Dos subsistemas, un solo sistema: la integración pendiente

Hace pocos días, el senador Ricardo Celis comentó el lanzamiento de la Mesa de Trabajo sobre Educación Superior y Competencias para el Futuro, convocada por la comisión Desafíos del Futuro del Senado. La iniciativa es valiosa y su advertencia resulta atendible: existe el riesgo de que la Hoja de Ruta 2035 quede reducida a una declaración de buenas intenciones. Comparto ese diagnóstico. Sin embargo, quisiera detenerme en un detalle del planteamiento que, a mi juicio, ilustra precisamente el problema que esa instancia deberá resolver.

Al describir quiénes deben poner sus capacidades al servicio de esta tarea, la columna menciona a las universidades como depositarias del capital intelectual del país. La afirmación es correcta en lo que enuncia, pero incompleta por lo que omite. Una mesa que se pregunta qué técnicos necesitará Chile en la próxima década difícilmente podrá responder de manera pertinente y adecuada si no considera al subsistema que forma a cerca de 650 mil estudiantes y que despliega más de doce mil programas a lo largo del territorio. No se trata de un olvido personal del senador, cuya preocupación por la pertinencia territorial comparto plenamente. Se trata, más bien, de la manera en que se ha entendido la educación superior en Chile y que la política pública ha consolidado durante años.

Recordemos cómo se consolidó esta mirada. Los instrumentos públicos de financiamiento para investigación e innovación fueron concebidos para un tipo de institución, con sus tiempos, sus formatos de postulación y sus criterios de evaluación. Los indicadores reconocen determinados productos y no otros. Los espacios de deliberación se poblaron con determinados actores. Nada de esto obedece a una decisión deliberada contra el subsistema técnico-profesional; se trata, más bien, de una arquitectura que se construyó cuando la educación superior se pensaba casi exclusivamente en clave universitaria, y que permaneció intacta después de 2018, pese a que ese año la ley encomendó a los institutos profesionales y centros de formación técnica un mandato propio en materia de transferencia de conocimiento. El rector del CFT ENAC, Jorge Menéndez, y el consultor del PNUD Juan Francisco Moreno lo ilustran con una cifra elocuente: por cada peso que el país invierte en investigación e innovación en el subsistema técnico-profesional, al sector universitario se le asignan trescientos.

Ahora bien, conviene ser muy claro en un punto. Nada de lo anterior constituye una defensa corporativa. No se trata de reclamar una cuota ni de solicitar un trato compensatorio para nuestras instituciones. La pregunta pertinente no es qué le falta al subsistema técnico-profesional, sino qué deja de aprovechar el país cuando mantiene desconectada de la tarea de innovar a casi la mitad de su educación superior. Formulada así, la discusión cambia de naturaleza: deja de ser un asunto gremial y se convierte en un problema de diseño institucional, de cómo concebimos un sistema de educación superior efectivamente integrado por y entre las instituciones que lo conforman.

Vale la pena, entonces, observar quiénes componen ese subsistema. En 2026, los institutos profesionales y centros de formación técnica reúnen cerca del 45% de la matrícula total de educación superior del país. Sin embargo, la cifra más reveladora no es esa, sino quiénes son esos estudiantes. Una inmensa mayoría, cercana al 70%, son los primeros de su familia en acceder a la educación superior. Una proporción muy significativa trabaja mientras estudia, de modo que cada semana transita entre el aula y la empresa. Sus edades son más diversas que en el sistema universitario y su arraigo territorial resulta notablemente mayor: se forman y se insertan laboralmente en la misma región, muchas veces en la misma comuna.

Ese perfil tiene una consecuencia que la política pública no ha sabido leer. Nuestros estudiantes no son destinatarios lejanos de la innovación: están dentro de las empresas donde la innovación debe ocurrir. Cuando un técnico en mantenimiento industrial aprende a operar una tecnología nueva, esa tecnología entra al día siguiente a su lugar de trabajo. Cuando una estudiante de una carrera agrícola conoce un método de manejo más eficiente, ese método llega a un predio real. En consecuencia, el aula técnico-profesional no constituye solo un espacio formativo; es uno de los canales de transferencia tecnológica más capilares y extendidos con que cuenta el país. Difícilmente exista una infraestructura comparable para hacer llegar conocimiento a la pequeña y mediana empresa.

Nada de esto tiene sentido, por cierto, si se plantea como una alternativa al sistema universitario. Un subsistema difunde y aplica aquello que otro contribuye decisivamente a generar. Sin investigación de frontera no hay tecnología que transferir; sin capacidad de transferencia, el conocimiento permanece disponible, pero no llega a destino. La pregunta que corresponde formular a la política pública no es, por tanto, a quién financiar, sino cómo lograr que ambos subsistemas operen como partes de un mismo sistema.

De ahí surgen orientaciones bastante concretas. En primer lugar, los instrumentos públicos deberían incorporar y promover explícitamente la colaboración entre universidades e instituciones técnico-profesionales, de modo que un proyecto de investigación aplicada contemple desde su diseño quién instalará la solución en el territorio. En segundo lugar, el subsistema técnico-profesional requiere instrumentos propios, plurianuales y ajustados a su naturaleza, orientados a desafíos productivos definidos con nombre y apellido. En tercer lugar, los sistemas de evaluación deberían reconocer resultados distintos según el mandato de cada actor: la producción científica, en un caso, y las soluciones adoptadas, los procesos mejorados y las empresas acompañadas, en el otro. Finalmente, la articulación con gobiernos regionales y comités de desarrollo productivo permitiría anclar estas capacidades allí donde los problemas se manifiestan.

Otros países avanzaron precisamente en esa dirección. En el País Vasco funciona un centro de innovación aplicada que articula en red a los centros de formación profesional, libera parcialmente a sus docentes de carga lectiva y ejecuta cerca de doscientos proyectos anuales con pymes industriales. Lo aprendido en esos proyectos regresa al aula como currículum actualizado. No se trata de un sistema paralelo, sino de una pieza deliberadamente integrada al conjunto.

En suma, la distancia entre ambos subsistemas no se corrige con declaraciones de complementariedad, sino con instrumentos que la hagan posible. Chile dispone de universidades capaces de generar conocimiento de frontera y de una red técnico-profesional presente en todo el territorio, con casi la mitad de los estudiantes del país y un vínculo cotidiano con el mundo productivo. Contar con ambas cosas y mantenerlas separadas constituye, a estas alturas, una decisión de política pública. También es una que podemos revisar, y la mesa del Senado ofrece una buena oportunidad para hacerlo.