La traición de quienes debían proteger

Quienes hemos trabajado con sobrevivientes de abuso sexual y violación, desde la práctica clínica y la investigación, sabemos que el encarcelamiento de sus agresores es apenas una parte del complejo proceso de reparación. Una condena puede significar el reconocimiento del daño sufrido, pero no borra la violencia, no reconstruye automáticamente la confianza ni pone fin a sus consecuencias. Sanar es un proceso largo, difícil y profundamente relacional. Para muchas personas, continúa durante décadas.

Por eso, lo sucedido con las rebajas de condenas a 56 personas sentenciadas por abuso sexual y violación de menores tiene implicancias que van mucho más allá de la controversia política y jurídica. Y resulta especialmente preocupante que, en medio de las explicaciones ministeriales, las disputas partidistas y las discusiones sobre la responsabilidad de las autoridades, quienes han estado prácticamente ausentes sean precisamente los sobrevivientes.

Se discute sobre los derechos de los condenados, las atribuciones del ministro, las interpretaciones de la Corte Suprema y las consecuencias políticas para el Gobierno. Pero ¿dónde están las voces de quienes sufrieron los abusos? ¿Quién les preguntó cómo estas decisiones afectan sus vidas? ¿Qué lugar ocuparon sus experiencias, sus temores y sus necesidades de protección en las deliberaciones del Estado? Esta ausencia no es un detalle. Es parte del problema.

Sabemos que la mayoría de los abusos sexuales infantiles son cometidos por personas conocidas por las víctimas. Con frecuencia se trata de familiares, cuidadores u otras figuras que ocupan posiciones de confianza, poder o autoridad: alguien de la propia familia, un profesor, un médico, una persona encargada de proteger. En muchos casos, el daño no proviene solamente de la violencia sexual, sino también de la profunda traición que supone descubrir que quien debía cuidar fue precisamente quien abusó de esa confianza.

Esa experiencia tiene consecuencias particulares. La violencia ocurre dentro de relaciones que debían proporcionar seguridad. Las víctimas, especialmente cuando son niños, niñas o adolescentes, pueden encontrarse atrapadas entre el afecto, el miedo, la dependencia y la dificultad de comprender o denunciar lo que sucede. Con frecuencia, quienes abusan se benefician precisamente de su posición de autoridad y de la confianza que otros depositan en ellos.

La ruptura de esa confianza puede extenderse mucho más allá de la relación con el agresor. Puede afectar la manera de vincularse con otras personas, con las instituciones y con el mundo. Parte del proceso de reparación consiste, justamente, en recuperar la posibilidad de confiar, de sentirse protegido y de ejercer cierto control sobre la propia vida. Por eso resulta tan inquietante que el Estado, cuya responsabilidad es proteger y garantizar derechos, adopte decisiones que pueden afectar profundamente a estas personas sin otorgarles un lugar central.

No se trata de equiparar las decisiones de un ministro con la violencia sexual cometida por un agresor. Se trata de reconocer una dimensión relacional que demasiadas veces ignoramos: cuando una persona o institución investida de autoridad falla en su responsabilidad de proteger, puede reactivar experiencias de desprotección, impotencia y traición. La literatura sobre trauma ha descrito esta experiencia de doble herida como traición institucional.

Y esa posibilidad no desaparece porque quienes sufrieron los delitos sean hoy personas adultas. La mayoría de edad no pone fecha de término al impacto de la violencia sexual vivida durante la infancia. Tampoco significa que las decisiones sobre quienes cometieron esos delitos hayan dejado de importarles. La revictimización no consiste únicamente en obligar a una persona a repetir su testimonio o someterla a interrogatorios insensibles. También puede producirse cuando las instituciones toman decisiones que afectan su seguridad, desconocen sus experiencias o les transmiten, mediante sus actuaciones, que sus vidas y sus derechos son secundarios frente a otras consideraciones.

