El desempleo

En Chile hay instancias formales del aparato del Estado encargadas de monitorear los niveles de ingresos y gastos fiscales y de tomar las medidas de política económica que se consideren necesarias para que impere una situación de equilibrio entre dichas magnitudes económicas. 

Hay otras instancias que se preocupan de que la oferta y la demanda de dinero no anden muy lejos la una de la otra, y tienen toda la autoridad como para tomar decisiones en ese campo, pues se supone que la desigualdad entre esas variables puede generar inflación, y se supone que eso es malo para el país. También hay organismos estatales que tienen responsabilidad sobre los niveles de las exportaciones e importaciones del país, y sobre el conjunto de las entradas y salidas de divisas, para que no haya desequilibrios en las cuentas externas. 

Cada uno de estos organismos tiene autoridad para tomar decisiones en su ámbito específico de responsabilidad y se siente feliz si ha logrado los equilibrios e igualdades que busca, aun cuando las consecuencias que ello pueda tener sean manifiestamente negativas para otras variables sociales o económicas. Se trata de daños colaterales que se dan por perdonados incluso antes de que sucedan. 

Pero no hay nadie en el país que haga de la reducción del desempleo su tarea específica dentro de la institucionalidad estatal. El desempleo es la situación resultante de las igualdades y desigualdades que existan en todos y cada uno de los otros rincones de la economía nacional, pero no tiene padre legítimo y conocido. Es de todos y de nadie. Sin embargo, nada en la economía tiene sentido si no logra darles trabajo, esperanza y dignidad a todos y cada uno de los hombres y mujeres que pueblan el país, y que quiere y puede aportar por esa vía a su familia y al país. Ese debería ser el gran objetivo que le da sentido a todo lo demás.

 Todo esto viene a colación por cuanto, desde hace muy poco tiempo a esta parte han surgido personeros de la política nacional que han descubierto que Chile presenta un 9.5 % de desempleados, 981 mil ciudadanos, y empiezan a pensar en buscarle solución a ese problema. En la realidad de las cosas ese porcentaje no refleja la magnitud de ese problema. Hay, además del 9.5% % de desempleados propiamente tales, más de un 25 % de personas que trabajan en el sector informal de la economía, 2 millones 467 residentes en el país, lo cual en muchos casos no es sino un desempleo disfrazado. A ello se agregan 949 mil personas que se encuentran inactivas – y que como tales no son formalmente desempleados –  pero que estarían dispuestos a trabajar si las condiciones económicas cambiasen.

Esto significa que nuestra sociedad condena a más de 4 millones de sus hijos a la condición de desempleados, o a situaciones muy parecidas. Eso implica, por un lado, un inmenso derroche de recursos humanos que no se pueden incorporar al trabajo y que carecen del ingreso correspondiente. Pero, lo más importante de todo, es que se condena a ese contingente inmenso de chilenos a no gozar de un derecho, y a permanecer en una situación que atenta contra su sustento, sus esperanzas e incluso contra su dignidad y su autoestima. Quedan sin capacidad de llevar a su familia el pan nuestro de cada día, ganado con el sudor de su frente. 

Pero esta situación de desempleo no se solucionará por s[i sola, ni por las ciegas fuerzas del mercado. Se necesita que el Estado y la sociedad toda asuman esa tarea como una prioridad relevante y transversal. Pero, como ya hemos dicho, en los párrafos iniciales de este artículo, no hay instancia estatal que se encargue de este problema. Esa es una de las a cosas primeras que tiene que cambiar. Hay que cambiar las tareas, las políticas y la razón misma de existir de muchas instancias estatales. En ese campo, nos atrevemos a sugerir algunas pocas iniciativas, de las muchas que pueden y deben surgir cuando este tema adquiera su verdadera prioridad. 

En primer lugar, el Banco Central debe incorporar como una de sus tareas permanentes la lucha contra el desempleo. No puede ser que solo tenga como tarea la lucha contra la inflación, aun cuando sus medidas en ese campo generen incremento de la desocupación. 

El Ministerio de Obras Públicas, además de incrementar las obras que lleve adelante, debe incorporar la variable “contratación de mano de obra local” como un de las variables de alta ponderación en la evaluación y selección de los proyectos que lleve adelante. 

El Ministerio de Educación debe reformar lo que haya que reformar para efectos de que los egresados de educación media dominen algún oficio que puedan emprender una vez salidos del liceo, y el Ministerio de Economía deben generar líneas de crédito para que se transformen efectivamente en emprendedores. 

También ayudan las subvenciones a la contratación de nueva mano de obra en algunas empresas privadas y los créditos a la construcción y compra de nuevas viviendas, ya que la construcción es una actividad altamente utilizadora de mano de obra. 

Pero lo fundamental, sin lo cual nada funcionará, es terminar con la concepción de que el trabajo es una mercancía que se compra y se vende en el mercado, y que cae en el ámbito de las decisiones privadas decidir si se aceptan o se desestiman las oferta que el mercado ofrezca

Hay que asumir que el trabajo es un derecho y una condición humana, y que es una responsabilidad social y estatal hacer que existan formas prácticas y reales de hacerlo efectivo.