Esto no es un simulacro, Chile bajo la amenaza de crisis, emergencias y desastres socionaturales

En Chile, los desastres parecen florecer esta primavera de norte a sur. Lluvias torrenciales, tormentas de arena, truenos, relámpagos, fuertes vientos, posibles tornados, granizadas, aluviones y desbordes de ríos configuran un escenario donde hasta las emociones parecen desbordarse. Una primavera particularmente generosa en emergencias, cuando el estado de alerta deja de ser excepcional para instalarse en la vida cotidiana. Detrás de cada fenómeno emergen desigualdades territoriales que condicionan las posibilidades de prevención, respuesta y recuperación. Resulta contradictorio que un Gobierno que se presentó como “de emergencia” no haya logrado asegurar una gestión del riesgo respaldada por planificación, financiamiento y respuestas oportunas. Las amenazas se intensifican y las comunidades continúan esperando soluciones. La retórica de la urgencia, al parecer, resulta menos costosa que asumir sus consecuencias.

Esta sucesión de crisis ocurre en un país cuyos indicadores de salud mental alcanzan niveles de deterioro que no se registraban desde la pandemia Covid-19. Según la duodécima ronda del Termómetro de la Salud Mental Achs-UC, un 18,5% de las personas encuestadas registra sospecha o presencia de problemas de salud mental, 5,8 puntos porcentuales más que en 2025. Los síntomas depresivos moderados o severos alcanzan el 16,2%, con una brecha entre mujeres (20,5%) y hombres (11,6%). Se suman la ansiedad (17,9%), el insomnio (14,3%) y la soledad percibida alta (21,9%). Aunque estas cifras no pueden atribuirse directamente a los desastres, estos eventos pueden intensificar el desgaste psicológico de una sociedad expuesta a múltiples incertidumbres. La salud mental también refleja las desigualdades en las condiciones de vida y las limitaciones institucionales para resguardar el bienestar colectivo.

La exposición reiterada a amenazas puede prolongar las respuestas fisiológicas al estrés, alterar el sueño y comprometer la salud física y mental. Ningún cuerpo resiste indefinidamente en estado de alerta, ni un Gobierno puede sostenerse administrando emergencias sin un programa claro y una planificación de mediano a largo plazo. ¿Cuánta resiliencia puede exigirse a comunidades que apenas comienzan a recuperarse cuando enfrentan otro desastre? La respuesta no puede limitarse a promover estrategias individuales de afrontamiento ni trasladar a la ciudadanía responsabilidades institucionales. La educación comunitaria y la psicoeducación son fundamentales, pero ninguna preparación individual compensa la ausencia de condiciones materiales de seguridad.

La vulnerabilidad no comienza cuando se activa una quebrada ni desaparece cuando se retira el barro. Se configura históricamente mediante decisiones sobre planificación territorial, infraestructura, acceso a servicios y distribución de recursos. Los desastres socionaturales no son fenómenos exclusivamente ambientales, sino el resultado de amenazas que interactúan con desigualdades preexistentes. Perder una vivienda, interrumpir tratamientos médicos o vivir sin certezas sobre la reconstrucción afecta el bienestar psicológico, los vínculos comunitarios y la confianza institucional. Es entonces cuando comienza el desastre después del desastre, aquel que persiste cuando el barro se seca y la atención mediática se desvanece, mientras las comunidades enfrentan condiciones de precariedad que se prolongan ante la falta de respuestas oportunas y que, en ninguna circunstancia, deberían normalizarse.

Las emergencias de agosto en el norte del país, particularmente en Tocopilla, Iquique, Alto Hospicio y otras localidades, dejaron viviendas dañadas, rutas interrumpidas y dificultades de acceso a servicios esenciales. Casi dos meses después, persiste la incertidumbre sobre el financiamiento, los plazos y las responsabilidades de reconstrucción, ante respuestas institucionales tardías que obligan a las comunidades a recurrir a sus propios recursos y aportes privados. En paralelo, las autoridades protagonizan un auténtico “tour de emergencia”, entre visitas oficiales, viáticos y fotografías para la prensa. En Alto Hospicio, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, fue fotografiado con un pie apoyado sobre una losa fracturada al borde de un socavón, una imagen que contradice las medidas de prevención exigidas ante semejante peligro. Los recientes eventos no dan tregua y parecen convertirse en oportunidades anticipadas de campaña política, aunque las obras pendientes no avanzan al ritmo de las fotografías oficiales. La exposición mediática gana terreno, pero el suelo continúa agrietándose, al igual que la confianza de las comunidades que esperan soluciones.

