Cuando las políticas culturales fabrican malestar: lo que expresa la calle en Francia y Chile

Hace siete años Chile experimentó uno de los acontecimientos más importantes de su historia reciente: el estallido social de octubre. Desde entonces, el país no solo procesó sus fracturas, dilemas y horizontes de expectativas en los denominados “ensayos constitucionales”, sino también en una oscilación política impensada, donde la izquierda entregó el poder a una extrema derecha que se ha encargado en desmantelar avances de política pública en salud, educación, ciencia y, ciertamente, cultura.

Desde mediados de septiembre de este año, Francia vive algo similar. Si en un comienzo los estudiantes secundarios protestaron por la falta de profesores, recursos e infraestructura educativa, el 17 de octubre se les sumaron cientos de miles de personas, destacando, entre ellos, los “chalecos amarillos”, un movimiento ciudadano transversal y crítico del presidente Macron. Detrás de las demandas concretas asoma algo más profundo: una desconfianza generalizada hacia instituciones que ya no logran hablarle a quienes deberían servir.

El ajuste presupuestario, el alza de la vida diaria y el malestar general con las políticas de austeridad gatillaron el propio “estallido social” francés. Al igual que en Chile, estas movilizaciones se explican por factores multidimensionales y elaborar un buen diagnóstico exigiría un trabajo de largo plazo. A pesar de ello, en esta columna nos gustaría enfocarnos en un ámbito específico: el rol que las políticas culturales juegan en los escenarios de rebeldía social.

En efecto, solemos repetir y escuchar que la cultura y las políticas culturales generan bienestar social. Se dice, con algo de evidencia, que dinamizan la economía, cohesionan los territorios y hacen mejores a las personas. Sin embargo, pocas veces nos preguntamos lo contrario: ¿las políticas culturales pueden ser fábricas de malestar social? Al parecer, sí. Y esto ocurre cuando refuerzan la desigualdad social en lugar de reducirla, cuando alimentan la distinción social o cuando aumentan la distancia simbólica entre los espacios culturales y la mayoría de la población.

El modelo francés frente a su espejo

Francia ha sido durante décadas una referencia para América Latina en materia de políticas culturales. Ha construido un ministerio fuerte, una red densa de teatros, museos, bibliotecas y conservatorios, y un compromiso público sostenido con el patrimonio, la creación y el fomento artístico. Desde la creación del Ministerio de Asuntos Culturales en 1959, Francia se ha inscrito en la historia de las políticas culturales como el inventor de un paradigma propio de gestión cultural. Pero ese modelo también ha producido instituciones percibidas por la población general como lugares para iniciados o expertos. Los públicos que no se sienten invitados terminan leyendo esos espacios como signos de distinción y exclusión social. Que no son, en definitiva, bienvenidos.

En junio de 2024, tras la disolución de la Asamblea Nacional, la directora Ariane Mnouchkine, fundadora del Théâtre du Soleil, hizo un examen de conciencia poco habitual en el medio cultural francés. Reconoció que la gente de la cultura tenía parte de responsabilidad en el ascenso de la extrema derecha: “Soltamos al pueblo, no quisimos escuchar los miedos, las angustias”. Dos años después, la pregunta sigue abierta: ¿qué dejamos de ver?

Parte de la respuesta está en la forma misma de las instituciones. Un teatro, un museo o una biblioteca no solo ofrecen obras. También comunican, a través de sus códigos, sus horarios, sus tarifas y su lenguaje, quién es bienvenido y quién no. Cuando esa frontera se vuelve invisible para quienes están adentro y evidente para quienes están afuera, la cultura deja de ser un bien común. Se convierte en un marcador de diferencia, y esto, a la larga, alimenta el resentimiento y rechazo de ese tipo de lógicas.

A pesar de todos los esfuerzos, la encuesta Prácticas culturales de los franceses, que el Ministerio de Cultura realiza desde 1973, muestra que el público de los equipamientos culturales sigue marcado por fuertes desigualdades sociales, sobre todo según el nivel de estudios. La notable excepción son las mediatecas, el único equipamiento cuyo público representa la diversidad de la población francesa. Los bibliotecarios son quizás el único oficio cultural que se atrevió a hacer su revolución copernicana: transformaron en profundidad sus objetivos hasta convertir sus espacios en lugares de lo cotidiano, en vez de templos de un saber superior.

