Elecciones de medio mandato: ¿El inicio del fin del poder absoluto de Trump?

No sólo los estadounidenses están esperando las “midterm elections” ante la magra situación socio-económica y amenazante situación de la democracia, sino que el mundo entero la espera con especial atención a partir de la política exterior disruptiva que ha impuesto Trump, esa de un “neo imperialismo” que ha exacerbado el nacionalismo, las acciones  unilaterales, la presión económica, la coacción militar y la diplomacia transaccional en función de lograr ventajas tanto para EE.UU. como para su esfera personal, pero que ha causado un claro debilitamiento de la paz y de las instituciones y reglas multilaterales que la sustentan.

Desde la promulgación de la Ley Electoral de 1845, las elecciones de medio mandato se celebran el martes siguiente al primer lunes de noviembre (ahora toca el 03/11/2026) y en ella se eligen los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los 100 escaños del Senado. Actualmente, tanto el Senado (53-47) como la Cámara de Representantes (218-213 y 4 vacantes) están controladas por el Partido Republicano. Sin embargo, lo que está en juego no es solo un reequilibrio entre los dos partidos tradicionales en el Parlamento, sino que los límites del poder del propio presidente Trump al ser estás elecciones una suerte de evaluación plebiscitaria del manejo del gobierno.

Durante el primer mandato de Trump (2018), el Partido Republicano perdió 40 escaños en la Cámara de Representantes en la elección de medio mandato, mostrando hasta qué punto el desgaste de un presidente puede trasladarse a los candidatos de su partido. La omnipresencia egocéntrica del presidente Trump hoy hace más difícil que los candidatos republicanos se diferencien, generando una situación parecida a la del 2018 como se ve en la intención de voto en favor del Partido Demócrata de 48.2% a 41.8%, distancia que podría extenderse si tomamos en cuenta el gran desgaste del liderazgo del presidente. Un promedio de las encuestas al mes de agosto, por ejemplo, le dan a Trump solo un 39,6% de apoyo frente a un 57% de desaprobación, siendo la economía, inflación y la guerra de Irán los ítems que concentran más desaprobación (por encima del 60%), mientras que la desaprobación para otros temas como inmigración, delincuencia, Ucrania y Gaza está por encima del 50%.  

A estas percepciones negativas, se suma la relación del caso Epstein con las autoridades y, particularmente, con Trump. Así, por ejemplo, un 69% de los estadounidenses considera que los archivos Epstein muestran que las personas poderosas en EE.UU. rara vez rinden cuentas por sus actos o el 75% cree que el gobierno todavía oculta información sobre los supuestos clientes de Epstein. Es decir, este caso además de afectar la imagen presidencial, alimenta una amplia percepción de impunidad de las élites y falta de transparencia/desconfianza en las instituciones, factores que terminan golpeando directamente al gobierno de turno. 

El 2024 Trump logró una victoria más sólida que la del 2016 al obtener casi 77,3 millones de votos (49,8%) y ganar en la gran mayoría de los estados (312 votos electorales). Sin embargo, hoy los estadounidenses ya no creen en la capacidad (incluso mental) y gestión del presidente (ej. desde el inicio del conflicto con Irán la gasolina ha subido cerca de 60% y con ello el resto de los precios de artículos básicos), por lo que la pregunta parece encaminarse a no si va a haber castigo o no, sino de cuánto va a ser y cuanto afectará a los republicanos.  

Ante ello y en vista a perpetuar su figura y su proyecto iliberal, organismos como el Brennan Center (un instituto no partidista de derecho y políticas públicas afiliado a la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York), han alertado que la administración Trump está tratando de socavar el mismísimo proceso electoral con la alteración de las reglas electorales y una mayor intervención federal. No olvidemos que Trump fue el primer presidente en tratar de anular los resultados de una elección presidencial (2020) y que utilizó el poder federal para hacerlo (ej. quiso requisar las máquinas de votación y tuvo la resistencia del fiscal general de entonces, William Barr, o le dio el apoyo implícito a los trumpistas que asaltaron el Capitolio el 06/01/2021). 

