Recortar lo que nunca se midió

A más tardar el 30 de septiembre debe ingresar al Congreso el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, el primero formulado íntegramente bajo la actual administración. Las instrucciones con que se preparó son públicas: en abril, Hacienda pidió a los ministerios elaborar sus propuestas bajo un “cambio de paradigma” en la gestión de los recursos, con un horizonte de proyección a cinco años, y los antecedentes conocidos por la prensa hablan de 401 programas propuestos para discontinuar, reformular o reducir, 142 de ellos marcados para discontinuación o reformulación, y 260 programas sociales con recortes de al menos 15%. El mismo oficio instruía priorizar “los resultados y sugerencias” del sistema de monitoreo y evaluación de la oferta pública. Sobre el papel, es exactamente lo que corresponde: recortar con evidencia.

El problema es el estado de esa evidencia, y el diagnóstico no es mío. En julio, la Dirección de Presupuestos publicó los resultados de la Evaluación de Programas Gubernamentales de la cohorte 2026: siete programas evaluados, de seis servicios y cuatro ministerios, y ninguno alcanzó un desempeño medio o bueno. Tres calificaron con mal desempeño y cuatro con desempeño bajo. Más revelador que las notas fue el balance institucional. Los programas públicos miden acceso antes que resultados intermedios o finales; la eficiencia se sigue midiendo, en lo grueso, como ejecución presupuestaria; y los servicios incorporan poco la evidencia de sus propios sistemas de seguimiento. El instrumento que se invoca para decidir los recortes sabe bastante sobre cuánto se gastó y cuántas personas fueron atendidas. Sobre lo que ocurrió después con esas personas, sabe poco.

La distinción suena académica y no lo es. Un programa con ejecución alta y cobertura amplia puede pasar el filtro sin que nadie averigüe si sirvió para algo. Otro que ejecuta más lento, porque opera donde llegar sale caro, va a aparecer como problema en la planilla aunque esté evitando costos que nadie está contabilizando. Lo que la vara disponible mide es velocidad de gasto y volumen de atención.

El sesgo tiene además una dirección territorial bastante previsible. Si la métrica que manda es el costo por persona atendida, los programas que trabajan con población dispersa —la ruralidad, las comunas chicas, los territorios que se están envejeciendo— van a salir mal evaluados siempre, porque atienden a menos gente por peso gastado. Llegar hasta allá cuesta más, y esa es justamente la razón por la que el programa existe. Medirlos con la misma regla que a un programa urbano de alta densidad dice más sobre la geografía de cada uno que sobre cómo están funcionando. Si el ajuste se hace con esa regla, lo más probable es que sobrevivan los programas baratos de operar y caigan los que llegan lejos, sin que en ninguno de los dos casos sepamos si servían.

Conviene ser claro en una cosa: esto no es una defensa de los 401 programas de la lista. Una parte de ellos probablemente sobra, y hay evidencia acumulada de que el Estado chileno mantiene programas por pura inercia administrativa. Lo que está en discusión es con qué información se va a separar una cosa de la otra. Y ahí hay un estándar disparejo que llama la atención: a cualquier entidad que recibe fondos públicos se le exige respaldo documentado de cada peso, con reintegro si falta un papel. A un programa que compromete miles de millones se le pide, en la práctica, poco más que su tasa de ejecución.

Hay una corrección disponible que es acotada y no cuesta plata. Que junto al proyecto de Ley de Presupuestos se publique, por cada programa propuesto para discontinuación o reformulación, una ficha breve y comparable con la evaluación que respalda la decisión: de qué año es, qué midió y qué encontró. Donde haya evidencia, publicarla no le agrega trabajo a nadie. Donde no la haya, conviene que se sepa antes de la votación. La Comisión Especial Mixta de Presupuestos puede pedir esas fichas sin necesidad de modificar ninguna norma.

Entre octubre y noviembre la discusión va a girar, como todos los años, en torno a cuánto se gasta y a quién se le quita. La pregunta previa es más barata y todavía no la damos: cuánto sabe el Estado de lo que compra. Ajustar el gasto puede ser perfectamente razonable. Hacerlo sin esa información asegura que en unos años estemos creando de nuevo, con otro nombre y la misma falta de evidencia, algo que hoy se eliminó sin saber bien qué era.