Bahía Inglesa: el Estado no puede construir hoy los riesgos costeros del mañana

La decisión del Gobierno de impulsar la venta de terrenos fiscales en Bahía Inglesa para desarrollar proyectos turísticos e inmobiliarios abre una discusión que va mucho más allá del crecimiento económico de la Región de Atacama. El Ministerio de Bienes Nacionales ha anunciado un plan maestro que contempla 420 hectáreas de suelo público, cuya primera etapa considera cerca de 80 hectáreas destinadas a proyectos hoteleros, inmobiliarios y de servicios. La pregunta de fondo es si resulta responsable promover nuevas ocupaciones permanentes en el litoral chileno cuando la evidencia científica y los compromisos internacionales nos advierten que debemos avanzar precisamente en la dirección contraria.

Desde el Centro UC Observatorio de la Costa hemos insistido en que Chile enfrenta una transformación acelerada de sus sistemas costeros. Nuestros estudios muestran que el 86% de las playas analizadas entre Arica y Chiloé presenta procesos de erosión y Bahía Inglesa no es la excepción, a la fecha registra cerca de medio metro de retroceso al año. 

A ello se suman el aumento del nivel del mar, las marejadas y los efectos del cambio climático, que están modificando las condiciones de habitabilidad y seguridad de numerosos asentamientos costeros. La Región de Atacama presenta además escenarios complejos para la urbanización, especialmente para agua potable y donde gran parte de su costa tiene asentamientos irregulares, es decir problemáticas críticas por resolver desde la gestión integrada de la costa y la sostenibilidad para el bienestar humano.

En este escenario, promover nuevos desarrollos inmobiliarios en zonas potencialmente expuestas a estas amenazas contradice las principales recomendaciones internacionales sobre adaptación costera. El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) ha sido enfático en señalar que evitar nuevas construcciones en áreas de riesgo y planificar el retroceso de las ocupaciones constituyen estrategias fundamentales para reducir la exposición futura. La orientación es clara: debemos alejarnos de las zonas amenazadas por el avance del mar, no seguir acercándonos a ellas.

Esta distinción es especialmente importante porque las decisiones sobre el uso del suelo tienen consecuencias que pueden extenderse durante décadas. Una vez que se construyen viviendas, hoteles, caminos y servicios, se generan inversiones, dependencias económicas y expectativas de permanencia que hacen cada vez más difícil modificar la ocupación del territorio. Si las amenazas aumentan, las alternativas de adaptación se vuelven más complejas y costosas, incluyendo obras de protección, intervenciones de emergencia o eventuales procesos de relocalización.

Lo que hoy puede presentarse como una oportunidad de inversión podría convertirse mañana en una obligación de gasto público para proteger infraestructura y actividades que nunca debieron localizarse en áreas de riesgo. En otras palabras, el Estado podría estar creando hoy un problema de adaptación climática que después tendrá que gestionar, con costos que terminarán afectando a toda la sociedad.

El desarrollo turístico de Bahía Inglesa es legítimo y necesario para la economía regional. Sin embargo, no puede impulsarse desconociendo las dinámicas naturales ni comprometiendo su capacidad de adaptación. Antes de promover una nueva ocupación permanente, resulta indispensable contar con evaluaciones integradas de amenazas costeras, proyecciones de cambio climático y análisis de alternativas de localización que permitan determinar dónde es posible desarrollar actividades sin aumentar la exposición de las personas, los ecosistemas y la infraestructura.

El hecho de que un terreno sea fiscal o que su uso esté permitido por un instrumento de planificación territorial no significa, por sí solo, que sea adecuado para construir bajo las condiciones climáticas actuales y futuras. Precisamente porque se trata de patrimonio público, el Estado tiene una responsabilidad mayor de anticipar los riesgos y resguardar el interés de las próximas generaciones.

Además, Chile cuenta desde 2022 con una Ley Marco de Cambio Climático, la Ley N.º 21.455, que incorpora expresamente los principios preventivo y precautorio. Esto significa que las decisiones públicas relacionadas con la gestión climática deben orientarse a evitar los efectos adversos del cambio climático y que la incertidumbre científica no puede utilizarse como argumento para postergar medidas frente a riesgos graves o irreversibles.

Por ello, resulta difícil defender una política territorial que promueva nuevas ocupaciones de largo plazo en sectores costeros potencialmente amenazados sin transparentar previamente cómo se han considerado esos principios, qué alternativas se evaluaron y cuáles podrían ser las consecuencias de esa decisión en las próximas décadas.

Chile necesita una nueva manera de comprender y gestionar su zona costera. No podemos seguir planificando el litoral como si fuera un territorio estático, disponible indefinidamente para la expansión inmobiliaria. Las playas, dunas y otros ecosistemas costeros son sistemas dinámicos, cuya conservación resulta esencial tanto para la biodiversidad como para la protección de las comunidades y el desarrollo sostenible del turismo.

La verdadera oportunidad para Bahía Inglesa no está en cuánto suelo fiscal podemos vender, sino en demostrar que somos capaces de planificar un desarrollo turístico compatible con los límites y las transformaciones de nuestro territorio, especialmente en áreas donde el agua es un factor crítico. 

El Estado debe ser garante de los bienes comunes, considerando lo que perdemos: patrimonio paleontológico, ecosistemas costeros, paisajes singulares que son a su vez fundamento de proyectos turísticos. En tiempos de cambio climático, la responsabilidad del Estado no consiste solamente en promover inversiones, sino también en evitar que las decisiones del presente se conviertan en los desastres y costos de adaptación del futuro.