¿Es la vejez un excedente del cual la sociedad debe deshacerse?

El reciente incendio en una residencia de personas mayores en la localidad de Comuy, comuna de Pitrufquén, y las posteriores afirmaciones del destituido seremi de salud, vuelve a poner en titulares el tema de la realidad de las personas mayores y el lugar de la vejez en nuestras sociedad y cultura.

Partamos por la tragedia: dieciséis víctimas fatales. No es primera vez que nos encontramos con estas noticias, con estas lamentables noticias. El incendio arrasó con un recinto que operaba al margen de la ley, por lo que el evento ya es un fracaso del Estado. Sin embargo, el horror material de las llamas encontró un eco simbólico igual de devastador en la declaración del ahora ex seremi de salud de La Araucanía. Este incendio no solo consumió las instalaciones del recinto, sino que calcinó la dignidad con la que nuestra sociedad promete tratar a aquellas personas que envejecen en condiciones de mayor vulnerabilidad social y económica.

Sigamos por las desafortunadas palabras de la ex autoridad: “Si tú cierras un relleno sanitario o un vertedero y no tienes dónde botar la basura…”. Para referirse al cierre de la residencia, lo que hace es una analogía con el cierre de un vertedero. Un vertedero es un basural, un tiradero, un lugar no deseado donde se botan desechos inservibles. ¿Es un grupo poblacional comparable a lo inservible y por lo tanto desechable? ¿Son los mayores, personas que se botan? Pareciera que dentro del imaginario social lo son, lo cual queda graficado cuando el exfuncionario equiparó el cierre de estas instituciones clandestinas con la clausura de un basural. Al hacerlo, despoja a un grupo poblacional de su condición humana, reduciéndolos a la categoría de desechos. ¿Cuál es la función social de las residencias para personas mayores? En las palabras del ex seremi de salud, son lugares donde se va a botar a las personas.

Pero convengamos en que las palabras de una autoridad nunca son un simple desliz lingüístico; son el reflejo de un paradigma, una visión de la vida social y de la vejez en ella. En la lógica del vertedero, la sociedad produce un “excedente” indeseable que debe ser alejado de los centros urbanos y de la vista pública. Al comparar a las personas mayores con desechos, sale a la luz la brutal verdad sobre cómo el sistema concibe a la vejez: como un estorbo, una carga biológica y económica que, al dejar de ser productiva para el modelo, debe ser depositada en algún lugar donde no incomode y no se vea.

El lenguaje construye realidades y revela las prioridades de quienes administran el poder. Cuando la máxima autoridad de salud de una región no encuentra en su repertorio conceptual otra figura que la de un basural para referirse al lugar donde habitan personas mayores de nuestro país, estamos ante una profunda crisis de ejercicio de derechos. La indignación que levantó esta comparación no debe evaporarse con el simple cambio de un cargo político. Su salida del cargo era la medida políticamente esperable. Sin embargo, la renuncia de la autoridad de turno es apenas una solución parche si no se ataca la situación estructural que hay detrás del hecho.

Para comprenderlo volvamos al contexto de la tragedia. La institución donde ocurre el siniestro no contaba con resolución sanitaria y acumulaba al menos cinco sumarios en su contra. ¿Por qué el Estado permite que sigan funcionando recintos que son trampas mortales comprobadas? Con ello estamos, por una parte, ante una negligencia sistemática: se tolera la precariedad porque el Estado no tiene dónde reubicar a estas personas. Y, por otra parte, ante un verdadero fatalismo burocrático sobre el derecho a la vida digna en la vejez.

Terminemos por lo que esto significa. Esta secuencia de acontecimientos y afirmaciones nos habla de una inacción gubernamental, al no fiscalizar ni asegurar el debido funcionamiento de este tipo de instituciones. A la vez que evidencia una clara indolencia administrativa y su consecuente abandono estatal. Estos hechos nos hablan -mucho más allá de las desafortunadas opiniones de una ex autoridad- de la responsabilidad ética y ciudadana de un sistema de cuidados de la vejez público, robusto, financiado y fiscalizado. 

La analogía del vertedero es también una dolorosa radiografía de la desigualdad social y económica que caracteriza la experiencia de envejecer en Chile. ¿Quiénes son las personas mayores que viven en recintos clandestinos con riesgo de incendio? Son las vulnerables, las pobres y aquellas que no cuentan con recursos sociales y económicos para asegurar los cuidados en la vejez. Así, el Estado no solo delega su responsabilidad en privados que operan fuera de la norma, sino que cuando la catástrofe ocurre, justifica su complicidad argumentando que la alternativa de su cierre o la consecuente reubicación generaría -en palabras del ex seremi- un problema logístico mayor.

Además, es imperativo entender que Chile atraviesa una acelerada transición demográfica hacia el envejecimiento, donde la base de la pirámide poblacional se estrecha y la cúspide se ensancha. En este contexto de transformaciones, la sociedad chilena en general y sus autoridades en particular, deben garantizar entornos seguros para el cuidado integral en la vejez basado en un enfoque de derechos, y no seguir tratando a la población mayor vulnerable como excedentes de los que hay que deshacerse.