Los adultos detrás del delito adolescente

Cuando un niño, niña o adolescente (NNA) comete un delito, casi siempre hay alguien más que obtiene una ventaja de ello. Ese NNA queda expuesto a ser detenido, herido o incluso muerto, mientras otro, normalmente un adulto, proporciona el arma, encarga el delito, compra lo robado o se queda con parte de las ganancias. En otras palabras, uno pone el cuerpo y otro obtiene el beneficio.

El robo de vehículos muestra con crudeza esta realidad. Según el Informe de Crimen Organizado del Ministerio Público, durante 2024 el 44% de los detenidos por sustracción de vehículos eran niños, niñas o adolescentes. En portonazos y encerronas son muchas veces ellos quienes aparecen en primera línea, pero detrás existe una cadena logística más amplia: alguien entrega información, proporciona armas, encarga determinados vehículos o luego reduce las especies robadas.

No es extraño, entonces, que exista un amplio acuerdo en que la responsabilidad del adulto debe ser mayor a consecuencia de esta utilización de una persona menor de edad. Una encuesta Plaza Pública Cadem mostró que el 88% está de acuerdo con aumentar las penas a quienes recluten menores de edad para cometer delitos. Se trata de adultos que utilizan a niños y adolescentes como sus soldados, mientras estos permanecen más lejos del riesgo y se benefician de los ilícitos que cometen.

Aquí el daño es doble. Se daña a la víctima directa del delito, pero también se daña al país cuando se empuja a un niño o adolescente a iniciar una trayectoria delictiva que después será muy difícil de detener. Cada niño o adolescente que entra tempranamente al circuito del delito es también una señal de que llegamos tarde como sociedad.

El Congreso está discutiendo dos proyectos que apuntan precisamente a este problema desde aristas complementarias. El impulsado por la diputada Lorena Fries busca sancionar el reclutamiento de NNA para incorporarlos a asociaciones delictivas o criminales. El presentado por el diputado César Valenzuela, junto a otros parlamentarios, se hace cargo de una situación distinta: aumenta penas del adulto que induce, facilita, utiliza, constriñe, promueve o instrumentaliza a un menor de edad para cometer un delito concreto, aunque no exista una banda detrás. La distinción importa porque la delincuencia no siempre funciona mediante estructuras permanentes; también opera con oportunidad, flexibilidad y espontaneidad. Además, este último proyecto aumenta el reproche cuando el adulto se aprovecha de relaciones de vulnerabilidad, dependencia o familiaridad, y lo agrava todavía más cuando, producto de esa instrumentalización, el niño o adolescente resulta gravemente lesionado o muerto.

La respuesta frente a este fenómeno, por supuesto, no puede ser solamente sanciones. Necesitamos prevención en los barrios, evitar la deserción escolar, acompañar a las familias, llegar antes de que un niño o niña inicie una trayectoria delictiva, e interrumpirlas cuando éstas han iniciado. Pero perseguir, prevenir y reinsertar no son contradictorios. Si utilizar a un NNA permite a un adulto disminuir su propio riesgo y aumentar sus ganancias, entonces la ley debe hacer exactamente lo contrario: elevar el costo de utilizarlo y quitarle cualquier incentivo para seguir poniendo a niños y adolescentes en la primera línea del delito.