Dicen que la transición es verde, pero las cuentas de luz siguen en rojo

Durante años nos dijeron que la transición energética traería electricidad más limpia, más competencia y, sobre todo, menores precios.

A raíz de ello Chile impulsó la incorporación masiva de energías renovables, cuyos costos efectivamente han caído de manera notable. Sin embargo, hay un pequeño detalle: las cuentas de la luz no sólo no bajan, sino que en los últimos años han subido de manera desmedida.

Para los consumidores -y también para las industrias y el comercio-, la promesa de electricidad más barata se ha vuelto una gran falacia. Las últimas licitaciones de energía eléctrica convocadas por la CNE para abastecer a los clientes regulados son un buen ejemplo: Enel Generación se ha adjudicado íntegramente importantes licitaciones recientes: en la licitación 2023/01, por ejemplo, se adjudicó suministrar toda la energía a un precio de USD 56,7 por MWh; y en la licitación excepcional 2025/02 volvió a adjudicarse todo el suministro, pero esta vez a un precio de USD 98,7 por MWh. Curiosa forma de competencia: en las licitaciones cada vez participan menos empresas generadoras, una sola se adjudica todo y los precios terminan subiendo.

Más se sorprendería todavía el consumidor si se enterase de que no necesariamente está pagando porque haya que construir nuevas centrales, sino que las licitaciones se satisfacen mediante algunas centrales que ya son relativamente antiguas. Nada impide seguir aprovechando activos antiguos, pero es curioso que en tales casos los precios del suministro resulten crecientes en vez de disminuir.

A lo anterior se le suma lo que podríamos llamar el “rebote” de las licitaciones, que ocurre cuando determinados bloques no se adjudican, o se abandonan, y posteriormente son cubiertos por otros generadores, por lo general con precios más altos. En todo caso, la electricidad se consume en el momento en que se necesita, y la anacrónica maraña regulatoria vigente impide que el consumidor pueda decir “la electricidad está muy cara ahora, mejor la voy a comprar en unas horas más”, o bien “voy a comprar electricidad barata durante la mañana y la almacenaré en baterías, para no tener que comprar electricidad cara en la noche”.

Con menos competidores y con una demanda cautiva, el resultado puede ser un muy buen negocio para quien vende energía, pero es bastante menos atractivo para quien finalmente paga la cuenta. Y aquí aparece otra paradoja difícil de pasar por alto: mientras Enel Generación resulta beneficiada en las licitaciones de suministro de la CNE, la SEC formula cargos contra Enel Distribución por instalar medidores electrónicos, aunque no “inteligentes”, que registraban consumos cuando no había artefactos eléctricos funcionando. La investigación de la SEC detectó alrededor de 56 mil medidores de ese tipo y ordenó suspender la facturación de aquellos que presentan fallas, mientras se desarrolla el procedimiento. ¡Y no hablemos de los famosos medidores “inteligentes”, que han generado un mar de críticas por parte de aquellos clientes que luego de aceptarlos han visto aumentadas sus cuentas históricas!

En otras palabras, por un lado el consumidor enfrenta una energía adjudicada a precios crecientes y, por el otro, debe preocuparse de si su medidor mide correctamente o no. En síntesis, es una transición energética bastante particular.

El contraste con los denominados “clientes libres”, que en general son grandes industrias, también merece un comentario. En el segmento de los clientes libres existen procesos competitivos de contratación, convocados por los propios clientes y no por la CNE, que permiten obtener precios considerablemente inferiores a los que pagan los clientes regulados.

¿Por qué una gran empresa puede negociar electricidad más barata, mientras millones de hogares deben aceptar pasivamente el resultado de licitaciones de la CNE, que cada vez son más concentradas y caras?

Mucho se habla también de la presunta necesidad de dictar una nueva regulación para la distribución eléctrica, de modo de mejorar la confiabilidad del servicio, reemplazar los medidores antiguos por medidores “inteligentes”  y abandonar los modelos de empresa eficiente que se emplean actualmente para determinar las tarifas reguladas, pero -por lo que hemos observado hasta el momento- todo ello sólo se reflejará en nuevos aumentos de tarifas, lo que nos parece inaceptable.

Es más, los crecientes precios de la electricidad comprada al Sistema Eléctrico Nacional, y los decrecientes precios de los paneles solares, de los aerogeneradores y de las baterías, están induciendo a muchos clientes -grandes y pequeños- a generar su propia energía y a depender cada día menos de ese sistema. Ello es peligroso no sólo para aquellos clientes que no pueden independizarse, sino que también para las propias empresas eléctricas.

En el corto plazo las licitaciones deben ser reestudiadas: hay que revisar los mecanismos de rebote, las ofertas condicionadas y, sobre todo, aquellas condiciones impuestas por la CNE que en vez de aumentar la competencia, la están reduciendo. La solución definitiva sólo llegará el día que las energías verdes dejen de recibir subsidios y pasen a competir mano a mano con las energías convencionales, y que cualquier cliente -y no sólo las grandes industrias- pueda elegir al generador o comercializador de su preferencia.

La transición energética no puede medirse sólo por medio de los Megawatts verdes o renovables de los que dispone el país. Para el consumidor y para las empresas medianas y pequeñas existe un indicador bastante más sencillo: cuánto se paga a fin de mes y qué se recibe a cambio, porque si las tecnologías solares, eólicas y de baterías son cada vez más económicas, pero la electricidad que pagan las familias y las empresas es cada vez más cara, el problema ya no está en cómo generamos la energía, o en cómo la distribuimos, sino que en qué están haciendo nuestras autoridades para que la libre competencia se imponga de una vez por todas en el sector eléctrico.