El año “libre” para el mal uso de los datos personales de los consumidores

La entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales se postergó por un año más, y mientras la Agencia de Protección de Datos Personales no entre en pleno funcionamiento, es el Sernac quien debe fiscalizar a las empresas en esta materia dentro de la relación de consumo, conforme al artículo 15 bis de la Ley del Consumidor.

La pregunta que corresponde hacerse es simple: ¿Está el Sernac ejerciendo esa función? Todo indica que no, y ese año adicional se está usando, en los hechos, para no avanzar en absoluto.

No se trata de un detalle técnico. Es, en la práctica, un año en que las empresas operan con la certeza de que difícilmente serán fiscalizadas por el mal uso de los datos personales de sus clientes en el ámbito del consumo. El caso de las plataformas de apuestas en línea que ofrecen servicios a menores de edad, tratando datos personales sensibles sin los resguardos que la ley exige, es el ejemplo más elocuente y más urgente: es precisamente en esos espacios donde conviven, al mismo tiempo, un vacío regulatorio y un consumidor especialmente vulnerable, y donde la autoridad debiera actuar con urgencia y no con la indiferencia que hemos visto hasta ahora. Lo mismo ocurre en la defensa del consumidor financiero, otro ámbito donde el tratamiento de datos personales es masivo y sensible, y donde tampoco se observa una gestión a la altura.

Esta pasividad no ocurre en el vacío. El Sernac lleva seis meses sin que el actual Gobierno resuelva la situación de su Director Nacional, suspendido desde octubre de 2025, y la conducción ha recaído, mientras tanto, en la Subdirectora de Fiscalización, quien ejerce simultáneamente ambas funciones. Ese arreglo es justamente lo que la ley del Sernac busca evitar, pues la separación entre quienes fiscalizan y quienes deciden sobre Procedimientos Voluntarios Colectivos y Juicios Colectivos es un mandato legal, no una recomendación.

Seis meses no son un período de ajuste razonable para resolver algo tan básico como quién dirige un servicio público que hoy, además, tiene en sus manos una tarea tan relevante como fiscalizar el uso de los datos personales de millones de consumidores. Sin una conducción estable, es difícil esperar que el Sernac diseñe y ejecute el plan de fiscalización que esta materia exige.

Desde Conadecus creemos que la responsabilidad política de esta inacción recae en el Gobierno, y así lo decimos: no basta con haber obtenido un año adicional de plazo si ese año se transforma en un año libre de fiscalización para las empresas.

Exigimos que el Sernac transparente si existe o no un plan de fiscalización en materia de datos personales de consumidores, que se resuelva de una vez la situación del Director Nacional, y que el Gobierno entienda que cada mes que pasa sin acción es un mes en que los datos personales de los consumidores —incluidos los de niños, niñas y adolescentes en plataformas de apuestas— quedan, en los hechos, desprotegidos.