Sin embargo, esto no ocurre con frecuencia: en París, una de las ciudades con mayor concentración de teatros del mundo, los espectadores no reflejan en absoluto la diversidad étnica, cultural y social que se ve en las calles. Peor aún, en los barrios populares de la periferia, donde el Estado construyó grandes teatros públicos, se ve llegar al público en metro desde el centro de París y volver a él apenas termina la función, mientras la gran mayoría de la población local asume que estas instituciones no están hechas para ella. Es la paradoja de una política pública que, buscando democratizar la cultura, terminó consagrando sus fronteras.

¿Y Chile?

En el año del estallido social, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio llevaba un poco más de un año de existencia. Evaluar su gestión en ese entonces era apresurado e improductivo. Lo que se sabía señalaba un diagnóstico claro: a pesar de la fuerte inversión en infraestructura pública, aumento de fondos concursables y creciente institucionalidad cultural, la desigualdad en el acceso a las manifestaciones artísticas seguía siendo un problema estructural. La “incesante brecha” en el disfrute de las artes se seguía expresando a nivel de grupos socioeconómicos, educativos, territoriales y etarios.

¿Qué ha pasado siete años después de tener un ministerio del sector? Poco. Los datos de la Encuesta Nacional de Participación Cultural y Comportamiento Lector 2024 señalan que, a pesar de ciertos aumentos estadísticos de acceso —en algunos casos bastante sospechosos, como ya se ha señalado en otro lugar en la lectura de libros—, la desigualdad sigue persistiendo y, en algunos casos, se exacerba (como en el caso del acceso al teatro).

Con el actual gobierno de José Kast la situación no se vislumbra prometedora. Junto con la reducción presupuestaria de este año y la proyectada para 2027 de un 0,48% del gasto público (2024 fue de 0,37, 2025 de 0,54 y 2026 de 0,55), las actuales autoridades han desmantelado proyectos de infraestructura clave para el país como el Centro Cultural Gabriela Mistral, eliminado fondos concursables estratégicos y, sobre todo, cambiado reglas del juego que, desde hace años, habían demostrado impacto y proyección cultural para el país, como el financiamiento de la Gran Sala Sinfónica Nacional de la Universidad de Chile. El panorama, como se advierte, no luce promisorio.

Estas políticas culturales —porque eso son— generan malestar subjetivo y social. Y no solo entre el mundo artístico, por cierto. También en todo el ecosistema cultural: además de los públicos y la ciudadanía, también se generan perspectivas defraudadas en los proveedores de servicios, educadores/as, vecinas/os, comerciantes, emprendedoras/es, medios de comunicación y así un largo etcétera. Cada uno de estos eslabones se ve afectado tanto en sus horizontes de trabajo, como en sus expectativas biográficas. En suma, al reducir aporte del Estado en cultura se aumenta —y acumula— malestar.

Tanto el caso chileno como el francés permite extraer al menos tres lecciones.

La primera es evaluar las políticas culturales también por sus efectos distributivos. No basta con contar públicos y metros cuadrados: hay que medir quién entra, quién no entra y qué sienten quienes se quedan afuera.

La segunda es pasar de instituciones de distinción social a instituciones de encuentro. Eso supone abrir la programación y la gobernanza a las comunidades del territorio, trabajar con escuelas, organizaciones y barrios, y aceptar que la legitimidad cultural ya no se decreta desde arriba. Hoy todo lo que se parece a una élite es cuestionado.

Y la tercera es devolverle al Estado y a los municipios una visión a largo plazo. Sin continuidad política, las instituciones culturales quedan entregadas al voluntarismo de sus equipos. Y sin escucha, se vuelven monumentos a una distinción que alimenta el malestar que dicen combatir. Con esto, por cierto, no se busca reducir el malestar o aplacarlo: por el contrario, es buscar procesarlo en formas alternativas y basadas en el reconocimiento político.

Kamikazes de la cultura

En 2018, en una conversación personal con uno de nosotros, la actriz peruana Norma Martínez señaló que hacía falta ser “kamikazes de la cultura”. No se trataba de sacrificarse por las instituciones, sino de actuar rápido, aunque fuera a riesgo propio, para derribar la pirámide de valores que rige nuestras sociedades. Esa conversación nos recuerda que la cultura y la educación no son una receta mágica, sino herramientas para crecer como colectivo.

Ocho años después, la intuición sigue vigente. La cultura no es solo un remedio contra el malestar social. Mal pensada, también puede ser una de sus causas. Asumirlo exige algo de ese espíritu kamikaze: la audacia de cuestionar nuestras propias instituciones, pensando en las generaciones futuras más que en nosotros mismos.