Kast y la omnipotencia del pensamiento

Un Presidente chileno recibe cuatro años. Los problemas que recibe, no. El desempleo, la productividad, la infraestructura, la educación o la capacidad científica tienen historias anteriores al gobierno de turno y, muchas veces, soluciones que madurarán cuando ese gobierno ya haya terminado. Esta discordancia temporal es constitutiva de la democracia: elegimos autoridades por períodos breves y les pedimos gobernar procesos cuyos efectos pueden extenderse durante décadas.

El gobierno de Kast permite observar esa tensión con especial nitidez. Llegó haciendo de la velocidad una promesa política: destrabar, decidir, ejecutar. Esa oferta tiene una potencia electoral evidente. Se muestra voluntad y establece una diferencia con quienes gobernaron antes, y se produce la sensación de que un cambio político traerá inmediatamente un cambio en la realidad.

Pero gobernar introduce una dificultad que las campañas pueden comprimir retóricamente: decisión, implementación y resultado pertenecen a tiempos diferentes.

El empleo ofrece un buen ejemplo. El Gobierno ha impulsado medidas de efecto próximo y, al mismo tiempo, ha debido reconocer que el crecimiento, la inversión y buena parte de la recuperación laboral obedecen a horizontes más largos. El propio diseño del Presupuesto 2027 se está construyendo bajo esa tensión entre urgencia laboral, inversión y un margen fiscal estrecho.

No hay nada anómalo en esa diferenciación. El problema estuvo, más bien, en la ilusión inicial de que una mayor velocidad política podía trasladarse sin más a la realidad social. La caida en las encuestas responde en gran medida a ello.

Freud llamó Allmacht der Gedanken —omnipotencia del pensamiento— a la fantasía de que nuestras representaciones o deseos pueden imponerse directamente sobre las cosas. Trasladada al gobierno, la imagen resulta sugerente: una autoridad puede acelerar una firma, una tramitación o una autorización; no por ello acelera automáticamente la inversión, la contratación, la adaptación de empresas o los efectos sociales que espera producir.

Entre decidir y transformar hay cadenas causales. La literatura comparada sobre política y temporalidad ayuda a precisar el punto. Alan Jacobs ha mostrado que la política no distribuye solamente beneficios y cargas entre grupos, sino también entre momentos. Importa quién recibe qué, pero también cuándo. Los gobiernos que necesitan demostrar rápidamente capacidad de respuesta tienen incentivos para privilegiar beneficios visibles; sin embargo, las políticas cuyos efectos son duraderos requieren secuencias, compromisos e instituciones capaces de sobrevivir al gobernante.

Esto obliga a distinguir varias tareas que suelen confundirse. Una política puede intentar frenar hoy un deterioro. Otra puede proteger a quienes deben atravesar una transición. Una tercera puede modificar las condiciones estructurales que originaron el problema. Las tres pueden referirse al desempleo, pero no hacen lo mismo ni funcionan con el mismo reloj.

La pregunta política importante no es, entonces, si debemos elegir entre corto o largo plazo. Es cómo se conectan. Este punto tiene además una dimensión distributiva. Esperar tampoco significa lo mismo para todos. Una recuperación que tarda un año puede ser perfectamente soportable para quien conserva ingresos y ahorros, y devastadora para quien debe endeudarse, abandonar estudios o liquidar un pequeño negocio. El tiempo mismo distribuye costos. La literatura presupuestaria insiste justamente en que privilegiar el presente o el futuro nunca es neutral: cada horizonte protege a unos grupos y expone a otros.

Por eso Aristóteles resulta aquí más útil que cualquier celebración de la rapidez. La phronesis, prudencia práctica, no consiste en buscar un promedio entre correr y esperar. Consiste en acertar con la medida que exige cada situación: saber qué debe acelerarse, qué necesita madurar y qué hay que sostener durante ese proceso.

Pero hay una dificultad adicional, especialmente aguda en Chile. El tiempo del gobierno no coincide con el tiempo del Estado.

Un Presidente gobierna cuatro años y no puede presentarse inmediatamente a la reelección. Muchas inversiones o reformas entregarán sus mejores frutos cuando quien asumió sus costos políticos ya haya abandonado La Moneda. Eso genera un problema conocido en la literatura: quien paga hoy puede no ser quien reciba mañana el crédito. La respuesta democrática no puede consistir en prolongar artificialmente al gobernante. Consiste en construir continuidad institucional. Esto es financiamiento plurianual, burocracias capaces de sostener la implementación, acuerdos suficientemente amplios, evaluaciones intermedias y políticas que el sucesor tenga más incentivos para completar que para destruir. La investigación comparada muestra que ni la reelección ni su prohibición producen automáticamente mejores horizontes; lo decisivo es si las instituciones consiguen separar el corto tiempo del liderazgo del tiempo más largo de la política. Ahí aparece quizá la diferencia más importante entre gobernar y simplemente ocupar el gobierno.

La primera obligación de un gobierno es actuar durante su mandato. Pero una de sus pruebas más difíciles consiste en producir capacidades que no terminen con él. La alternancia exige que los gobernantes se vayan; un Estado funcional exige que no todo se vaya con ellos. El Presupuesto 2027 será, en ese sentido, algo más que una distribución anual de recursos. Mostrará cómo el Ejecutivo relaciona urgencias presentes, compromisos heredados y capacidades cuyos resultados llegarán después. Y mostrará también qué entiende por continuidad en un contexto donde buena parte del gasto ya viene comprometido y el margen para expandirlo es reducido.

La campaña puede vivir de la aceleración. El gobierno no. Gobernar exige algo bastante más difícil: hacer compatible el tiempo breve de quienes ejercen el poder con el tiempo largo de aquello que una sociedad necesita conservar y transformar. Los presidentes tienen fecha de salida. El Estado, precisamente, debería tener futuro después de ellos.