Cuando vuelve la lluvia

El término de la megasequía no significa el término del problema hídrico chileno. Confundir ambas cosas conduce a dos errores simétricos: creer que un invierno lluvioso resolvió la crisis o interpretar cada año seco como prueba de que Chile marcha inexorablemente hacia una sequía permanente. Ninguno resiste bien la evidencia.

La megasequía fue real y excepcional. Entre 2010 y 2022, Chile central sufrió una persistencia extraordinaria de precipitaciones deficitarias, pero aquello no fue simplemente “el nuevo clima” instalado de una vez y para siempre. La evidencia apunta a una combinación de variabilidad natural, particularmente asociada al Pacífico, y calentamiento antropogénico. La megasequía no fue simplemente cambio climático, pero tampoco fue independiente de él.

Una sequía es un episodio hidroclimático. El cambio climático altera las condiciones de fondo sobre las cuales esos episodios ocurren: temperatura, nieve, evaporación, escorrentía y recarga. El estrés hídrico es otra cosa: surge de la relación entre disponibilidad y demanda. Por eso puede terminar la sequía sin terminar la escasez.

La distinción importa porque, durante la megasequía, la caída de la disponibilidad fue determinante en las situaciones de estrés extremo. Pero en horizontes más largos también pesa el crecimiento del uso del agua. El problema hídrico chileno no se explica solo mirando al cielo. Depende de cuánto demandamos, dónde lo hacemos y, sobre todo, de quién dispone de los medios para adaptarse cuando el agua escasea.

Allí comienza el problema económico. Un mismo shock hidroclimático no produce el mismo shock productivo. Quien dispone de almacenamiento, infraestructura, fuentes alternativas, financiamiento y tecnología enfrenta una sequía distinta de quien carece de ellos. La megasequía no creó esas diferencias: las dejó al descubierto.

La minería lo muestra con claridad. El creciente uso de agua de mar permite a determinadas operaciones reducir su dependencia de fuentes continentales mediante desalación, conducciones y bombeo. La restricción no desaparece: se transforma. Lo que antes era principalmente una limitación hídrica pasa a ser también un problema de inversión y energía.

Para buena parte de la agricultura el margen es mucho menor. No todos los cultivos soportan esos costos ni todos los productores tienen espalda financiera para adaptarse. Algunos tecnifican el riego, cambian de fuente o sustituyen cultivos; otros reducen superficie o salen de la actividad. La escasez hídrica termina así seleccionando no solo qué se produce, sino quién permanece produciendo.

Aquí aparece la mano invisible. Los precios transmiten escasez, inducen ahorro y crean incentivos para invertir y sustituir. Eso es parte de su función. Pero una señal correcta no produce capacidades iguales para responder a ella. Una minera puede construir una desaladora; un productor rentable puede tecnificar el riego; otro recibe exactamente la misma señal y se contrae. Unos se adaptan invirtiendo; otros, desapareciendo.

Además, esa mano invisible no opera en el vacío. Las aguas son bienes nacionales de uso público y el ordenamiento chileno establece prioridades para consumo humano, saneamiento y subsistencia, junto con exigencias de preservación ecosistémica y reconocimiento de usos productivos. Y entre Estado y mercado existe una dimensión que Chile suele subestimar: la capacidad de una cuenca para gobernar colectivamente un recurso compartido.

Eso importa porque el agua desafía las fronteras de cada decisión individual. Lo que se extrae aguas arriba afecta aguas abajo; la explotación presente de un acuífero condiciona su disponibilidad futura; una decisión privada puede imponer costos que su precio no captura.

Juntas de vigilancia, comunidades de aguas y otras organizaciones de usuarios forman por eso parte de la institucionalidad, aunque su existencia tampoco garantiza buena gobernanza. Pueden coordinar, pero también reproducir asimetrías de poder y representación.

El punto incómodo aparece entonces con mayor nitidez: capacidad de pago, productividad y valor social no son equivalentes. Que una actividad pueda pagar más por el agua no demuestra que represente su uso socialmente más valioso. Tampoco un mayor valor promedio por metro cúbico constituye una regla suficiente de asignación. La eficiencia importa, pero no elimina costos ambientales, agotamiento de acuíferos, consecuencias futuras ni efectos económicos territoriales.

La mano invisible, por tanto, no necesita fracasar para producir ganadores y perdedores. El mercado puede transmitir correctamente la escasez y generar adaptación mientras una actividad mantiene su producción con más capital, más tecnología y menos trabajadores. La adaptación puede salvar el producto y sacrificar el empleo.

Lo mismo ocurre con los territorios. Una provincia puede mantener producción y exportaciones mientras disminuyen superficie cultivada, productores y empleo agrícola. Las cuentas nacionales registrarán resiliencia; la comunidad puede estar registrando retroceso. Una economía puede adaptarse mientras un territorio se vacía.

Nada de esto convierte cada empleo ni cada actividad existente en un derecho adquirido sobre el agua. Esa sería la conclusión fácil en sentido contrario. Significa algo más exigente: no podemos llamar “exitosa” a una adaptación solo porque mantuvo toneladas producidas, exportaciones o valor agregado. Antes debemos decidir qué estamos midiendo cuando hablamos de resiliencia.

Tampoco la infraestructura elimina el dilema. Embalses, reúso, recarga de acuíferos y desalación amplían las posibilidades de abastecimiento, pero tienen costos radicalmente diferentes. Producir agua donde antes faltaba puede solucionar una restricción física y crear simultáneamente una barrera económica. Resolver la escasez física no equivale a resolver la escasez económica.

Por eso un buen invierno no devuelve Chile al pasado. Chile central enfrenta condiciones climáticas de largo plazo más exigentes, sobre las cuales seguirá operando una fuerte variabilidad natural. Habrá años lluviosos, años secos y nuevos episodios severos. Recuperar nieve, caudales y embalses es una buena noticia. Confundir esa recuperación con seguridad hídrica sería un error.

La megasequía dejó una enseñanza bastante más incómoda: frente a la misma escasez, no todos pueden adaptarse. Algunos sustituyen agua continental por capital, tecnología y energía; otros reducen producción o desaparecen. Algunas empresas preservan su producto mientras disminuye el empleo. Algunos sectores resisten mientras sus territorios se debilitan.

La próxima discusión hídrica, entonces, no debería limitarse a preguntar cuánta agua tendrá Chile. La pregunta difícil es cuánto costará asegurarla, quién podrá pagar ese costo y quién absorberá el ajuste. El derecho fija prioridades, los precios transmiten señales y las instituciones coordinan intereses que inevitablemente chocan. Pero ninguna de esas cosas autoriza a confundir adaptación con éxito.

Un país puede asegurar agua, mantener producción y aun así distribuir muy mal el costo de sobrevivir a la escasez. Ese es el problema que comienza cuando vuelve la lluvia.