Presupuesto 2027 ¿Cuántos trabajadores necesita la educación pública?

El proyecto de Presupuestos 2027 propone reducir un total de 100.967 horas docentes -equivalente a más de 2.280 profesores jornada completa- y 2.136 asistentes de educación en diversos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). En Los Álamos se retiran 17.115 horas docentes, un 13,16%; en Santiago Centro, 9.418, un 9,94% y en Costa Central 406 asistentes de educación en relación al presupuesto anterior. Esto hay que compararlo con la dotación efectiva. Sin embargo, los datos que hemos contrastado como equipo de investigación muestran con claridad que esta reducción compromete fuertemente el sostenimiento de la Educación Pública. 

El artículo 46 de la Ley 21.040 exige que la dotación se funde en razones técnico-pedagógicas. Debe considerar matrícula, niveles, modalidades, planes de estudio y requerimientos de los Planes de Mejoramiento Educativo y Programas de Integración Escolar.  Pero la misma norma obliga a ajustar el Plan Anual al Presupuesto. Lamentablemente éste usa como criterio único la subvención proyectada por matrícula y asistencia. Es decir, hace irrelevante los otros criterios. El proyecto, además, incluye una amenaza: si un Director Ejecutivo no realiza los ajustes, se iniciará el ‘procedimiento de responsabilidad’ que conduce a su remoción. 

Esto contrasta con la libertad de sostenedores municipales y privados, también financiados por subvención, para organizar el trabajo y sus dotaciones. Recientemente la Alcaldesa de Colina, presentando en el Congreso, mostraba cómo su municipio aporta con importantes recursos adicionales para financiar equipos docentes y asistentes de educación necesarios para sostener el trabajo educativo con sus estudiantes y comunidades. La Ley no permite esto a los SLEP. Por el contrario, deben ajustar y despedir. 

Nuestra investigación muestra que efectivamente los Servicios, en los procesos de traspaso recibieron un desorden dotacional desde los municipios. Sin embargo, no se ha propiciado un estudio dotacional basado en un diseño del trabajo necesario para sostener la educación pública. 

Según datos del Mineduc 2025, el 73,2% de los estudiantes en las escuelas SLEP proviene de entornos socioeconómicos bajo y medio-bajo (vs. 38,4% en escuelas privadas subvencionadas); el 15,4% son estudiantes migrantes (vs. 5,6%); y el 21,8% tiene necesidades educativas especiales (vs. 9%). Es con estos números que los SLEP y sus escuelas hacen su trabajo. A la vez son la dependencia con mayores incrementos en tasas de asistencia, disminución de inasistencia grave, igualando la tasa de permanencia al nivel nacional, registrando mejoras significativas -superiores al resto de dependencias- en puntajes SIMCE, tanto en Matemáticas como en Lectura (Agencia de Calidad de la Educación, 2025; MINEDUC, 2025).

Los límites dotacionales que establece el Presupuesto obligan a ajustes y despidos sin estudios dotacionales que consideren las necesidades técnico-pedagógicas requeridas en los territorios. La pregunta debería ser primero:

¿Cuántos docentes, asistentes y horas requiere cada escuela para desarrollar adecuadamente su proyecto educativo?

Y solo después:

¿Cómo garantiza el Estado los recursos necesarios para financiar esas condiciones?

Cuando hoy el orden se invierte -primero se establece cuánto puede gastarse y luego se adapta la escuela a ese límite-, el presupuesto deja de ser solamente un instrumento para hacer posible la política educativa y comienza a definir sus límites pedagógicos. Así, la política construye la propia crisis de los SLEP. 

En un sistema donde la educación pública compite por matrícula con establecimientos particulares subvencionados, esta asimetría no es neutra. Mientras el sostenedor privado conserva mayor flexibilidad para organizar su dotación, el sostenedor público queda sometido a un techo que no considera las características del trabajo que realiza. 

La discusión no consiste en defender cualquier dotación existente. Se trata de establecer qué define cuántos profesores y asistentes necesita una escuela pública y con qué criterios. Si la respuesta comienza en una planilla presupuestaria y no en el currículum, los proyectos educativos y las necesidades de los estudiantes, entonces el problema no es solo fiscal: es qué lugar estamos asignando a la educación pública dentro del sistema educativo chileno.