Cuando el reglamento no basta, el criterio también educa

La entrada en vigencia de la nueva Ley sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas abre una oportunidad importante para preguntarnos cómo estamos entendiendo y gestionando la convivencia al interior de nuestros colegios.

La nueva normativa pone énfasis en la prevención, el buen trato, el bienestar socioemocional y en una mirada pedagógica de la convivencia. Y ese cambio de enfoque plantea, a mi juicio, una reflexión necesaria: los reglamentos son indispensables, pero ningún reglamento puede reemplazar el criterio de quienes tienen la responsabilidad de educar y tomar decisiones.

En educación necesitamos reglas. Los reglamentos internos, protocolos y procedimientos son fundamentales para ordenar la convivencia, establecer límites y entregar certezas a toda la comunidad escolar. Pero existe un riesgo cuando comenzamos a creer que tener un protocolo para cada situación significa tener también la respuesta correcta para cada caso.

No es así.

Después de años vinculada a la educación, he aprendido que una de las capacidades más importantes de quienes tenemos la responsabilidad de educar y tomar decisiones es el criterio. Y mi experiencia como madre me ha permitido comprender, además, algo que desde la gestión no siempre alcanzamos a dimensionar: es que detrás de cada decisión escolar hay un niño, una familia y una historia que pueden verse profundamente afectados por ella.

Un reglamento establece un marco. El criterio permite comprender cómo aplicarlo.

Dos estudiantes pueden cometer una misma falta, y sin embargo, encontrarse en circunstancias completamente distintas. La edad, la intencionalidad, los antecedentes, el contexto en que ocurrió un hecho, su gravedad real, la reiteración de la conducta, las necesidades particulares del estudiante y las consecuencias que tendrá una determinada medida son elementos que necesariamente deben formar parte del análisis.

Eso no significa relativizar las normas ni dejar de establecer límites. Tampoco significa que cada familia pueda exigir una excepción cuando una decisión no le gusta. Tener criterio no es actuar arbitrariamente. Es exactamente lo contrario: es ser capaz de fundamentar por qué, dentro de un marco común, una determinada decisión es justa, proporcional y educativamente adecuada para ese caso particular.

Aquí la nueva Ley de Convivencia Educativa nos entrega una señal especialmente relevante. Al definir la buena convivencia, incorpora expresamente el interés superior de niños, niñas y adolescentes, junto con el respeto de los derechos, el cumplimiento de los deberes y el ejercicio de la autoridad pedagógica y directiva. Es decir, proteger al estudiante y ejercer autoridad no son principios contrapuestos; ambos deben convivir dentro de una comunidad educativa.

Y ahí aparece una distinción que considero esencial.

Un colegio no es un tribunal y un reglamento escolar no debiera funcionar como un código penal. La finalidad última de una institución educativa no es sancionar: es educar. Por eso, antes de adoptar una medida, debiéramos preguntarnos no solamente qué establece el reglamento, sino también qué queremos lograr con esta decisión: ¿queremos que el estudiante comprenda lo ocurrido?, ¿que repare un daño?, ¿que modifique una conducta?, ¿que aprenda a hacerse responsable?, ¿que pueda reintegrarse adecuadamente a su comunidad?

Si una medida cumple formalmente con el reglamento, pero no consigue ninguno de esos objetivos, o incluso termina profundizando el problema que pretendía resolver, entonces es legítimo preguntarse si estamos realmente educando. 

El criterio también exige detenerse antes de decidir: escuchar todas las versiones; revisar los antecedentes; diferenciar hechos de interpretaciones; preguntarse si contamos con toda la información necesaria; evaluar proporcionalidad; considerar las características del estudiante y, especialmente cuando se trata de decisiones de alto impacto, preguntarnos cuáles pueden ser sus consecuencias antes de ejecutarlas.

Porque hay decisiones escolares que se toman en minutos y cuyos efectos pueden acompañar a un niño durante gran parte de su vida.

La nueva legislación avanza justamente hacia una comprensión más amplia de la convivencia. Los establecimientos deberán incorporar en sus planes no solo acciones frente a los conflictos, sino también estrategias de prevención, mediación, resolución pacífica, desarrollo socioemocional y salud mental. La convivencia deja de entenderse únicamente como una cuestión disciplinaria para reconocerse también como un proceso educativo.

Esto supone un desafío mucho mayor para los colegios.

“Lo dice el reglamento” no puede convertirse en una forma de renunciar a pensar.

Quienes dirigimos instituciones educativas debemos aspirar a algo más exigente: contar con equipos capaces de conocer profundamente sus reglamentos, pero también de conversar, discernir, consultar cuando sea necesario y asumir responsablemente las decisiones que adoptan.

Esto requiere experiencia, formación y liderazgo. Pero requiere también humanidad.

Porque aplicar criterio implica comprender que detrás de un expediente, una anotación, una denuncia o una sanción existe una persona en formación. Un niño o adolescente que probablemente se equivocará muchas veces antes de convertirse en adulto. Y precisamente para eso existe la educación, no para eliminar el error, sino para transformarlo en aprendizaje.

La nueva Ley de Convivencia Educativa puede ser una oportunidad para avanzar en esa dirección. No necesitamos colegios con menos reglas. Necesitamos comunidades educativas capaces de aplicar esas reglas con proporcionalidad, sentido pedagógico y criterio.

Las mejores comunidades educativas no son necesariamente aquellas que aplican más protocolos ni aquellas que sancionan con mayor rapidez. Son aquellas capaces de combinar normas claras con decisiones sensatas; firmeza con proporcionalidad; responsabilidad con comprensión; y reglamentos con criterio.

Porque educar también consiste en saber cuándo aplicar una norma, cómo aplicarla y, sobre todo, comprender para qué la estamos aplicando.

Un reglamento puede indicarnos el procedimiento.

El criterio es el que finalmente nos permite educar.