho presidencial, sino aquel que tenga capacidad para conducir una política pública compleja, coordinar instituciones poderosas, exigir resultados y sostener una estrategia más allá del ciclo de la noticia.

Si hace menos de tres años se advertía que situar la seguridad en el corazón político del Gobierno podía dificultar su especialización, vale la pena preguntarse qué cambió desde entonces.

La pregunta no es si la seguridad debe estar en el centro de las prioridades del Gobierno. Evidentemente debe estarlo. La pregunta es si para conseguirlo necesitamos acercarla nuevamente al centro de la contingencia política o fortalecer la institucionalidad especializada que acabamos de crear.

El verdadero desafío es que la urgencia no termine devorándose a la institucionalidad.