La democracia que no supimos leer

Resulta difícil comprender la incapacidad de las fuerzas progresistas en Chile para leer a tiempo una maquinaria de desinformación que, desde hace años, viene transformando las condiciones en que se desarrolla el debate democrático. Las señales estaban a la vista. El Brexit en Reino Unido, el plebiscito por la paz en Colombia y la elección de Donald Trump en Estados Unidos, todos en 2016, mostraron que algo profundo estaba cambiando en la relación entre política, tecnología, información y ciudadanía.

En agosto de 2022 escribí sobre fake news y erosión democrática en Chile en el contexto del plebiscito de salida. Sostenía entonces que el debate no debía limitarse a entender cómo funcionan las noticias falsas o fake news, sino a comprender cómo estaba cambiando la arquitectura mediante la cual una sociedad decide qué considera verdadero, relevante y políticamente urgente.

La pregunta sigue vigente. Y hoy agregaría otra: ¿por qué las fuerzas democráticas y progresistas no fueron capaces de conectar esa transformación tecnológica con una lectura más concreta de lo que estaba ocurriendo en la sociedad?

El problema no era simplemente saber que existían algoritmos, bots, segmentación digital o redes sociales. El problema fue entender demasiado tarde que estas herramientas estaban modificando la disputa por el poder.

Las señales estaban ahí

En Estados Unidos, Cambridge Analytica trabajó para la campaña de Donald Trump y desarrolló sistemas de perfilamiento y segmentación de votantes. La Comisión Federal de Comercio estadounidense estableció posteriormente que la empresa había utilizado métodos engañosos para obtener datos de decenas de millones de usuarios de Facebook y utilizarlos para voter profiling y publicidad dirigida.

Pero sería un error afirmar que Cambridge Analytica “ganó” la elección de Trump. La evidencia muestra algo más complejo: la existencia de una nueva infraestructura de datos y segmentación política. A ello se sumó una operación rusa de desinformación en redes sociales que, según la investigación del fiscal especial Robert Mueller, buscó sembrar discordia entre los estadounidenses y favorecer los intereses políticos de Donald Trump.

En Reino Unido ocurrió algo similar, aunque con actores diferentes. La Comisión Electoral estableció que Vote Leave y BeLeave actuaron bajo un plan común y que más de £675.000 fueron gastados en servicios de AggregateIQ, empresa especializada en publicidad y datos políticos. Vote Leave fue sancionado por incumplimientos de la legislación electoral.

La lección no es que una empresa haya controlado el Brexit o la elección estadounidense. Es otra: en pocos años apareció un mercado transnacional de datos, publicidad digital, segmentación y consultoría política capaz de operar mucho más allá de las estructuras tradicionales de las campañas.

Colombia debió haber sido una advertencia todavía más cercana.

En el plebiscito por la paz de 2016, la campaña del No utilizó intensamente redes sociales y apeló a emociones como el miedo y la indignación. Investigaciones académicas posteriores documentaron cómo la llamada “ideología de género” fue convertida en una herramienta de movilización contra el acuerdo de paz, vinculándola con amenazas a la familia y a los niños.

Otro estudio académico analizó 11.621 publicaciones de Facebook relacionadas con el proceso de paz y encontró un fuerte predominio de contenidos contrarios al acuerdo, en un entorno marcado por polarización, desinformación y noticias falsas.

El caso colombiano contiene una lección fundamental: la política digital no necesita necesariamente convencer mediante argumentos; puede movilizar mediante emociones. De hecho, investigaciones posteriores recogieron la propia admisión del jefe de campaña del No de que su estrategia buscaba que la gente acudiera a votar “con rabia”. El Consejo de Estado colombiano determinó posteriormente que esa campaña había empleado “engaño generalizado”.

Argentina ofrece otro antecedente relevante. Una investigación de La Nación documentó reuniones y trabajos entre Cambridge Analytica y el entorno del PRO antes de la elección presidencial de Mauricio Macri en 2015. La misma investigación mostró, sin embargo, que el alcance exacto de esos trabajos fue controvertido y que dirigentes del PRO negaron haber contratado a la empresa para la campaña presidencial.

