Protección a la medida del presupuesto

Imaginemos una noche cualquiera en una residencia de protección. Hay más niñas que camas, porque un tribunal ordenó un ingreso aunque no había cupo. La educadora de turno, sola con todas, tiene que decidir a quién atiende primero. No es una escena excepcional, sino lo que ocurre cuando un sistema de cuidado funciona por encima de su capacidad.

Según el Poder Judicial, el porcentaje de residencias con sobreocupación de niños, niñas y adolescentes pasó de 21% en 2020 a 41% en el segundo semestre de 2024. Otro 13% estaba en su capacidad máxima. Más de la mitad funcionaba sin margen.

Detrás hay un problema más profundo, que no es responsabilidad de un solo servicio. Los estándares de atención han avanzado más rápido que el financiamiento. El Servicio de Protección Especializada (SPE) elevó, con razón, lo que sus bases técnicas exigen en equipos y atención especializada. Sin embargo, los recursos que el Estado transfiere a los organismos colaboradores es, por ley, un “aporte” que, según la Defensoría de la Niñez, cubre solo una parte del costo final. Un estudio encargado por el propio Servicio advierte que el financiamiento no está calculado sobre los costos reales, y las licitaciones lo confirman. En 2022, todos los concursos de residencias tuvieron un solo oferente y uno de cada cinco quedó desierto.

¿Quién paga la diferencia? La cubre lo que una residencia puede ajustar. Primero, los adultos, con menos profesionales de los que exigen las bases, sueldos que no retienen, turnos con menos personas, equipos que rotan y se desgastan. Pero también temas como alimentación, actividades y mantención de la infraestructura se ven afectados.

La sobreocupación agrava la ecuación, porque parte del pago es fijo según la capacidad convenida, de modo que una niña más significa más necesidades con los mismos recursos. Para un niño, niña o adolescente que ya ha vivido vulneraciones, estar protegido significa tener adultos estables que lo escuchen, noten cuando algo cambia y lo acojan cuando vuelve de una salida sin autorización. Cuando faltan, el riesgo aumenta, aunque nadie haya cometido todavía una falta.

Por eso esta es una materia del mandato preventivo del Comité de Prevención contra la Tortura. El CPT ha trabajado de manera colaborativa con el Servicio de Protección (SPE), cuyos equipos conocen esta realidad mejor que nadie. La prevención de los malos tratos mira las condiciones que hacen probable el daño. La sobreocupación y la falta de personal son exactamente eso. Además, el Estado responde por lo que ocurre en las residencias aunque delegue su administración. Si fija un estándar y paga menos de lo que cuesta cumplirlo, ¿quién garantiza las condiciones de cuidado que faltan?

El proyecto de presupuesto 2027 promete “llegar antes” y anuncia aumentos valiosos en reparación, trabajo con familias y apoyo a niños con discapacidad. Pero el programa de Cuidado Alternativo, que financia el cuidado de los niños separados de sus familias por orden judicial, baja un 12,1% respecto de 2026, según la propia Dirección de Presupuestos, pasa de $182.200 millones a $160.221 millones para atender a la misma cantidad de niños, niñas y adolescentes.

El ejecutivo vincula parte del ajuste al plan Crecer en Familia, que busca que los niños más pequeños vivan en familias de acogida y no en residencias. Es la dirección correcta, pero los datos no muestran que ese tránsito vaya a ocurrir al ritmo del recorte. Aunque los niños en familias de acogida han aumentado, los que viven en residencias también subieron, de 5.095 en agosto de 2025 a 5.183 en abril de 2026. Además, más de 2.300 esperan ingresar a un programa de familia de acogida.

Si el financiamiento actual ya no alcanza para cumplir los estándares exigidos, reducirlo, aunque se mantenga la cobertura, no solo impide mejorar la atención, sino que puede profundizar la brecha existente. Llegar antes también significa financiar el cuidado que ya existe. Eso exige costear cuánto cuesta realmente cuidar con los estándares exigidos, financiarlo completo y tratar la sobreocupación como una alerta que obliga a responder. Hacienda y el Congreso tienen en esta discusión la oportunidad de darle al SPE los recursos para cumplir lo que el propio Estado le exige.

La protección de un niño, niña o adolescente no puede depender de para cuánto le alcance a una institución. Mientras el estándar se ajuste al presupuesto y no a las necesidades reales de cuidado, el Estado seguirá exigiendo en el papel un cuidado que en la práctica no financia.