Sacrificar al ministro

Los ministros no caen solamente para proteger al Presidente. A veces deben caer para pagar por el daño ocasionado.

Por eso la conocida metáfora del fusible resulta insuficiente. El fusible corta la corriente: se reemplaza una pieza para impedir que la crisis llegue más arriba. Pero cuando un gobierno reconoce que produjo un daño, la salida de un ministro puede cumplir otra función: convertirse en el sacrificio mediante el cual el poder demuestra que comprendió su error y está dispuesto a asumir su costo.

La literatura sobre responsabilidad política habla, precisamente, de “responsabilidad sacrificial”. Marcel Hénaff permite comprender su lógica más profunda. Una ofensa pública no produce solo un perjuicio; deteriora una relación de reconocimiento y reclama una respuesta igualmente pública. Pero, como ocurre en la antropología del don, no sirve cualquier ofrenda reparadora. Importan el objeto entregado, su valor, el momento y la ceremonia. La respuesta debe poder ser reconocida como adecuada al daño: si este se juzga grave, el sacrificio no puede ser trivial ni meramente retórico.

Por ello, no toda cabeza salda cualquier deuda. El caso Rabat lo muestra con claridad. Kast reconoció que el Estado les había fallado a las víctimas, pero hasta ahora ha mantenido al ministro de Justicia y removió al subsecretario Luis Silva por quebrar la disciplina comunicacional del Gobierno. Hubo una pérdida institucional, pero vinculada a otra falta. No se respondió por la decisión que originó la crisis, sino por la manera en que esta fue explicada públicamente. Se está pagando una deuda distinta, o con la moneda equivocada.

Ahora bien, la adecuación del sacrificio no depende solo de quién debe dejar el cargo. Depende también de cuándo y cómo lo hace. El caso Caval permite verlo. Sebastián Dávalos terminó renunciando, pero la decisión llegó después de varios días de vacilación y sin que inicialmente existiera una separación presidencial suficientemente clara entre el vínculo familiar y la responsabilidad institucional. La madre podía sufrir y lamentar; la Presidenta debía marcar de inmediato la distancia. No lo hizo y perdió con ello todo su carisma.

Era, a partir de ese momento, una más, pequeña como cualquiera de nosotros. La crisis se prolongó porque una ceremonia sacrificial tardía o ambigua pierde gran parte de su capacidad reparadora.

Bajo esta perspectiva, la acusación constitucional puede leerse como una forma de cobro forzado. Giorgio Jackson renunció cuando se preparaba una acusación constitucional. Andrés Chadwick ya había dejado Interior, pero el Senado lo inhabilitó por cinco años: su renuncia no fue considerada un pago suficiente. Cuando el Ejecutivo no paga, paga tarde o paga mal, el Congreso intenta ejecutar la deuda. Es una suerte de embargo dentro de la economía moral de la responsabilidad política.

Esto no significa que toda renuncia sea justa. También puede entregarse a un inocente, fabricar un chivo expiatorio o desplazar hacia abajo responsabilidades que pertenecen a la cúspide. La exigencia de reciprocidad explica por qué se reclama una respuesta; no determina automáticamente cuál debe ser ella. Para funcionar como reparación, el sacrificio debe guardar relación con el daño, constituir una pérdida real y producirse de una manera públicamente inteligible.

Hasta aquí, la deuda explica por qué se exige un sacrificio. Falta entender por qué algunos presidentes se resisten tanto a realizarlo. La respuesta está en que, pese a lo que sugiere la metáfora, no todos los ministros son fusibles intercambiables.

Jeanette Vega y Mauricio Rojas pudieron ser desconectados rápidamente; Giorgio Jackson y Andrés Chadwick, en cambio, formaban parte del cableado central del poder. No ocupaban únicamente un cargo. Concentraban confianza, historia compartida, información valiosa y cercanía personal. Eran y no eran fusibles.

Ahí surge la paradoja: cuanto más valioso es un colaborador, mayor es el valor sacrificial de su salida; pero, precisamente porque cuesta más desprenderse de él, la decisión suele demorarse. Y al llegar tarde y fallar con ello en el aspecto ceremonial, falla también como reparación. Puede valer más por lo que cuesta pero, al mismo tiempo, menos por llegar tarde. En el sacrificio político importan quién, cuándo y cómo.

Boltanski y Thévenot distinguen una grandeza doméstica, fundada en la confianza, la proximidad y la fidelidad, y una grandeza cívica, orientada por criterios generalizables y el interés común. Ambas contienen bienes legítimos. El problema aparece cuando una prueba cívica –quién debe responder por una decisión pública– se resuelve según criterios domésticos –a quién el gobernante quiere o necesita proteger–. La verdadera prueba, aquella de verdadera grandeza cívica, no consiste en desprenderse del ministro-fusible, sino de aquel que no lo es.

La salida de un colaborador especialmente cercano puede ser entonces algo más que administración de crisis. Puede demostrar que el Presidente es capaz de subordinar una lealtad particular a la responsabilidad del cargo. Precisamente porque el vínculo tiene valor, renunciar a él vuelve significativa la prueba y puede demostrar la grandeza cívica del Mandatario. Es una prueba mayor en política.

Bachelet, Piñera, Boric y ahora Kast han enfrentado, bajo circunstancias distintas, esa prueba y han tendido a reprobarla. Lagos entendió mejor el significado de las instituciones en clave de esta economía moral y qué significa ofrecer un sacrificio adecuado a la opinión pública, al pueblo si se quiere.

Quizá no se trate solamente de debilidades personales. Cuando los partidos y los proyectos colectivos pierden densidad, los círculos íntimos pasan a proporcionar confianza, memoria, orientación y continuidad. La política se sobrecarga afectivamente, y desprenderse de un colaborador cercano se vive casi como amputar una parte del propio Gobierno.

Ahí se cierra la paradoja: el colaborador cercano es el sacrificio más valioso y, por eso mismo, el más difícil de realizar en tiempo y forma. Cuando el poder protege demasiado aquello que más le cuesta perder, la deuda no desaparece: cambia de deudor. Sube por la cadena de mando y terminan cobrándose en desaprobación presidencial, hasta vaciar las arcas de legitimidad.