Traspaso a los SLEP: entre la incertidumbre y los rumores

Llevo más de quince años como profesional de planta en la educación pública y el traspaso a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) lo estamos viviendo a ciegas. No hemos recibido información oficial sobre qué pasará con nosotros ni en qué condiciones trabajaremos. Circulan rumores y con rumores no hay tranquilidad ni seguridad laboral.

Uno de esos rumores es el de la sobredotación: que sobran docentes y asistentes y que vendrán menos horas de apoyo o cursos fusionados. Cierto que el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública escribió en febrero pasado que la sobredotación heredada de los municipios “persiste y a nivel de sistema, se agrava”, y que lo propuesto para 2026 equivale, a nivel agregado, a un 3% menos de docentes y un 5% menos de asistentes, pero nada de eso se nos ha comunicado oficialmente.

En septiembre, el Colegio de Profesores denunció que un oficio de la Dirección de Educación Pública pide fusionar cursos hasta el tope legal de 35 estudiantes por sala y, en lo que me compete, contratar recién en abril a los profesionales que atienden necesidades educativas especiales permanentes. ¿En qué antecedentes se sustentan para tomar una decisión así?

El informe del Consejo también recoge que en los SLEP los estudiantes con necesidades educativas especiales superan los cupos del PIE. Todo lo contrario, hoy atiendo a cerca de 80 estudiantes semanales con prácticamente las mismas horas con que atendía a unos 50 cuando comencé. Si se recortan horas suponiendo que la dotación es excesiva, ¿quién responde por los estudiantes que necesitan apoyos especializados para participar, aprender y avanzar?

A los establecimientos estas decisiones llegan hechas desde un sillón del Ministerio de Educación que no conoce la realidad de cada comunidad. Cada escuela o liceo tiene su contexto, su matrícula y sus necesidades educativas especiales, y un criterio general puede llevar a decisiones que no respondan a ellas. Desde ahí, el Gobierno impulsa en el Senado un proyecto que permitiría postergar, hasta por un año, los traspasos a SLEP ya creados y facilitaría que los municipios se queden con sus escuelas.

Cuesta no leerlo como una manera de frenar la reforma a la educación pública. Es una opción legítima, pero debería ser transparente y decirse con todas sus letras: lo que se está haciendo, asfixiar a la educación pública, es muy criticable.

No desconozco que hay que revisar, organizar y optimizar los recursos públicos, pero con información objetiva y criterios transparentes. El mismo Consejo citado al principio pide hacerlo con criterios educativos, subrayo, educativos, y “de manera planificada, gradual, en diálogo con los gremios”.

La ley garantiza que el traspaso no puede significar pérdida del empleo ni rebaja de remuneraciones; lo que no se nos ha explicado es qué viene con los ajustes que se están haciendo en el proyecto de Presupuesto 2027, y la incertidumbre crece cuando no existen instancias claras de diálogo. También es responsabilidad de las nuevas autoridades de los SLEP, incapaces de comunicar adecuadamente qué están planificando para el futuro en los lugares en los cuales habrá transición.

No me opongo al cambio, pero exijo que se haga con responsabilidad, transparencia y respeto por las personas y las comunidades educativas. Antes de hablar de sobredotación, de recortar horas o de fusionar cursos, hay que escuchar a quienes conocen los establecimientos desde dentro. La incertidumbre no puede convertirse en la principal fuente de información para quienes formamos parte del sistema. Necesitamos certezas, explicaciones y canales formales de comunicación.

Un cambio de esta magnitud debe hacerse integralmente y ocuparse de cómo se organiza la educación pública y también de cómo se resguardan la continuidad de los apoyos, la calidad de los procesos educativos y la dignidad de quienes los sostienen cada día.