El Gobierno ya eligió su camino en la IA: que lo diga

El Gobierno habla de inteligencia artificial en el lenguaje de la innovación, la inversión y la productividad, pero sus propias decisiones muestran que aquí se está discutiendo algo bastante más profundo. Se está discutiendo poder.

Y creo que el Gobierno ya eligió un camino.

Su apuesta parece ser la de un Estado que facilite y acelere el desarrollo de la inteligencia artificial, atraiga inversión e infraestructura tecnológica y evite regulaciones que puedan frenar ese proceso. Es una opción política legítima. Mi problema es que se siga presentando como si fuera simplemente una política de innovación.

La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, calificó la regulación europea de inteligencia artificial como “muy restrictiva”. Ante el Senado planteó incentivar data centers y capacidad de cómputo, facilitar infraestructura para startups y universidades y generar incentivos para empresas tecnológicas.

De las 38 audiencias de lobby registradas por la ministra hasta fines de mayo, 23 correspondieron a empresas, startups y gremios tecnológicos, según Diario Financiero. En su agenda aparecían Meta, Google, Nvidia, Apple y Amazon Web Services.

Y mientras Chile comienza a definir las reglas de este nuevo poder, el Presidente Kast recibió en La Moneda a Peter Thiel, uno de los empresarios tecnológicos más influyentes del mundo.

No cuestiono que un Presidente converse con Thiel. Lo preocupante es otra cosa. La propia Presidencia informó que hablaron sobre las oportunidades y desafíos de la inteligencia artificial y sus potenciales implicancias para los Estados y la función pública. Sin embargo, señaló que no existen actas, minutas, memorándums, nómina de asistentes ni otros documentos que den cuenta de lo tratado.

Estamos hablando del futuro del poder tecnológico y el Estado chileno no dejó registro de una conversación sostenida en La Moneda precisamente sobre esa materia.

Por separado, ninguno de estos hechos define una política. Juntos permiten hacerse una pregunta evidente: ¿qué rol quiere tener el Estado chileno frente al poder tecnológico?

Porque existe una diferencia enorme entre un Estado que se limita a facilitar la llegada de tecnología y uno que, además, construye capacidades propias, establece contrapesos y reserva espacios de decisión que no está dispuesto a entregar.

La inteligencia artificial no es solamente una herramienta para producir más. Quien controla los modelos, los datos, la capacidad de cómputo y la infraestructura adquiere también poder.

Chile necesita inteligencia artificial, inversión, investigación y centros de datos. Pero necesitamos responder preguntas menos cómodas. ¿Qué infraestructura consideraremos estratégica? ¿Quién controlará nuestros datos? ¿Qué decisiones nunca entregaremos completamente a un algoritmo? ¿Qué capacidad tendrá Chile para decir que no cuando el interés de una gran compañía tecnológica choque con el interés del país?

Eso es soberanía digital.

La dependencia tecnológica puede convertirse en dependencia política. Y mientras los gobiernos cambian, las plataformas, los contratos y la infraestructura que condicionan al Estado pueden permanecer durante décadas.

Por eso el Gobierno debe decir con claridad qué modelo está defendiendo. Si su opción es acelerar la adopción de inteligencia artificial, atraer infraestructura y construir una regulación menos restrictiva, que la defienda, pero que diga también cuáles serán los límites.

La inteligencia artificial puede ampliar las capacidades de Chile. Pero si no construimos poder propio, también puede aumentar nuestra dependencia de quienes controlan la tecnología.

La soberanía digital no consiste en rechazar el futuro. Consiste en no entregárselo a otros.