Democracia, mercado e IA: el nuevo campo de batalla

Durante años se nos vendió una versión cómoda de la globalización: abrir mercados, atraer inversiones, exportar más y esperar que el progreso se derramara casi por gravedad. El problema es que la realidad fue bastante menos amable. La globalización sí abrió oportunidades, pero también elevó brutalmente las exigencias de calificación, innovación y competitividad. Donde no hubo políticas capaces de unir transformación productiva y equidad, los beneficios se concentraron, las frustraciones crecieron y la fractura social dejó de ser una advertencia académica para convertirse en combustible político.

Ese combustible ya está ardiendo. En demasiadas democracias, la mezcla de desigualdad, miedo al descenso social y desconfianza institucional está empujando a sectores amplios hacia opciones populistas y de extrema derecha que prometen orden, castigo y fronteras como si fueran soluciones mágicas. Allí donde la globalización dejó ganadores visibles y perdedores sin relato, la rabia encontró empresarios políticos dispuestos a convertir el malestar en identidad, enemigo y voto.

Ese es el terreno fértil sobre el que prospera la nueva política del repliegue: una política que ya no discute solo impuestos, salarios o crecimiento, sino pertenencia, miedo y control. La promesa es simple y seductora: culpar al extranjero, castigar al adversario interno y recuperar una soberanía supuestamente perdida a punta de muros, aranceles y gestos de fuerza. Trump entendió antes que muchos que la economía abierta podía convertirse en una batalla cultural.

Trump no inventó este mundo, pero lo desnudó sin pudor. Sus políticas comerciales enterraron la ingenuidad de quienes creían que el comercio mundial seguiría obedeciendo dócilmente a reglas multilaterales, tribunales y comunicados diplomáticos. Hoy mandan los aranceles, las sanciones, los controles tecnológicos y la sospecha estratégica. La globalización no murió: se volvió más áspera, más política y bastante menos inocente.

Pero sería absurdo responder a este giro refugiándose en el provincianismo. No se trata de cerrar ventanas ni de botar a la basura décadas de aprendizaje exportador, innovación e integración productiva. Se trata de entender que competir ya no es solo producir barato y vender lejos. Competir exige leer el tablero geopolítico, reducir dependencias peligrosas, construir alianzas confiables y combinar apertura con resiliencia. Quien no entienda eso confundirá soberanía con encierro.

La cohesión social tampoco es un adorno moral para discursos de sobremesa. Es una condición dura del desarrollo. La pobreza baja cuando hay crecimiento estable, baja inflación y políticas sociales robustas; vuelve a subir cuando llegan las recesiones, los ajustes fiscales torpes o las crisis financieras que siempre terminan pagadas por los mismos. Fingir que la política económica puede caminar por un lado y la política social por otro es una receta vieja para producir sociedades cansadas, desconfiadas y políticamente inflamables.

Democracia y mercado siguen siendo la mejor combinación disponible, pero solo si se dejan de tratar como dogmas religiosos. Los mercados sin competencia real se convierten en clubes cerrados; la democracia sin límites al poder económico termina capturada por quienes financian, presionan y vetan. La globalización amplifica ese riesgo: concentra riqueza, datos, influencia y capacidad de lobby. Por eso la pregunta incómoda no es si queremos mercado, sino quién lo gobierna y para quién funciona.

De ahí que seguir separando política económica y política social sea una comodidad intelectual peligrosa. La economía debe mirar sus efectos distributivos antes de celebrar sus promedios; la política social debe fortalecer capacidades, productividad y autonomía, no solo administrar daños. El problema no es elegir entre eficiencia y equidad. El problema es que demasiadas veces se usa la eficiencia como excusa para postergar la equidad, y luego se finge sorpresa cuando aparece el malestar.

Las reformas de mercado que olvidan la equidad no modernizan: excluyen con lenguaje técnico. Reducen oportunidades para los grupos más vulnerables, precarizan empleos, encarecen riesgos sociales y deterioran el acceso a servicios básicos. Después, cuando la confianza se evapora y la democracia se llena de rabia, algunos descubren tardíamente que la desigualdad también vota y tiende a votar populismo.

A este paisaje se suma la inteligencia artificial, presentada con demasiada frecuencia como si fuera una lluvia de progreso inevitable. No lo es. Puede mejorar productividad y servicios de manera impresionante, claro, pero también puede concentrar poder como pocas tecnologías antes. Datos, algoritmos y plataformas en manos de pocos actores son una amenaza directa para la deliberación democrática: facilitan manipulación informativa, polarización, vigilancia opaca y decisiones automatizadas que nadie explica, pero todos padecen.

La IA también puede convertirse en una máquina de desigualdad si sus beneficios quedan capturados por quienes ya tienen capital, infraestructura digital y acceso al conocimiento. Sin políticas públicas activas, automatizar puede significar desplazar empleos, partir aún más el mercado laboral y ampliar la distancia entre empresas, territorios y personas. Gobernar la globalización hoy exige gobernar la tecnología. Lo demás es dejar que el algoritmo decida la política social.

En ese contexto, enternece la ingenuidad de quienes creen que la competitividad se resuelve bajando impuestos, como si el siglo XXI fuera una subasta tributaria y no una disputa por conocimiento, tecnología, infraestructura, talento y cohesión social. Los países no compiten solo por cobrar menos; compiten por aprender más, innovar mejor, coordinar políticas públicas y ofrecer certezas institucionales. Pretender ganar competitividad bajando impuestos es confundir una estrategia de desarrollo con un cupón de descuento.

En la economía global, la competitividad ya no cabe en una planilla de costos laborales. Es sistémica: depende del conocimiento, la tecnología, las instituciones, la infraestructura, la educación y la calidad de los sistemas sociales. Un país fracturado puede exportar, pero difícilmente podrá competir de manera sostenible. La integración social no es caridad: es infraestructura democrática y productiva.

Por eso la competitividad del siglo XXI debe incluir capacidades digitales, innovación, transición energética, cuidados y adaptación ambiental. No son anexos decorativos de la agenda económica: son el corazón de su viabilidad.

Chile y América Latina tienen que actuar ahora: invertir en conocimiento, regular el poder tecnológico, fortalecer la protección social y convertir la equidad en estrategia de desarrollo. Si no lo hacen, el desarrollo seguirá siendo una promesa repetida mientras la democracia se desgasta y la globalización cambia de dueño.