Larga estadía, larga espera: Pitrufquén y el cuidado que nadie fiscaliza

El viernes 12 de septiembre, cerca de las diez y media de la noche, un incendio consumió el hogar El Edén, en Pitrufquén. Murieron dieciséis personas mayores y diez lograron ser evacuadas. En las horas siguientes el país supo que el recinto funcionaba sin autorización sanitaria, arrastraba una denuncia por maltrato presentada en 2025 y sus fiscalizaciones anteriores habían concluido, como tantas otras, en multas. El Estado conocía la dirección, cursó la infracción y siguió de largo.

Tres días después, el secretario regional ministerial de Salud de La Araucanía explicó por qué no convenía cerrar otras residencias irregulares: “Si tú cierras un relleno sanitario o un vertedero y no tienes dónde botar la basura, generas un problema peor que el que quieres solucionar”. El Ministerio de Salud le pidió con razón la renuncia, aunque conviene no archivar la frase con la misma rapidez que al funcionario, porque fue inaceptable en su imagen e involuntariamente exacta en su lógica. Describe un sistema que no tiene dónde ubicar a las nas mayores que necesitan cuidado, una población que ha crecido sostenidamente en Chile en las últimas décadas , y que precisamente por eso tolera lo intolerable. Se removió al mensajero, mientras el modelo de gestión que su metáfora retrató sigue abierto y atendiendo público.

Chile ha convertido el cuidado de largo plazo de las personas mayores en un bien que se adquiere según la capacidad de pago de cada familia. Se propone llamar vacío de cuidado a la distancia entre una necesidad acreditada y la prestación efectivamente disponible. Cuando el ordenamiento no dice quién debe cubrir esa distancia, el vacío recae sobre quien tiene menos posibilidad de rechazarlo y adopta tres formas conocidas, que son el trabajo no remunerado, casi siempre a cargo de mujeres de la familia, la mensualidad pagada a quien ofrezca una cama y la simple espera. El Edén pertenece a la franja inferior de ese mercado, la que recibe a quien no puede pagar la superior ni obtener un cupo público.

Según datos obtenidos por CIPER en 2025, el Estado administraba 22 residencias con 1.248 plazas para todo el país. A febrero de ese año había 838 personas en lista de espera, 510 de ellas derivadas por tribunales de familia tras sufrir violencia o maltrato. Durante 2024 ingresaron 33 personas y fallecieron 198 residentes, que fue la principal vía de liberación de plazas. En otras palabras, la vacante en una residencia pública no se asigna, se desocupa. En la misma investigación, la autoridad sanitaria de La Araucanía reconocía 70 residencias sin autorización frente a 22 autorizadas, y el Ministerio de Salud admitía no contar con datos nacionales sobre recintos irregulares. El Estado ha preferido no mirar, porque mirar lo obligaría a responder la pregunta del exsecretario regional sobre dónde llevar a las personas.

Un reglamento que también quedó en lista de espera

El Decreto Supremo 20 de 2021 del Ministerio de Salud, que reglamenta los establecimientos de larga estadía para personas mayores, debía regir desde el 1 de octubre de 2023. Un decreto de 2023 lo postergó hasta abril de 2025 y otro de 2025 volvió a postergarlo hasta el 1 de octubre de ese año, de modo que la norma también tuvo su larga estadía en sala de espera. Una vez vigente, concede a los establecimientos que ya funcionaban tres años para adecuarse, es decir, hasta 2028, y cinco años para las exigencias de detectores de humo, lo que nos lleva a octubre de 2030. Dicho sin eufemismos, la exigencia que obligaría a detectar el humo llegará, en el mejor de los casos, cuatro años después del incendio que la habría hecho necesaria. El plazo más largo del reglamento quedó reservado, con una precisión que asombra, para el riesgo más letal.

El control, además, se reparte hasta disolverse. La autoridad sanitaria regional autoriza y multa, el servicio especializado en personas mayores orienta pero no sanciona, y falta una entidad fiscalizadora dedicada a las residencias, con catastro obligatorio, visitas nocturnas y capacidad de reubicar a quienes vivan en un recinto clausurado. En ese diseño, la multa funciona como una tarifa para seguir operando.

Tampoco la ley que reconoce el derecho al cuidado ha llegado al terreno. La Ley 21.805, publicada en febrero de 2026, creó el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, pero sus reglamentos siguen pendientes y en agosto la Ley 21.835 amplió de seis a doce meses el plazo para dictarlos. Chile cuida, sin duda, pero no tiene apuro.

Una flamante ley que calla

La Ley 21.822, integral de las personas mayores, fue publicada el 1 de junio de 2026 y regirá desde junio de 2027. Se presentó como un hito de dignidad, y en varios aspectos lo es. Pero en materia de cuidados de largo plazo guarda un silencio elocuente, porque no crea una autoridad fiscalizadora de residencias, no regula el contrato de residencia y cuidado ni establece estándares exigibles ante un incumplimiento. Tras enumerar derechos, dispone que el Estado “podrá adoptar las medidas necesarias para garantizar estos derechos, particularmente a la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo”. Frente a quienes viven en una residencia, la ley se limita a facultar. Cuando menciona los establecimientos de larga estadía, lo hace para financiar iniciativas de apoyo, sin decir una palabra sobre su control. En derecho, el silencio del legislador ante una asimetría conocida consolida la regla del más fuerte, que en un contrato con cláusulas no negociadas por las partes, de duración indefinida, celebrado por una persona cuya autonomía se deteriora con el tiempo, es siempre quien administra la cama.