El contraste se agudiza tras el aluvión del 8 de octubre en Las Condes, declarada zona afectada por catástrofe ese mismo día. Una respuesta necesaria, pero distante de lo ocurrido en Coquimbo, donde la declaratoria tardó seis días, y en Tocopilla, Iquique y Alto Hospicio, donde la demora institucional mantiene pendientes compromisos de ayuda y reconstrucción, incluso después de la visita presidencial. La incertidumbre aumenta ante los ajustes presupuestarios de Hacienda que afectan a los gobiernos regionales y diversos programas públicos, en medio de crecientes presiones sociales y políticas. ¿Qué explica semejantes diferencias en los tiempos de respuesta? ¿La Ficha Básica de Emergencia (FIBE) se aplica con la misma celeridad en las regiones o la capital tiene otros plazos? No se cuestiona la protección de una comuna, sino la desigual urgencia con que se atienden las necesidades de las personas. Santiago no es Chile, y las brechas entre sus propias comunas lo recuerdan. El centralismo condiciona la distribución de recursos, la visibilidad de los territorios y los procesos de reconstrucción. La naturaleza no distingue territorios; la urgencia política para responder a los desastres, al parecer, sí.

Las desigualdades territoriales se profundizan en el ámbito educativo cuando las emergencias interrumpen el funcionamiento de las escuelas. Ante inundaciones, aluviones o daños estructurales, los establecimientos suelen ser de los primeros servicios en suspender sus actividades y, en ocasiones, de los últimos en reanudarlas debido a problemas de salubridad, seguridad e infraestructura. Algunos deben funcionar como albergues, cumpliendo una labor humanitaria indispensable que tensiona la continuidad educativa. La suspensión prolongada de clases afecta los aprendizajes, la alimentación escolar, las rutinas y los vínculos de apoyo, especialmente entre estudiantes de familias con mayores dificultades materiales. Esta situación incrementa la sobrecarga emocional de docentes y equipos psicosociales, llamados a acompañar el sufrimiento colectivo pese a sus propias experiencias de vulnerabilidad y agotamiento. Reconstruir una escuela exige mucho más que reparar muros, retirar escombros y habilitar salas.

¿Cuántos desastres más deben ocurrir para que la prevención deje de ser una promesa de campaña? Chile no elige sus emergencias, pero sí eligió un gobierno de emergencia. Sin embargo, el Ejecutivo no solo llega tarde; responde de manera desigual y, en ocasiones, sus respuestas parecen no llegar ¿Por qué debe ocurrir una emergencia en Santiago para exigir radares meteorológicos, cuando las regiones, especialmente las zonas extremas, llevan años esperando mejores sistemas de monitoreo y alerta temprana? Estas diferencias obligan a cuestionar la asignación de recursos al Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), la sobrecarga laboral de sus equipos y la insuficiente inversión científica. En medio de tantas emergencias, ¿dónde está quien debe dirigir la orquesta y coordinar la respuesta institucional? ¿La escasa visibilidad de SENAPRED responde a limitaciones institucionales o a un mutismo selectivo ante las necesidades de los territorios? La prevención exige recursos, coordinación y responsabilidades claras, especialmente cuando las comunidades siguen esperando respuestas.

Chile ha desarrollado una cultura sísmica, pero las emergencias meteorológicas revelan las limitaciones de una preparación que requiere investigación territorial, tecnología y coordinación institucional. Las calles se convierten en ríos torrentosos y el granizo golpea las puertas de La Moneda. Bajo esta tormenta perfecta, las desigualdades, la fragilidad institucional y las decisiones postergadas quedan expuestas como las ciudades inundadas. El negacionismo del cambio climático, declarado por el actual gobierno durante la campaña electoral y en el ejercicio del poder, abre cuestionamientos sobre la influencia de intereses económicos en sus prioridades políticas y la coherencia de sus decisiones ante amenazas complejas. La prevención no exige restar recursos a otros territorios, sino asignarlos con criterios de equidad territorial, transparencia, probidad y responsabilidad institucional, garantizando la rendición de cuentas. La investigación científica y los sistemas de alerta temprana requieren financiamiento y decisiones oportunas. De poco sirve anticipar amenazas si las advertencias se archivan y los recursos llegan cuando el daño está hecho. La protección de las comunidades no puede seguir dependiendo de decretos de catástrofe. No es a la naturaleza a quien debemos temer, sino a quienes, teniendo la responsabilidad de protegernos, se resisten a escuchar las advertencias de la ciencia.

A siete meses del inicio de este Gobierno, las sucesivas emergencias demandan una gestión sustentada en evidencia científica, equipos técnicos especializados y conocimiento de las comunidades. Mientras las escuelas interrumpen sus actividades, los consultorios se saturan y los hospitales recurren a espacios extraordinarios, incluso estadios, el desgaste psicológico de la población se profundiza. La resiliencia encuentra sus límites cuando la incertidumbre deja de ser excepcional y se instala en la vida cotidiana. Esto no es un simulacro. ¿Cuántas catástrofes más deben ocurrir para que las advertencias científicas sobre los impactos sociales y ambientales prevalezcan sobre los intereses económicos y los cálculos políticos? El descontento social tiene sus propias réplicas y puede irrumpir cuando menos se espera. El agua tiene fuerza y memoria, como las comunidades que no olvidan las promesas incumplidas ni las ayudas que aún no llegan. Las autoridades parecen ignorar que la indignación acumulada encuentra su cauce y ningún poder es impermeable al malestar colectivo. Porque cuando la memoria de un pueblo se desborda, los cimientos del poder pueden ceder y dejar al descubierto el socavón que sus propias decisiones profundizaron.