100 años de áreas protegidas y conservación en Chile. ¿Qué hará el Gobierno?

Los centenarios no son solo celebraciones, también son diagnósticos y momento para comprometer avances.

Chile cumple 100 años de áreas protegidas y poco más de 100 años de conservación de la naturaleza, es una oportunidad política y también una obligación institucional: la de evaluar con rigor no solo lo construido, sino también lo que falta por construir.

El país cuenta hoy con alrededor de 300 áreas terrestres y marinas protegidas, santuarios de la naturaleza y otras figuras de resguardo, administradas por diferentes entes del Estado, además de otras a cargo de privados. A ello se suma la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas —SBAP—, la reforma institucional más significativa en esta materia en décadas. Se trata de un acervo construido a través de sucesivos gobiernos, lo que no es un dato menor: pocos ámbitos de política pública exhiben ese grado de consistencia transversal.

Pero la consistencia no es suficiencia. Y el balance honesto del centenario obliga a reconocerlo.

La brecha entre norma y realidad

El primer déficit es cuantitativo y conocido. Al año 2022, el 67% de los ecosistemas terrestres del país no alcanzaba el umbral mínimo de protección fijado por las metas de Aichi, equivalente al 17% de su superficie —meta que, por lo demás, el estándar internacional ya elevó al 30% hacia 2030—. A eso se suma un déficit financiero estructural: diversos estudios proyectan que las necesidades de financiamiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas seguirán superando con holgura los recursos disponibles durante los próximos años.

Como parte de la conmemoración del centenario, el Gobierno anunció la creación de un fondo patrimonial de USD 10,3 millones, financiado con recursos internacionales del Fondo Global del Medio Ambiente (GEF). La iniciativa es pertinente como instrumento de gestión financiera de pequeña escala para enfrentar necesidades específicas o situaciones excepcionales, pero no constituye una respuesta a la brecha estructural de financiamiento del sistema. También puede servir para apalancar recursos. No obstante, lo central es que los recursos que el fondo eventualmente genere se materializarán, en el mejor de los casos, entre 2031 y 2032 y, en un escenario de inversión moderado, aportarían alrededor del 1,4% de los recursos consignados en el presupuesto 2026 para las áreas protegidas del Estado. Los que pueda apalancar vendrán más tarde.

Para cerrar la brecha existente, se requiere un plan financiero de largo plazo articulado en torno a instrumentos de financiamiento multilateral u otros mecanismos de escala equivalente al problema, medida ausente de los anuncios gubernamentales.

Resulta llamativo, en ese contexto, que el Gobierno eluda referirse a lo que puede y debe implementar en el corto plazo: los $10.000 millones para infraestructura que la propia Ley SBAP estableció —equivalentes hoy a USD 10,9 millones— y que siguen sin compromiso presupuestario.

El Gobierno está anunciando un compromiso cuya ejecución recaerá en su sucesor y guarda silencio sobre los compromisos que está en sus manos cumplir en el próximo presupuesto.

La prioridad que el centenario debe instalar

La pregunta relevante en este centenario es cuánto del diseño normativo de protección de la naturaleza contenido en la Ley SBAP se está traduciendo en capacidad institucional efectiva. Uno de ellos es el referido a las áreas protegidas. No obstante, el gran aporte de dicha ley es que compromete llenar el principal vacío de conservación del país: un sistema de conservación más allá de las áreas protegidas. De ese compromiso, el Gobierno no habla y es urgente que lo haga.

La cultura institucional de las áreas protegidas lleva un siglo consolidándose. Gobiernos, sector privado, academia y sociedad civil las reconocen, las valoran y las sienten parte del patrimonio colectivo. Esa inercia positiva es un activo necesario, pero no suficiente para desarrollar el sistema de conservación complementario que la Ley SBAP impulsa fuera de los límites de las áreas protegidas. Se trata de un sistema que involucra actores y lógicas distintas, con instrumentos que aún no han sido diseñados, ni implementados con la seriedad que el desafío requiere. Es el terreno donde la institucionalidad tiene menos experiencia acumulada y, precisamente por eso, donde el potencial de impacto es mayor.

La decisión de país está tomada: para eso existe el SBAP. La pregunta es cuándo el Gobierno se hará cargo de implementarla.

Lo que el centenario dejó sin respuesta

¿Qué aportará esta administración a la conservación durante su período? La pregunta es legítima y hasta ahora no tiene respuesta.

En materia de áreas protegidas, no hay compromiso de que el presupuesto 2027 contemple los $10.000 millones para infraestructura establecidos por ley. No hay certeza sobre la incorporación de los 570 guardaparques que la misma ley compromete. No hay información precisa sobre el estado de los reglamentos pendientes, ni sobre la nueva fecha para el traspaso de las áreas protegidas al SBAP.

La conservación fuera de las áreas protegidas no mereció una sola mención en el discurso oficial del centenario. El desafío más relevante de los próximos cien años quedó fuera de la agenda del día.

Este centenario es un momento excepcional para articular una visión de largo plazo y responder preguntas de fondo sobre el diseño institucional de la conservación en Chile y su implementación. No solo una oportunidad para celebrar lo ya hecho.

Cien años de áreas protegidas es un logro genuino para la conservación. Lo que el próximo siglo requiere es un Estado que cumpla los compromisos que ya tiene y adquiera los que todavía faltan.