Por suerte varias instituciones y funcionarios clave se lo impidieron entonces. Sin embargo, estos controles internos ya no están tan en pie como en el 2020. La Casa Blanca no sólo ha despedido a decenas de miles de empleados públicos y puesto a los suyos, sino que está intentado aumentar el control federal sobre aspectos que tradicionalmente administran los estados y municipios, generando conflictos jurídicos sobre competencias. Así, por ejemplo, destaca la presión sobre organismos electorales y datos sensibles de votantes al buscar acceder a grandes bases de datos electorales y cuestionar los sistemas de votación, alimentando controversias sobre seguridad e integridad electoral (se está sembrando la sensación de fraude para cuestionar y/o debilitar los resultados si le son contrarios). 

Junto a ello, se han denunciado ataques o amenazas en contra autoridades y funcionarios electorales y otros que trabajan para que las elecciones sean libres y justas por parte de nuevos grupos de tareas creados a nivel federal (el Grupo de Trabajo de Instrumentalización Política del Departamento de Justicia, el Grupo de Tareas para la Integridad Electoral de la fiscalía federal de Nueva Jersey y la Unidad Especial: Rendición de Cuentas sobre las Elecciones de la fiscalía en Washington, D.C.). Estos representan un enfoque judicial federal con respecto a las elecciones que se concentra en atacar al electorado, a las autoridades electorales, a adversarios políticos y a la prensa. 

Asimismo, el presidente firmó varias órdenes ejecutivas para revocar las autorizaciones federales de seguridad a seis firmas de abogados y prohibirle al gobierno federal contratarlas, firmas que han participado en litigios que buscan proteger el derecho al voto y tienen vínculos con personas que presentaron demandas por el ataque al Capitolio (el segundo día de su mandato Trump indultó a acerca de 1.500 personas que habían participado en este atentado y algunos de ellos supuestamente participan en ICE – Servicio de Inmigración y Control de Aduanas: hay una investigación en el Congreso). 

La administración también está intentando imponer nuevas “restricciones” a las papeletas enviadas por correo, medida que desfavorece al voto demócrata y está siendo litigada judicialmente. También hay un endurecimiento para registrarse y votar al impulsar Trump directrices que los estados exijan prueba de ciudadanía para registrarse, algo que podría dificultar el acceso al voto de determinados grupos de menores ingresos, migrantes y más proclives a los demócratas. A ellos, se le une el gerrymandering (redistribución de los distritos electorales) ordenado por Trump a los estados republicanos para mejorar las posibilidades electorales a través del reordenamiento (limitando o concentrando votos). 

Por último, entre otras, destaca también las declaraciones de Trump sobre el posible uso de fuerzas federales en ciudades o durante el proceso electoral, generando intimidación al estilo que lo hace ICE, aunque el jefe del Estado Mayor Conjunto confirmó que no existen planes para desplegar tropas en los centros de votación. Si a eso se le agrega el factor de la inteligencia artificial que puede amplificar las amenazas contra la ciberseguridad (Trump debilitó la estructura y misión de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad – CISA, la cual incluye los sistemas lectorales) y la propagación de la información errónea, nos encontramos por delante con una elección con interpelaciones y sin precedentes.

Si bien muchos funcionarios cumplirán con la voluntad del presidente Trump y abandonarán su rol de protección del electorado y del proceso electoral, autoridades electorales locales y estatales, tribunales y otros actores están luchando para asegurar elecciones limpias y que el electorado tenga la última palabra. Trump no puede suspender las elecciones con una de sus famosas ordenes ejecutivas o declarando emergencia nacional, pero si puede alterar las condiciones en que se realizan (reglas sobre voto por correo, identificación, registro electoral, distritos, administración y seguridad electoral), incluso cometiendo el supuesto delito de soborno (dijo que le daba US$ 5 mil a cada persona si ganaban los republicanos).

En estas elecciones, por tanto, donde Trump seguramente perderá el control de uno de los tres poderes del Estado en medio de una subversión electoral como dice el Brennan Center, no solo se juega la calidad democrática de EE.UU., sino que también un cambio (muy esperado) en la política internacional de la Casa Blanca y, en particular, en la estrategia de Trump para reafirmar el dominio y la influencia de EE.UU. en el hemisferio occidental (la Doctrina Donroe) mediante una fuerza imperial.