El precio de decidir qué saberes sobran

Las recientes decisiones, ajustes y señales provenientes del Ministerio de Ciencia y de ANID han reabierto una controversia que excede ampliamente la distribución del presupuesto. La focalización de parte importante del financiamiento postdoctoral en áreas consideradas estratégicas es quizás su expresión más visible, pero forma parte de una discusión mayor sobre el lugar que ocupan las humanidades, las artes, la filosofía, la educación y las ciencias sociales en la política científica del país. Lo que está en juego, por tanto, no es únicamente cómo se distribuyen los recursos, sino qué concepción de conocimiento orientará el desarrollo científico del país.

Uno de los problemas que merece especial atención es la forma en que se está entendiendo la relación entre ciencia, tecnología y sociedad. Los grandes desafíos contemporáneos difícilmente pueden comprenderse separando una dimensión técnica de otra social. Son configuraciones sociotécnicas en las que tecnologías, sujetos, instituciones, territorios, saberes, valores y relaciones de poder se coproducen, se transforman y se sostienen recíprocamente. No se trata, por tanto, de agregar una dimensión social a problemas previamente definidos como técnicos, sino de reconocer que aquello que llamamos “el problema” emerge ya de ese entramado.

Pensemos en la seguridad, una de las áreas estratégicas. Ningún sistema de vigilancia, inteligencia artificial o persecución penal puede comprenderse al margen de la confianza institucional, la desigualdad, la convivencia o la legitimidad del Estado. Y pensemos en la literatura: no es un adorno cultural ni un lujo que nace una vez que tenemos resueltos los problemas “importantes”. En ella ejercitamos una capacidad radicalmente humana: crear mundos, habitar experiencias ajenas e imaginar futuros inexistentes, incluso las distopías que no queremos habitar. Una sociedad incapaz de imaginar otros mundos queda atrapada en la repetición del que ya tiene.

Una política del conocimiento es también una política de sociedad. Toda jerarquía entre saberes distribuye poder: define qué conocimientos son reconocidos como legítimos, quién puede nombrar los problemas y qué futuros aparecen como posibles. Estas jerarquías no afectan únicamente a las disciplinas académicas; también pueden relegar saberes ancestrales, territoriales y subalternos frente a aquellos considerados más productivos, innovadores o eficientes. La paradoja es evidente: un Estado que reconoce la libertad y el pluralismo como principios fundamentales termina, mediante sus prioridades de financiamiento, orientando qué conocimientos considera más necesarios y qué preguntas merecen ser formuladas. Decisiones profundamente políticas pueden así presentarse como meramente técnicas.

Una democracia requiere ciudadanos capaces no solo de resolver problemas, sino de interrogar sus términos; no solo de innovar, sino de preguntarse hacia dónde y para quién; capaces de juzgar, imaginar, deliberar, reconocer al otro y responsabilizarse por un mundo compartido y aquel que legaremos a las futuras generaciones.

Se suele decir: “Si cree que la educación es cara, pruebe con la ignorancia”. Antes de decidir qué saberes pueden quedar en segundo orden, convendría preguntarnos por el costo colectivo de esa decisión. Porque cuando ciertos problemas se abordan desde una sola racionalidad, también se estrechan las respuestas posibles: la seguridad puede reducirse a control y castigo, mientras quedan fuera preguntas por la convivencia, la cohesión social, las desigualdades o las condiciones que permiten construir paz. Una sociedad puede disponer de más tecnología y, al mismo tiempo, perder capacidad para convivir democráticamente.