Inclusión laboral: el problema no es donar, es no contratar

En las últimas semanas he conversado en televisión y radio sobre un tema que aparece poco en la agenda: el trabajo de las personas con discapacidad. En cada entrevista la pregunta de fondo fue la misma: ¿se cumple la Ley de Inclusión Laboral? La respuesta honesta es que se cumple a medias.

A nueve años de su promulgación, la Ley 21.015 exige que empresas e instituciones públicas con 100 o más trabajadores tengan al menos un 1% de personas con discapacidad en su dotación. Sin embargo, según los últimos reportes oficiales, solo un 44,4% de las entidades obligadas cumple. Y el Centro de Políticas Públicas UC estima que apenas tres de cada diez personas con discapacidad en edad de trabajar tienen un empleo formal.

En tanto, en los estudios se repite una pregunta: ¿no es la donación una vía fácil para no contratar? Los números dicen otra cosa. De cerca de 7.800 empresas obligadas, solo 152 donaron por el cumplimiento de 2025, menos del 2%. El problema no es la donación. El problema es que no se contrata y que muchos ni siquiera informan. Casi la mitad de los organismos autónomos del Estado no reporta, igual que un tercio de los municipios. Más que el incumplimiento, preocupa la indiferencia.

¿Por qué cuesta tanto? Porque las barreras siguen ahí: físicas, de comunicación y, sobre todo, de actitud. Persisten mitos, como que una persona con discapacidad baja la productividad o falta más. A eso, se suma una brecha educativa documentada: muchas personas no pudieron completar su formación porque el sistema no era accesible. Las empresas no pueden seguir esperando que el talento llegue “listo” a su puerta. Hay que formar, acompañar y, lo más difícil, conectar a quienes buscan trabajo con quienes contratan.

Hay buenas noticias. Tras detectarse más de 90 mil trámites pendientes en el Compin, la certificación de discapacidad se aceleró. ¿Por qué importa?: Porque otro 10% de las empresas informó contrataciones que fueron rechazadas porque las personas no tenían su credencial. Eso no se resuelve con multas, sino con gestión y acompañamiento.

En Fundación SOFAN, desde Yungay, en la Región de Ñuble, hacemos exactamente eso con el Programa SOFÍA: formamos en habilidades sociolaborales y digitales, acompañamos a cada persona y la conectamos directamente con empleadores. Este modelo fue reconocido por Zero Project en la sede de Naciones Unidas en Viena. Pero no estamos solos: fundaciones, municipios, universidades y servicios públicos ya están dispuestos a colaborar. El desafío es que ese esfuerzo llegue de Arica a Magallanes y no se quede solo en Santiago.

Cuando una empresa no puede contratar por razones fundadas, la ley le permite donar a proyectos que forman y conectan talento. Bien orientada, esa donación no es una salida para no incluir: es una inversión para que mañana haya más contrataciones.

Se acerca la Teletón y, como cada año, el país se volcará a apoyarla. Está bien que así sea. Pero la inclusión no puede durar solo un fin de semana. Se juega en la oficina, en la sala de clases y en cada proceso de selección. La ley es el piso, no el techo. Lo que falta es decidir, como país, que el talento de las personas con discapacidad nos importa todo el año.