Pérdida de alimentos: el problema agrícola que Chile mira desde la basura

La pérdida y el desperdicio de alimentos han ganado lugar en la agenda pública chilena durante los últimos años. Desde 2020 funciona una comisión nacional dedicada al tema, el Estado inició el diseño de una Estrategia Nacional para Prevenir y Reducir la Pérdida y Desperdicio de Alimentos (ENPDA) con participación de organismos públicos, sector privado, sociedad civil y agencias internacionales, y el Congreso tramita un proyecto de ley de residuos orgánicos. Estas iniciativas, sin embargo, nacieron en el ámbito de los residuos, y ese origen define qué parte del problema vemos y cuál queda fuera.

En la práctica, lo que el país mide es lo que llega a la basura. El estudio de caracterización de residuos domiciliarios publicado por la SUBDERE muestra que la materia orgánica, dependiendo de la zona del país, representa entre 34% y 56% de lo que desechan los hogares. En cambio, sobre lo que se pierde antes de llegar a la venta —en el predio, la cosecha, el almacenamiento o el transporte— no contamos con una cifra nacional. La referencia disponible es regional: la FAO estimó en 2019 que América Latina y el Caribe pierde cerca del 12% de lo que produce antes del comercio minorista.

Esta asimetría responde, en buena medida, al modelo institucional desde el que Chile aborda el tema. La reducción del desperdicio figura como una de las cinco medidas del Plan Sectorial de Mitigación del sector Residuos, con una meta cercana a 1.905 kilotoneladas al 2030, y la ENPDA la conduce el Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Es evidente que la economía circular es el marco adecuado para este desafío, ya que uno de sus principios fundamentales es evitar que los recursos se pierdan. Sin embargo, las competencias del MMA en esta materia son limitadas y no alcanzan a los procesos productivos del agro. El proyecto de ley de residuos orgánicos sigue la misma lógica, pues se concentra en lo que se descarta en el consumo y deja fuera lo que se pierde en la producción.

Esta brecha tiene un costo particular para un país agroexportador. Chile es uno de los principales exportadores de fruta fresca del hemisferio sur, y parte de esa producción se pierde en el huerto, en el packing, en la cadena de frío y en el traslado a puerto. Esas pérdidas no aparecen en la basura domiciliaria ni en la ley en trámite. Además, en esa etapa se concentran el valor económico del alimento y el agua, la energía y las emisiones incorporadas en su producción. La pérdida de alimentos es, antes que un asunto de residuos, un problema productivo.

La experiencia comparada muestra otra forma de asignar la responsabilidad. En Alemania, España, Argentina y Portugal, los instrumentos nacionales sobre pérdida y desperdicio los lidera el ministerio de Agricultura; en Francia, Agricultura y Medio Ambiente en conjunto; y en Estados Unidos, la estrategia de 2024 reúne a la agencia ambiental, al Departamento de Agricultura y a la autoridad sanitaria. España ilustra, además, el valor de la continuidad: su estrategia “Más alimento, menos desperdicio”, de 2012, desembocó en la Ley 1/2025, que abarca pérdidas y desperdicio en toda la cadena, tras más de una década y gobiernos de distinto signo, un proceso que ya muestra resultados de disminución confirmados.

Es cierto que la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) integra el comité ejecutivo de la ENPDA, junto al MMA, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, la FAO, el BID y el PNUMA. No obstante, participar en un comité no equivale a que la gestión de la pérdida alimentaria forme parte del mandato, el presupuesto y los instrumentos del Ministerio de Agricultura. Frente a esto, es necesario que la estrategia incorpore un componente de pérdida bajo responsabilidad directa de Agricultura, con metas diferenciadas de las de desperdicio. Ese componente requiere una línea base de pérdidas por rubro, partiendo por las cadenas exportadoras, y criterios de prevención en origen incorporados en los instrumentos de fomento productivo y en la discusión legislativa.

Los compromisos asumidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que apuntan a reducir tanto el desperdicio como las pérdidas al 2030, trascienden cualquier ciclo de gobierno. Por eso la ENPDA merece tratarse como una definición de Estado. En ese sentido, el trabajo acumulado por la Comisión Nacional para la Prevención y Reducción de las Pérdidas y Desperdicios de Alimentos y el proceso participativo de la estrategia son una base que conviene retomar y proyectar. Si esa continuidad incluye al Ministerio de Agricultura con un rol de mayor incidencia, la economía circular podrá operar sobre la cadena alimentaria completa, desde la producción hasta el consumo, con capacidades institucionales que se sostengan más allá de los ciclos de gobierno.