Chile: realidades geopolíticas en seguridad internacional

En los años 90 del siglo XX, el cientista político británico Barry Buzan, profesor emérito del London School of Economics, a propósito de las competencias armamentistas, desarrolló el concepto del Imperativo Tecnológico, que postula que debe existir una relación entre la capacidad militar de un país y la tecnología disponible para sus fuerzas militares. Posteriormente y, más allá de Buzan, el concepto ha evolucionado considerablemente, en términos de plantear hoy una vinculación efectiva entre la posición que un estado ocupa en el sistema internacional y la fuerza militar que posee.

Un Estado grande, económicamente desarrollado y tecnológicamente de vanguardia, pero cuya capacidad de defensa sea comparativamente frágil, genera apetitos y vulnerabilidades locales o globales; a su turno, un país económica y estructuralmente débil, pero con una  desproporcionada fuerza militar, usualmente generará desconfianza y temor en su entorno de seguridad Este fenómeno, en cualquier sentido, provoca, potencialmente, alteraciones, lances, tensiones e inestabilidad y riesgos en el sistema internacional en su conjunto o en el subsistema de seguridad al que dicho país pertenece.

Esta ecuación se potencia, además, con diversas variables: ubicación y configuración geográfica de los países, mecanismos de alianzas formales e informales a los que pertenecen, solidez de su institucionalidad política, agudeza de su diplomacia y varios otros de similar talla y naturaleza. En tiempos más recientes se ha agregado, o más precisamente, potenciado, una derivada nueva: el valor geopolítico intrínseco de los países y los efectos que este produce en el sistema internacional o en su entorno de seguridad.

Todo esto se ha perfilado especialmente en los escenarios de seguridad internacional cuyas características han sido ya ampliamente ponderadas. En esta dinámica, los riesgos asociados a los desequilibrios estratégicos se han multiplicado, así como los temores e inestabilidades asociadas. Especial relevancia adquiere la cuestión geopolítica  en la cual la ecuación se manifiesta más en su modalidad negativa, vale decir en la ausencia de una adecuada capacidad militar frente al valor geopolítico del país.

Los países con activos geopolíticos relevantes necesariamente deben equilibrar su valor estratégico con sus capacidades de defensa, en términos de resistir presiones, dar respaldo efectivo a su gestión diplomática, potenciar la disuasión y, en definitiva, ser capaces de protegerse al amparo del derecho a la legítima defensa si todo lo anterior se desmorona. Para estos países, más que nunca, la defensa es una responsabilidad suya, en la lógica de Robert Alt. Es un compromiso para con ellos mismos y para con el sistema o subsistema de seguridad al que pertenecen.

Chile se encuentra en esa condición. Merced de sus activos geopolíticos, potenciados por las realidades de seguridad contemporáneas, es un actor de relevancia estratégica mundial, situación inédita en su historia. Entre otros episodios, las recientes controversias sobre el Estrecho de Magallanes lo evidencian. No son polémicas jurídicas –la soberanía de Chile es indiscutible- sino estratégicas. Lo mismo es válido respecto sus demás activos geopolíticos. Por otro lado, hace dos decenios el país se convirtió en el árbitro de la paz en el Cono Sur.

La existencia de la Ley del Cobre, el apoyo de las autoridades políticas de la época y los sensatos planes de desarrollo de las Fuerzas Armadas le permitieron a Chile replicar una condición similar a la disfrutó luego del término de la Guerra del Pacífico. También cabe mencionar los actuales procesos de repotenciamiento militar en la región. Aún no devienen en una competencia armamentista pero, considerando la experiencia histórica local,  tienen la potencialidad cierta de serlo a corto plazo.

Todo lo anterior genera una especial responsabilidad para Chile. El país debe, al menos, mantener sus actuales capacidades militares de modo de asegurar la vigencia de la disuasión y la legítima defensa como pilares de su Política de Defensa y también como respaldo inmanente a su política exterior, de modo de proporcionarle  suficiente capacidad de maniobra  frente a eventuales -y previsibles- crisis internacionales.

En lo inmediato, esto debería incluir decisiones trascendentes sobre equipamiento militar que se aproxima a la obsolescencia técnica y logística, y cuyo concurso a la defensa del país es de la mayor importancia tanto en sentido objetivo como en valor simbólico de vigilancia y protección de sus espacio estratégicos más significativos, y asociado a esto, posiblemente la definición de un nuevo mecanismo de financiamiento de capacidades estratégicas según lo ha planteado recientemente el Ministro de Defensa Nacional.

En tiempos internacionales convulsos, Chile debe mantener independencia y resiliencia estratégica, equilibrando su estatura geopolítica con sus responsabilidades de seguridad internacional.