Septiembre, mes de la patria y de sus servidores

Septiembre es un mes que parte en dos el alma de Chile. El 18 celebramos la independencia y el 19 el Ejército desfila por sus glorias en la Parada Militar. En ese mismo mes, entre 1973 y 1976, el país perdió a cuatro hombres que lo habían servido desde sus cargos más altos, y con ellos murieron sus seres queridos.

El 11 de septiembre de 1973 murió en La Moneda bombardeada el Presidente Salvador Allende, elegido por los chilenos, bombardeado y derrocado por las armas. Cinco días después, en Chillán Viejo, carabineros y militares fusilaron en el patio de su casa al alcalde de Chillán, Ricardo Lagos Reyes, a su esposa, Alba Ojeda, que estaba embarazada, y a su hijo Carlos, estudiante universitario de 20 años.

El 30 de septiembre de 1974, una bomba colocada por la DINA en Buenos Aires mató al general Carlos Prats, excomandante en jefe del Ejército que se había negado a conspirar contra la Constitución, y a su esposa, Sofía Cuthbert.

El 21 de septiembre de 1976, otra bomba de la DINA, esta vez en Washington, mató al excanciller y exministro de Defensa Orlando Letelier y a Ronni Moffitt, su colaboradora. La muerte de Allende fue consecuencia directa del golpe; las demás fueron crímenes de agentes del propio Estado chileno, cuyos autores vivieron impunes por décadas. El mes en que en Chile celebramos como nación es también el mes de esas muertes.

Nada de esto quedó atrás. El Presidente José Antonio Kast ha reiterado su disposición a indultar a carabineros y militares condenados en tribunales por delitos cometidos durante el estallido social, a quienes presenta como “personas que defendieron la patria”. Hace pocos días, en la misma jornada en que la Cancillería rendía homenaje a Letelier en Washington a cincuenta años de su asesinato, los diputados oficialistas negaron su acuerdo para guardar un minuto de silencio en su memoria en la Cámara. Y la reforma al sistema político, que hoy se discute en Comisión Mixta, exigirá a los partidos rechazar «la violencia como método de acción política» y condenar el totalitarismo, sin nombrar la violencia que se ejerce desde el Estado.

Estos hechos obligan a preguntarse a quién incluimos cuando hablamos de “patria”. George Orwell dejó en 1945 unas notas sobre el nacionalismo que conservan su vigencia. El patriota, escribió, siente apego por un lugar y una forma de vida que considera los mejores, pero no pretende imponerlos a nadie.

El nacionalista, en cambio, lo subordina todo a la causa de su grupo, y en esa lealtad pierde el contacto con la realidad: “no solo no desaprueba las atrocidades cometidas por su propio bando, sino que tiene una notable capacidad para ni siquiera enterarse de ellas”. Llamar servidores de la patria a quienes un tribunal condenó por abusos cometidos durante el estallido y, al mismo tiempo, escatimar un minuto de silencio a un excanciller asesinado por la DINA, responde a esa lógica. La palabra “patria”, en esos discursos, deja entonces de describir una conducta y pasa a señalar una pertenencia.

Conviene decirlo con la precisión que exige la historia. Allende, Lagos Reyes, Prats y Letelier no necesitan que alguien les otorgue a destiempo el título de servidores de la patria. Lo fueron en vida y en el sentido más exigente del término, el de la legitimidad democrática e institucional. Dos llegaron a sus cargos por voto popular; uno condujo el Ejército con apego a la Constitución; otro representó al país ante el mundo y estuvo a cargo de su defensa. Quienes los mataron usaron el uniforme, las armas y los recursos del Estado al servicio de un proyecto dictatorial. Eso tiene muchos nombres, pero ninguno de ellos es patriotismo.

Por eso resulta ofensivo que el diputado republicano Luis Sánchez equipare el dolor de las familias expropiadas por la Reforma Agraria con el de las familias de los detenidos desaparecidos.

El dolor de quien perdió su tierra es legítimo y merece respeto; la comparación, no. La Reforma Agraria se hizo con leyes aprobadas por el Congreso en 1962 y 1967, que contemplaban indemnización y permitían al propietario conservar una reserva de hasta 80 hectáreas de riego básico. Hubo tomas ilegales y es justo reconocerlo. Pero ninguna expropiación se parece a secuestrar a una persona, hacerla desaparecer y negar durante décadas a su familia el derecho a saber dónde está.

La negativa al minuto de silencio, que algunos quieren reducir a un asunto de reglamento, apunta en la misma dirección que el vacío de la reforma sobre la violencia estatal. En ambos casos se evita aplicar un mismo criterio a todos. Si se aplicara, habría que admitir que en esos septiembres los que sirvieron a la patria fueron las víctimas, y no el aparato que los eliminó. Los tribunales ya dictaron sentencia en los casos de Letelier, Prats y Lagos Reyes. Lo que sigue pendiente es que la política deje de rodear esas sentencias. Un país que el 19 desfila por las glorias de su Ejército y dos días después no consigue ponerse de pie un minuto por Letelier todavía no ha resuelto quiénes son los suyos.

En esta discusión hay una voz que el oficialismo no puede despachar como adversaria. El general Ricardo Martínez Menanteau, comandante en jefe del Ejército entre 2018 y 2022, escribió en su libro de 2023 que el asesinato de Carlos Prats y de su esposa fue “un crimen cobarde, cruel y repudiable y una vergüenza institucional”. Recordó también que, aunque lo ejecutó la DINA y que “quienes resultaron condenados por la justicia en su mayoría formaban parte de la institución”.

Martínez sostiene que no se pueden violar “los derechos internacionalmente establecidos, que incluyen la prohibición de la tortura y de las ejecuciones sumarias, la no discriminación y el respeto a los detenidos”, ni siquiera bajo el estado o tiempo de guerra que la Junta decretó el 12 de septiembre de 1973. No es una opinión aislada: los Convenios de Ginebra, que Chile ratificó en 1950, prohíben esas prácticas en todo tiempo y lugar. El general agrega que Pinochet debió asumir su responsabilidad de mando y que, al no hacerlo, otros oficiales siguieron su ejemplo y eludieron la propia. Cuando un excomandante en jefe dice esto de su institución, la pregunta sobre quién sirvió a la patria deja de ser un asunto de bandos.

Patriotas fueron quienes defendieron con sus actos la democracia y los derechos humanos, y lo son hoy quienes juzgan con la misma vara la conducta de los propios y la de los ajenos. Esa vara no distingue colores políticos. El que la acomoda según el uniforme o la trinchera del acusado puede invocar la patria cuantas veces quiera, pero lo que defiende es la lealtad a su grupo. Septiembre debería ser el mes en que Chile lo dijera sin rodeos: los muertos de esos años sirvieron al país; sus verdugos, no.