La arrogancia del poder y el olvido de la responsabilidad

Hay una forma especialmente peligrosa de ejercer el poder: confundir las convicciones con el conocimiento, la autoridad con la superioridad y una victoria electoral con el derecho a prescindir de las instituciones. Es la soberbia de quienes llegaron prometiendo eficiencia y profesionalismo, pero parecen descubrir cada día, a costa del país, que gobernar exige algo más que arrogancia.

Fernando Rabat, ministro de Justicia, ofrece un ejemplo inquietante. Su ministerio concedió rebajas de condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, sin considerar escuchar a las víctimas. Alegó razones jurídicas, pero reconoció haber modificado criterios administrativos anteriores. Más aún, documentos conocidos públicamente revelaron que su propio ministerio había rechazado solicitudes semejantes, algunas con su firma.

¿Ignorancia, improvisación o algo peor? Porque la legalidad de una decisión no extingue la responsabilidad política de quien la adopta.

Existe, además, una sospecha que exige respuestas. Rabat también firmó decretos que beneficiaron a condenados por secuestros y torturas durante la dictadura. ¿Estamos presenciando decisiones aisladas o la preparación de un camino para liberar progresivamente a violadores de derechos humanos? No hay pruebas de un plan deliberado, pero tampoco razones para renunciar a exigir transparencia.

Martín Arrau, ministro de Seguridad, declaró que, por él, no asistiría al Congreso, porque gestionar era más importante. La frase revela una concepción rudimentaria del Estado: considerar al Parlamento una molestia y no una institución indispensable de la democracia. La suficiencia del que todavía no comprende aquello que pretende dirigir.

Arturo Squella, presidente de Republicanos, representa la complacencia de un círculo político donde la lealtad amenaza con reemplazar la competencia y la defensa corporativa con sustituir la rendición de cuentas.

Y sobre todos está José Antonio Kast. Porque el Presidente no puede refugiarse eternamente en sus ministros ni transformar cada fracaso en una nueva acusación contra sus adversarios. Gobernar no consiste en denunciar la incompetencia ajena mientras se exhibe la propia, ni en confundir la confianza personal con la idoneidad para ejercer responsabilidades públicas.

Lo verdaderamente preocupante es esa mezcla de sectarismo, ignorancia y petulancia que convierte las certezas ideológicas en sustitutos del conocimiento. Un pequeño círculo convencido de poseer todas las respuestas, incapaz de escuchar, de rectificar y, sobre todo, de comprender que el Estado existía mucho antes de su llegada.

A esa soberbia se suma la prepotencia clasista de quienes pretenden normalizar que se llame «grasa» a los funcionarios públicos. ¿Cuál es, en verdad, la grasa que hay que sacar del Estado? ¿los servidores que están presentes en las inundaciones, las pandemias y las emergencias, cuando los discursos se acaban y alguien debe hacerse cargo? ¿o ese conjunto de petimetres a quienes les queda grande el poncho del poder?

Presidente Kast: el Estado no es un botín para sus cercanos ni sus funcionarios son el desecho de una victoria electoral. El respeto por quienes sirven al país comienza por el ejemplo de quien lo gobierna.

Y está Jorge Quiroz, con esa frialdad de quien parece contemplar la economía desde una planilla de cálculo en la que las personas han desaparecido, reemplazadas por cifras, porcentajes y equilibrios contables. Su dogmatismo económico merece una pregunta elemental: ¿para qué sirve una economía ordenada si quienes deben vivir en ella no encuentran alivio a sus dificultades?

La responsabilidad fiscal es indispensable, pero no puede convertirse en una coartada para la indiferencia social. El verdadero peligro comienza cuando la teoría deja de ser un instrumento para comprender la realidad y se transforma en una doctrina ante la cual la realidad debe rendirse. Porque detrás de cada cifra hay una familia, un trabajador, un jubilado, una vida concreta que no puede esperar a que los dogmas produzcan sus prometidos milagros.

La responsabilidad jurídica pregunta si una decisión fue legal. La política exige saber si fue prudente, justa y compatible con la confianza ciudadana. Esa diferencia elemental parece escapar a quienes creen que basta invocar una norma para absolverse de sus errores.

Presidente Kast: saque la verdadera grasa del Estado. Pero empiece por mirar a su alrededor. No son los funcionarios que enfrentan las inundaciones, los incendios, las pandemias y las emergencias quienes merecen su desprecio. Pregúntese, en cambio, qué responsabilidad tienen quienes, desde las alturas del poder, disfrutan de sueldos millonarios mientras confunden la ignorancia con la audacia, la prepotencia con el liderazgo y el dogmatismo con el conocimiento.

El verdadero escándalo no es que el Estado tenga funcionarios que sobran, sino que haya autoridades que todavía no han demostrado merecer el cargo que ocupan. Y si de eliminar la grasa se trata, Presidente, comience por exigirles resultados a los suyos. Chile no tiene por qué financiar con sueldos millonarios el aprendizaje de quienes llegaron creyendo que lo sabían todo.