Política criminal de Estado, la gran ausente

Durante demasiado tiempo Chile ha discutido la seguridad al ritmo de las urgencias coyunturales. Un homicidio especialmente brutal, una nueva modalidad delictual, una crisis en la frontera, un episodio de violencia que conmueve a la opinión pública y, casi de inmediato, se abre paso alguna respuesta ad hoc: más penas, nuevas atribuciones, mayores recursos, otra ley, otro plan. Muchas de esas medidas son necesarias, claro que sí, el problema reside en la acumulación de respuestas que termina ocupando el lugar que debería corresponder a una estrategia. Que no existe.

El país ha avanzado en medidas de seguridad en los últimos años, sería injusto desconocerlo. La creación del Ministerio de Seguridad Pública mediante la Ley 21.730 significó un cambio institucional importante, y la Política Nacional de Seguridad Pública 2025-2031 estableció por primera vez en mucho tiempo un horizonte de seis años para ordenar objetivos, coordinación y evaluación. La propia ley dispone que esta política debe fijar las orientaciones y objetivos estratégicos del Estado en seguridad y ser aprobada cada seis años. 

Con todo, permanece pendiente una cuestión más amplia: avanzar hacia una verdadera Política criminal de Estado. El término puede sonar académico, aunque la idea es bastante aterrizable en las políticas públicas. En las ciencias penales y sociales, criminal policy alude al conjunto de decisiones mediante las cuales una sociedad organizada enfrenta el delito. No empieza con el carabinero que detiene ni termina con el juez que dicta una sentencia mayor. Comprende la prevención, la persecución penal, las policías, los tribunales, las cárceles y la reinserción, pero también aquellas políticas que inciden sobre las condiciones en que la criminalidad crece, se organiza, ocupa territorios y recluta personas.

Una política criminal digna de ese nombre tiene, a mi juicio, tres condiciones. La primera es su carácter integral. El crimen organizado ha vuelto especialmente evidente algo que antes no era evidente, y que ningún ministerio o servicio público puede enfrentarlo encerrado dentro de sus propios límites administrativos. Hay delitos que nacen en un barrio, cruzan una frontera, utilizan sociedades comerciales, lavan dinero, corrompen funcionarios, emplean armas obtenidas ilegalmente y continúan funcionando desde una cárcel. Pretender enfrentarlos desde un segmento aislados del Estado equivale a perseguir una red mirando únicamente uno de sus nudos.

Por eso una política criminal debe relacionar la labor policial y la inteligencia con la persecución patrimonial, el Ministerio Público, la política penitenciaria, las fronteras, la migración, la recuperación urbana, la educación y el empleo juvenil, la prevención temprana y la cooperación internacional. No toda dificultad social produce delincuencia, simplificación que tampoco ayuda, pero la criminalidad moderna explota precisamente las zonas donde el Estado actúa deficientemente.

La segunda condición es política: debe ser transversalidad. En Chile hemos permitido durante años que la seguridad funcione también como frontera identitaria. Ciertos sectores (la derecha esencialmente) parecían apropiarse del lenguaje del orden; otros (la izquierda), del lenguaje de las garantías y la causalidad social. Esa división no solo es antigua, se ha vuelto inútil.

Una sociedad democrática necesita policías eficaces y sujetas a la ley; persecución penal y debido proceso; cárceles seguras y reinserción; prevención social y sanciones efectivas. No hay que escoger entre esas dimensiones, porque el Estado tiene la obligación de abordarlas simultáneamente.

De allí que una política criminal no pueda depender enteramente de quién ocupa La Moneda. Debe existir un acuerdo suficientemente amplio entre las fuerzas democráticas sobre determinadas bases que permanezcan. Naturalmente los gobiernos tendrán prioridades diferentes y propondrán modificaciones, de eso se trata la democracia. Lo que carece de sentido es que la arquitectura fundamental de la seguridad se someta cada cuatro años a demolición y reconstrucción.

La tercera condición, por lo mismo, es la continuidad. Las organizaciones criminales no trabajan con períodos presidenciales. Acumulan capital, rutas, contactos, territorios y capacidad de intimidación durante años. El Estado no puede combatirlas con memoria reciente y a punta de agendas cortas.

La decisión de establecer una Política Nacional de Seguridad Pública con un horizonte de más años apunta correctamente en esa dirección. El paso siguiente debiera ser más ambicioso: acordar objetivos de largo plazo, indicadores verificables y mecanismos permanentes de evaluación que permitan distinguir aquello que funciona de aquello que simplemente produce buenos anuncios y flores en el ojal de quien los hace.

Este punto importa porque hemos padecido cierta fascinación por la legislación de emergencia. Frente a cada fenómeno aparece una respuesta particular, a veces incluso bautizada con el nombre del delito, de la víctima o de la circunstancia que le dio origen. No discuto aquí el mérito específico de esas leyes. Señalo que una suma de leyes no constituye necesariamente una política estratégica.

Un país puede aumentar penas y continuar teniendo cárceles desde las cuales operan organizaciones criminales. Puede contratar más policías y seguir careciendo de información integrada. Puede endurecer el control fronterizo y mantener débiles mecanismos de persecución del dinero ilícito. Puede detener a más personas y fracasar completamente en evitar la incorporación de nuevos jóvenes a las redes criminales.

Esta discusión también debiera interesar especialmente a la izquierda. Durante demasiado tiempo una parte de ella trató la seguridad con distancia, como si hablar de autoridad implicara abandonar sus convicciones sociales. Es una falsa disyuntiva. Cuando una población modesta pierde sus espacios públicos, cuando una familia cambia sus rutinas por temor o cuando una organización criminal impone reglas sobre un territorio, no solo se ha deteriorado la seguridad, también se ha reducido la libertad.

Por ello la respuesta de una oposición democrática tampoco puede consistir en instalarse permanentemente en la trinchera frente a cada propuesta gubernamental. Algunas deberán apoyarse, otras corregirse y otras rechazarse. Es la tarea normal de la democracia política. Pero limitarse a responder la agenda ajena equivale a renunciar a construir una propia.

La oposición puede aportar aquí la mirada reconocible de un enfoque que alce la mirada desde lo puntual hacia la construcción de una estrategia de seguridad de largo aliento, de Estado, independiente de los gobiernos de paso y que sea producto de un amplio acuerdo nacional que involucre a todas las fuerzas políticas y civiles del país. Eso es hablar con palabras mayores y con visión de estadistas.