Esto último no significa afirmar que Cambridge Analytica llevó a Macri a la presidencia. Sino más bien se trata de observar cómo, mucho antes de que el escándalo mundial estallara en 2018, la política latinoamericana ya estaba incorporando herramientas de minería de datos, segmentación y comunicación digital personalizada.

¿Y Chile?

En el plebiscito de 2020 ya existían señales. Un estudio académico que analizó más de 6 millones de tuits mostró que la campaña digital del Rechazo produjo una fuerte presencia en redes sociales, pero también una “ilusión de mayoría”: comunidades digitales altamente homogéneas podían hacer que sus integrantes percibieran que sus posiciones representaban una mayoría social que finalmente no existía.

Dos años después, durante el plebiscito de salida de 2022, la desinformación alcanzó una escala mucho mayor. Circularon afirmaciones falsas o engañosas sobre propiedad privada, aborto, migrantes, presos y el funcionamiento del proceso electoral. Y aquí se requiere también abordar el rol de los medios de comunicación, y abrir el debate de cómo la prensa escrita y la TV abierta se volvieron una máquina de resonancia de la propaganda política de los sectores del Rechazo.

El problema ya no era simplemente que existieran noticias falsas. Era que estas podían circular de manera simultánea por Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y WhatsApp, atravesando las fronteras entre información, propaganda y conversación cotidiana.

Y aquí aparece una pregunta que las fuerzas democráticas y progresistas debieron hacerse antes: ¿qué poderes económicos, políticos y tecnológicos estaban detrás de estas nuevas formas de hacer campaña?

¿Quién financiaba las campañas digitales? ¿Quién producía los contenidos? ¿Quién administraba las bases de datos? ¿Qué consultores participaban? ¿Qué vínculos existían entre las élites chilenas y las redes internacionales de comunicación política?

No era necesario construir una teoría conspirativa para hacer estas preguntas.

En septiembre de 2026, una investigación de Ciper identificó, a partir de registros del Servel, que Enrique García, socio chileno del consultor argentino Fernando Cerimedo, aportó $4 millones a “Unidos somos más fuertes”, organización que recibió cerca de $33 millones para realizar campaña por el Rechazo en 2022. Ciper constató además que materiales difundidos por esa organización contenían al menos tres afirmaciones falsas y dos engañosas sobre la propuesta constitucional.

Estos antecedentes no permiten afirmar que todas las campañas mencionadas –Trump, Brexit, Colombia, Macri y Chile– hayan formado parte de una única operación coordinada. Pero sí permiten observar la existencia de un fenómeno transnacional: la profesionalización de la política alrededor de datos, plataformas, segmentación, emociones y nuevas formas de propaganda.

Y aquí está, a mi juicio, el verdadero error progresista.

Confundimos la desinformación con las noticias falsas.

La desinformación es mucho más grande que una mentira que circula por redes sociales. Es un ecosistema capaz de determinar qué temas llegan a nuestras pantallas, qué emociones se activan, qué grupos reciben determinados mensajes y cuáles quedan fuera de la conversación.

Por eso no bastaba con crear equipos de fact-checking ni con responder una falsedad después de que se volviera viral. Cuando se desmiente una mentira, la batalla puede haber ocurrido ya.

El desafío era –y sigue siendo– comprender la nueva arquitectura de la esfera pública del debate democrático.

Las democracias tradicionales se construyeron sobre instituciones que intermediaban la información: partidos, medios de comunicación, sindicatos, organizaciones sociales. Hoy buena parte de esa intermediación ocurre en plataformas cuyos algoritmos deciden qué vemos y cuya lógica económica premia la atención, la polarización y la interacción.

El problema, por tanto, nunca fue solamente tecnológico. Fue político.

Y mientras las fuerzas progresistas sigan pensando que su respuesta a la desinformación consiste solamente en desmentir mejor las mentiras, seguirán llegando tarde. La pregunta que debemos hacernos ya no es solamente quién está diciendo la verdad.

Es quién tiene hoy el poder para decidir qué realidad vemos.

Porque cuando una democracia pierde la capacidad de construir colectivamente una realidad compartida, lo que está en juego no es solamente una elección.

Es la democracia misma.