Reforestar es una responsabilidad del Estado

Los recientes eventos que han afectado distintos territorios del país, entre ellos los ocurridos  en San Carlos de Apoquindo, vuelven a poner sobre la mesa un cuestionamiento lógico pero  incómodo: ¿cuánto de los riesgos que enfrentamos responde a fenómenos inevitables y  cuánto a la forma en que hemos gestionado nuestro territorio? 

Los proyectos de reforestación y restauración ecológica no evitan por sí solos los problemas  asociados a eventos extremos. Sin embargo, la degradación de los ecosistemas, la erosión  de los suelos y la pérdida de cobertura vegetal pueden agravar sus consecuencias. El  problema no es que desconozcamos esta relación, sino que no se ha hecho lo suficiente para  abordarla. 

Junto a mi colega, Álvaro Escobar, abordamos este desafío en una columna publicada en  Mundo Forestal (n.º 51, marzo de 2026), donde planteamos una alianza público-privada para  gestionar estratégicamente las compensaciones por corta de bosque nativo. La idea es  sencilla: articular los recursos privados que ya se destinan a reforestación con una  planificación pública capaz de priorizar los sitios en donde estas inversiones generen  mayores beneficios ecológicos y sociales. 

Pero el desafío va más allá de las compensaciones. La restauración y la reforestación no  pueden seguir dependiendo exclusivamente de las obligaciones ambientales de los  proyectos de inversión, de la iniciativa de fundaciones o del voluntarismo de quienes plantan  árboles. Sin desmerecer esos esfuerzos, el Estado debe asumir un papel activo, con  planificación, financiamiento y capacidad de ejecución a una escala acorde con la magnitud  del problema. 

Y nada de esto es nuevo. En Chile existen antecedentes históricos de larga data sobre la  preocupación por la erosión y la degradación de los cerros, además de décadas de  conocimiento técnico y experiencia profesional y académica en restauración ecológica y  reforestación. Sabemos cómo intervenir; contamos con profesionales y empresas  capacitadas. Lo que falta es transformar ese conocimiento en una política pública sostenida,  con prioridades territoriales claras y objetivos de largo plazo, sin depender de la “caridad” de  ciertas organizaciones. 

Los proyectos de reforestación deben dejar de ser una suma de iniciativas aisladas para  convertirse en una política de Estado, articulada de manera estratégica con la gestión de  cuencas, la prevención de riesgos y la recuperación del bosque nativo. 

Seguir esperando a que una emergencia nos obligue a actuar es aceptar que el costo de la  inacción lo paguen las personas. Restaurar no es solo plantar árboles: es prevenir y asumir  una responsabilidad que el Estado ya no puede seguir postergando.