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¿Cuánto vale un Ministro?: el caso Rabat o el error de leer mal una crisis Opinión

¿Cuánto vale un Ministro?: el caso Rabat o el error de leer mal una crisis

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Luis Ruz Olivares
Por : Luis Ruz Olivares Cientista Político Pdte. Centro Democracia y Comunidad
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La pregunta ya no es cuánto dura el ministro Rabat. Es cuánto capital el presidente está dispuesto a quemar para sostenerlo. Y, sobre todo, qué le quedará después para gobernar.


El caso Rabat dejó de ser un episodio. Hoy es un momento político. Y los momentos políticos, a diferencia de los episodios, dejan marca. El Gobierno intentó ganar con un argumento jurídico una discusión que tiene otra connotación.

Las cifras hablan solas. Según Cadem, el 77% desaprueba la gestión del ministro, y quienes rechazan que siga en el cargo pasaron de 64% a 70%. Pero los números son solo la evidencia de un problema mayor: un gobierno que no supo leer qué tipo de crisis tenía frente a sus ojos.

Los efectos sobre el gobierno son concretos. Primero, la erosión de la aprobación, que ha sido rápida, sostenida y concentrada en el flanco que creía más firme. Segundo, la captura de la agenda. Un gobierno que se presentó como de emergencia económica lleva dos semanas hablando de decretos de rebaja de condena. Tercero, la amenaza de una acusación constitucional. La oposición, gane o pierda, mantendrá el caso en la palestra durante semanas. Cuarto, la fractura del oficialismo. La crisis desnudó la distancia entre Republicanos y Chile Vamos. Si la acusación prospera, se leerá como un examen sobre el liderazgo de Kast en su propio sector.

El gobierno olvidó que la política no se juega solamente en la lectura judicial de un expediente. Se juega en cómo se enfrentan determinadas decisiones y el relato respectivo. Y este relato quedó fijado en una imagen difícil de borrar: el gobierno de la seguridad rebajó penas a abusadores de niños. El ministro habló de doctrina, pero política y humanamente, el argumento es devastador. Para agravar más la situación, al listado de favorecidos se sumaron condenados por violaciones a los Derechos Humanos de la dictadura y por extorsión vinculados al tren de Aragua.

En consecuencia, no estamos ante una mera falla administrativa o de interpretación jurídica. Estamos ante un error que denota una falta enorme de oficio, de criterio y de conocer cómo funciona la política.

En 1963, el politólogo estadounidense Donald Stokes, uno de los pioneros del estudio empírico del comportamiento político, propuso una distinción que sigue plenamente vigente. Explicó que en la política se debe distinguir entre temas de posición y temas de valor, también llamados de consenso.

En los temas de posición, la sociedad se divide en distintas opiniones: aborto sí o aborto no; más Estado o más mercado. Ahí los argumentos importan, porque hay a quién convencer.

En los temas de valor, en cambio, todos quieren lo mismo: menos corrupción, más crecimiento, menos delincuencia. Nadie discute el fin. El ciudadano solo se pregunta quién es más capaz de lograrlo.

Y aquí está el error del Gobierno: trató un tema de valor como si fuera uno de posición. Nadie está a favor de beneficiar a quien abusó de un niño. No existe un “otro lado” al que persuadir. Por eso, frente a un tema así, la explicación técnica no calma, solo irrita.

¿Cómo salir de esta crisis? La literatura sobre crisis de gobierno muestra que una salida a tiempo puede frenar la erosión del Ejecutivo. El presidente Kast hizo lo contrario. El lunes 26 de octubre asumió el error, reconoció que el Estado les había fallado a las víctimas y, en el mismo acto, ratificó al ministro. Su argumento: una remoción calma la presión por unos días, pero no resuelve el fondo. El argumento tiene lógica. Pero también tiene un costo. Cuando el presidente se para delante de su ministro, los golpes los recibe él.

La paradoja es evidente. Reconoció el error y protegió al responsable. Esa disonancia es la que la ciudadanía no perdona. Frente a este hecho, el presidente Kast decidió gastar capital propio en una causa que la gran mayoría del país considera indefendible porque está de por medio la protección infantil.

El gobierno haría bien en recordar que, en los sistemas presidenciales, los ministros cumplen una función clara: son fusibles. Cuando la corriente sube demasiado, se queman para que no se queme el presidente.

El líder republicano ganó prometiendo orden, cárcel efectiva y cero concesiones a la delincuencia. Por eso esta crisis duele más que otras. No es un flanco lateral. Es un golpe en el corazón de su relato. En seguridad, Kast no compite contra la oposición: compite contra su propia promesa.

Tal como lo explicó el académico de Harvard y estudioso del poder presidencial, Richard Neustadt, y asesor de los presidentes Harry S. Truman, John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson: el poder presidencial es, ante todo, el poder de persuadir. Y ese poder se gasta.

Llevamos casi dos semanas de esta crisis y contando. Y la salida del Subsecretario Silva sólo la reafirma. La pregunta ya no es cuánto dura el ministro Rabat. Es cuánto capital el presidente está dispuesto a quemar para sostenerlo. Y, sobre todo, qué le quedará después para gobernar.

 

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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