Chile ratificó en 2017 la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que obliga a regular y supervisar los servicios de cuidado a largo plazo. En 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció, en su Opinión Consultiva 31, un derecho autónomo a recibir cuidados, a cuidar y a autocuidarse. Si se ordena la concretización de este derecho en cinco grados, desde el mero reconocimiento nominal hasta la existencia de una red territorial suficiente, financiada y fiscalizada que haga posible la prestación, Chile se ubica en el primer peldaño y, siendo generosos, apoya un pie en el segundo. Tenemos el derecho consagrado legalmente y a su destinatario inscrito en la lista de espera.

El colapso se acerca

Todo esto ocurre en una de las sociedades más envejecidas de la región. El Censo 2024 mostró que las personas de 65 años y más pasaron del 6,6% de la población en 1992 al 14% en 2024, y que hoy hay 79 personas mayores por cada cien menores de quince años, frente a 22 hace tres décadas. Los hogares promedian 2,8 personas y más de uno de cada cinco es unipersonal. Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas indican que hacia 2050 las personas de 60 años y más serán el 32% de la población y que quienes superen los 80 años se triplicarán, hasta representar más de un cuarto de las personas mayores.

La aritmética no requiere vocación apocalíptica. Crece la demanda de cuidados intensos, se reduce la familia disponible para prestarlos, el mercado atiende a quien paga y el Estado observa desde la distancia de un plazo reglamentario. Ese esquema termina por quebrarse, y lo hace primero en regiones, en la ruralidad y en los hogares pobres. Pitrufquén fue el aviso de que el colapso de los cuidados de largo plazo ya empezó, si es que no lo hizo antes.

Caminar hacia una solución implica gobernanza con responsabilidad estatal explícita. Lo mínimo es una autoridad fiscalizadora especializada con catastro nacional obligatorio y público, el adelantamiento inmediato de las exigencias de seguridad contra incendios, un régimen legal del contrato de residencia y cuidado que proteja a la parte que no puede negociar y un financiamiento asociado al grado de dependencia de la persona, con independencia del bolsillo de sus hijos. La respuesta al dilema del vertedero no está en cerrar menos, sino en tener adónde ir.

Ahí aparece el componente comunitario, que la discusión chilena suele mencionar como buena intención y rara vez como infraestructura. Pedir a vecinas y voluntarios que sostengan gratis lo que el Estado no financia solo traslada la carga a mujeres y organizaciones precarias. El componente comunitario es una red territorial de centros diurnos, residencias pequeñas, cuidado domiciliario, respiro para quienes cuidan y acogimiento familiar supervisado y remunerado, cuya regla de acceso sea la necesidad y la proximidad, con independencia del precio y del parentesco, y que el Estado financie, acredite y fiscalice. Experiencias como el acogimiento familiar de personas adultas en Finlandia o los servicios municipales de proximidad en España muestran que es jurídicamente posible. A Chile le sobran ejemplos y le falta decisión.

Investigar lo que no rinde. ¿Vale la pena financiar el estudio de un fenómeno como este?

Poco antes de que dieciséis personas perdieran la vida en una residencia que nadie supervisó, el debate académico discutía las nuevas áreas prioritarias del concurso 2027 de Postdoctorado del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, que según Sebastián Escobar González permiten concentrar “hasta siete de cada diez cupos” en disciplinas nombradas como estratégicas y dejan a las ciencias sociales y las humanidades compitiendo por lo que sobre. Jairo Lucero Pantoja, Juliana Díaz Pantoja y Roberto Navarro Dolmestch advirtieron en CIPER que “una sociedad democrática también necesita conocerse y comprender por qué fracasan sus políticas públicas”, y alertaron sobre el daño a “una infraestructura de conocimiento que Chile tardó décadas en construir”. Voces tan distantes entre sí como Carlos Peña, Alfredo Joignant o Pablo Ortúzar coincidieron en que decidir qué se investiga según su retorno económico es decidir qué problemas del país dejarán de entenderse.

Pitrufquén difícilmente calificará como área prioritaria, porque no genera patentes y su único mercado conocido es el de las mensualidades. Sin embargo, pocas preguntas son más estratégicas para un país que envejece que la de quién cuidará, con qué reglas, bajo qué fiscalización y con qué dinero. Resulta curioso que el mismo modelo que convirtió el cuidado en mercancía proponga ahora financiar el conocimiento sobre ese cuidado según su rentabilidad. Si el conocimiento se vuelve commodity, que nadie finja sorpresa cuando descubra que el cuidado ya lo era. Este es un tema que merece ser investigado con urgencia, antes de que el próximo incendio vuelva a encontrarnos con el reglamento en lista de espera.