¿Y quién paga si la apuesta sale mal?

Los chilenos tenemos derecho a esperar que cuando nuestras instituciones regulan una actividad, lo hagan bien: reglas coherentes, objetivos claros, evidencia y conocimiento de la realidad. Acumular respuestas fragmentadas, contradictorias o inspiradas más en convicciones personales que en resultados puede agravar aquello que se buscaba resolver. 

Ese es el riesgo que enfrentamos hoy con las apuestas online. Nuestro país necesita una regulación y todavía estamos a tiempo de construir una buena. Una mala ley podría prohibir, gravar y sancionar mucho, sin ningún resultado.

Regular bien, en cambio, significa proteger a las personas en su espacio de consumidores, prevenir delitos, transparentar operadores y flujos de dinero, separar el mercado autorizado del clandestino y recaudar para un Estado cuyas arcas fiscales están escuálidas

Hemos regulado de distintas formas a los juegos, desde hace décadas. Los hemos prohibido, hemos inventado distinciones artificiales -entre suerte, destreza y habilidad-, hemos creado apuestas estatales y permitido casinos regulados. El cambio reciente es la presencia de la tecnología, los cambios de hábitos y las plataformas. En 2022 ingresó al Congreso el proyecto que hoy se tramita en el Senado.

En la actualidad existe normativa que prohibe las apuestas en línea, pero obviamente fracasó. En torno a eso los Tribunales ordenaron bloqueos, SUBTEL los implementó, la Superintendencia de Casinos sostuvo su posición, las casas de apuestas estatales se querellaron y el SII habilitó el pago de IVA. Cada decisión puede explicarse por separado. La dificultad aparece al observar el conjunto, como de un Estado que no tiene idea qué hacer frente a un fenómeno que parece no tener como dominar.

El caso tributario lo ilustra. Durante años, el propio SII mantuvo a estos operadores excluidos del régimen simplificado de IVA, atendida la calificación jurídica de su actividad. Este año habilitó el mecanismo y dispuso además el pago de los 36 períodos tributarios anteriores. Por un lado, pagar impuestos no entrega una licencia. El SII lo ha aclarado, pero resulta difícil entender que el Estado cobre impuestos a una plataforma que otras instituciones buscan impedir que opere. Por otro, está la exigencia retroactiva. Resulta difícil justificar que hoy se pretendan cobrar períodos anteriores mediante un mecanismo del que el propio SII había excluido a esos contribuyentes. El Estado no puede cerrar una puerta durante años y después reprochar que nadie haya entrado por ella.

Hemos aprendido en derecho regulatorio que una buena ley no es la que hace más difícil entrar al mercado regulado sino la que hace muy difícil permanecer fuera de él. Lo mismo vale para los impuestos. Esta actividad debe contribuir, especialmente cuando el Fisco necesita recursos. Pero una tasa elevada sobre una base pequeña sigue siendo una base pequeña. Si el diseño desalienta la formalización, tendremos menos fiscalización, menor recaudación y más mercado negro.

Será trabajo del Congreso ordenar el conjunto. Una regulación eficaz debería procurar que la mayor proporción posible de la actividad opere en un mercado formal, con operadores identificados, licenciados, fiscalizados, sujetos a impuestos y obligados a proteger a sus usuarios. Regular no es una concesión a la industria sino darle al Estado herramientas para proteger, prevenir, transparentar, fiscalizar, sancionar y recaudar. 

Todavía estamos a tiempo de apostar bien, por una forma de regular un mercado complejo, y no solo por buenas intenciones. Porque las malas apuestas regulatorias tienen una particularidad: sus costos se reflejan en la realidad. La apuesta correcta es ordenar y construir una regulación que funcione en el mundo real, no solo en el papel