España pone estándares, Chile invoca la autonomía

“Chiringuito” fue la palabra que usó Pedro Sánchez para anunciar un decreto contra cierto tipo de universidades, y las dos exigencias que ese decreto contiene son del tipo que en Chile ni siquiera se pueden nombrar, porque la mitad del profesorado de cada titulación deberá tener grado de doctor y las instituciones tendrán que acreditar contratos estables y no plantas armadas a honorarios. No son orientaciones ni principios generales sino cifras y condiciones de contratación, exigidas programa por programa e iguales para todos.

Si uno abre entonces los criterios de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) buscando algo equivalente, no encuentra nada, porque el criterio sobre cuerpo académico se limita a establecer que este debe contar con la dedicación y las credenciales necesarias para el proceso de enseñanza, sin una sola proporción mínima de doctores, sin mínimos de jornada y sin restricción de modalidad. A ello se suma que esos criterios se evalúan contra el proyecto institucional que cada casa de estudios declaró, de modo que la referencia la fija la propia institución evaluada y lo que se verifica es la coherencia interna antes que un umbral común.

Nada de esto es un descuido técnico, sino el resultado de una idea de autonomía que entre nosotros funciona como coartada, porque cada vez que alguien insinúa un estándar cuantitativo la respuesta llega con el mismo vocabulario, esto es, que fijar mínimos vulnera la autonomía académica y que determinar cupos equivale a planificación centralizada, hasta que la palabra que nació en Córdoba como defensa frente a poderes considerados ilegítimos terminó protegiendo sobre todo la libertad de abrir programas.

El escudo resulta bastante selectivo, ya que la Ley 21.091 impuso acreditación obligatoria, arancel regulado y una superintendencia sin que nadie sostuviera que se destruía la autonomía, de modo que lo protegido no ha sido nunca la libertad académica sino la de definir cuánto y dónde se enseña. No es un detalle menor, porque las universidades privadas ajenas al Consejo de Rectores concentran hoy el 46% de la matrícula universitaria de pregrado y tres cuartas partes de la gratuidad del año pasado fueron a instituciones privadas. Y si a alguien se le ocurriera copiar la medida española, conviene saber que en Chile apenas 1 de cada 6 académicos tiene grado de doctor.

Los resultados están documentados por el propio Estado, porque la Fiscalía Nacional Económica (FNE) estableció en enero que el 35% de los cerca de 5.000 programas de pregrado entrega retornos negativos, y aun así sus recomendaciones fueron mejorar la información y la orientación vocacional, sin proponer umbral alguno contra el cual medir. Mientras tanto, entre un tercio y casi 4 de cada 10 ocupados con educación superior trabajan por debajo de su calificación.

Y no es que no podamos hacerlo, porque en pedagogía el Estado elevó el puntaje mínimo de ingreso y la matrícula de primer año cayó 12% en un año, sin que nadie alegara vulneración alguna. Quizás porque ahí el Estado tiene algo que perder, ya que un mal profesor termina enseñando en el sistema escolar que él mismo financia y supervisa, mientras que un mal abogado o un mal psicólogo son un problema de quien los contrate, y esa diferencia, más que cualquier doctrina sobre la autonomía, explica por qué en Chile hay estándares cuando el que paga las consecuencias es el Estado y no los hay cuando las paga el estudiante.