En este caso, el Gobierno ha justificado las rebajas de condenas recurriendo a una interpretación de la legislación y de la jurisprudencia de la Corte Suprema. Pero las 56 rebajas fueron concedidas por vía administrativa, sin que mediara una orden judicial individual que obligara a otorgarlas. Existen, además, fallos que respaldan interpretaciones diferentes de la normativa vigente desde 2022.

No parece suficiente, entonces, presentar lo ocurrido simplemente como un error, ni sostener que el Ejecutivo carecía de alternativas. Las autoridades tomaron decisiones y deben responder por ellas. La posterior suspensión de nuevas rebajas y el anuncio de modificaciones legales no sustituyen la obligación de explicar qué ocurrió, por qué ocurrió y cómo se consideraron los derechos de las víctimas.

Un Gobierno que ha hecho de la seguridad y la firmeza frente a la delincuencia elementos centrales de su discurso tiene una responsabilidad particular de explicar la distancia entre esas promesas y sus actuaciones. Pero el problema más profundo no es la contradicción discursiva. Es que, una vez más, el debate parece organizarse alrededor de quienes ejercen el poder y no de quienes sufren las consecuencias de sus decisiones.

Por supuesto, los derechos de las personas condenadas deben ser respetados. Un Estado de derecho no puede desconocerlos, incluso frente a los delitos más graves. Pero reconocer esos derechos no exige invisibilizar a las víctimas ni excluirlas de las decisiones que afectan sus vidas. La protección de unos derechos no debiera construirse sobre el silencio de otros.

Tampoco se trata de asumir que todos los sobrevivientes necesitan lo mismo. Algunos pueden encontrar en el cumplimiento de una condena un elemento fundamental de reconocimiento y seguridad. Otros pueden haber construido procesos de reparación donde el encarcelamiento ocupa un lugar diferente. Precisamente por eso es indispensable escucharlos, reconocer sus distintas experiencias y evitar hablar por ellos.

La participación de los sobrevivientes no puede reducirse a invitarlos a expresar su dolor una vez que las decisiones ya fueron tomadas. Implica informarles oportunamente, considerar sus necesidades de seguridad, garantizar acompañamiento cuando corresponda y crear condiciones para que puedan ejercer su voz sin verse obligados nuevamente a exponerse. También significa respetar a quienes prefieran no participar.

Quienes trabajamos con sobrevivientes sabemos que la reparación no es algo que una autoridad pueda decretar. Se construye en relaciones, contextos y experiencias donde las personas recuperan gradualmente confianza, dignidad y capacidad de decisión. El reconocimiento del daño importa, pero importa igualmente que las instituciones actúen de manera coherente con ese reconocimiento. En la discusión de estos días, algunas voces políticas han llamado a escuchar a las víctimas. Es un punto de partida necesario. Pero escuchar no puede convertirse en otra expresión de empatía circunstancial, mientras las decisiones importantes siguen adoptándose sin ellas.

El problema no se resuelve solamente con la eventual renuncia de un ministro, una acusación constitucional o una reforma legal. Esos mecanismos pueden ser necesarios para establecer responsabilidades políticas e institucionales. Pero ninguna de esas respuestas sustituye una pregunta fundamental: ¿cómo podemos hablar de reparación cuando los sobrevivientes siguen sin tener protagonismo en las decisiones que afectan sus propias vidas?

Las personas que sufrieron violencia sexual no necesitan que otros se apropien de sus historias para ganar una disputa política. Necesitan que sus experiencias sean reconocidas, que sus derechos sean respetados y, sobre todo, que sus voces sean escuchadas y tengan consecuencias reales en las decisiones del Estado.

Muchas sobrevivieron a la violencia ejercida por personas que tenían la responsabilidad de cuidarlas y protegerlas. No debieran tener que enfrentar nuevamente la desprotección de instituciones en las que deberían poder confiar. Cuando quienes tienen la responsabilidad de proteger vuelven a fallar, no basta con explicar sus decisiones. Deben responder por sus consecuencias ante quienes han sido nuevamente ignorados.